La pretendida “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa del ex procurador de la República Jesús Murillo Karam que según él cerraba prácticamente el mismo fue hecha añicos. La tristemente célebre “verdad histórica” del gobierno de peña Nieto resultó ser una “mentira histórica”.
(Manuel Aguilar Mora – Correspondencia de prensa) México – Las conclusiones del GIEI no son sorprendentes. Desde noviembre pasado muchas investigaciones, destacando las que aparecieron desde octubre mismo en la revista Proceso, habían señalado las innumerables incongruencias, omisiones e inconsistencias de las argumentaciones expuestas por Murillo en sus explicaciones de lo que llamó la “verdad histórica”. Por ejemplo, la inverosímil teoría de la incineración en un predio selvático en una noche lluviosa de 43 cadáveres cuya pira debería haber producido una columna de humo de decenas de metros que nunca se vio en los alrededores y que para mantenerla se hubieran necesitado enormes cantidades de llantas y materiales inflamables que los albañiles, que resultaron ser los supuestos ejecutantes y cuyas “confesiones” fueron arrancadas con las torturas de la policía, jamás hubieran podido conseguir con sus exiguos recursos. El experto peruano que el GIEI llevó al tiradero de Cocula consideró que en el lugar no había señales de la supuesta gigantesca pira que para incinerar 43 cadáveres se hubieran necesitado, ni rastros de una hoguera de diez o más horas que seguramente hubiera dejado marcas en el predio cuyos alrededores necesariamente se habrían incendiado.
Igualmente señaló la presencia de un quinto camión ocupado por los estudiantes y ferozmente atacado por sus agresores cuya presencia señalada por testimonios ministeriales fue por completo soslayada en el informe de Murillo. En dicho camión podría estar cierta explicación de la ferocidad que se desató contra los estudiantes pues se considera que el mismo era portador de droga con destino a Chicago.
El informe del GIEI de casi 500 páginas está lleno de observaciones, puntualizaciones y recomendaciones que los expertos independientes hacen para que el gobierno mexicano reexamine nuevamente sus conclusiones, de hecho propone una nueva investigación sin afirmar claramente su rechazo a la investigación de la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR). Pero ha bastado lo anterior para producir el estallido de una bomba mediática que ha obligado al gobierno a reconocer la necesidad de seguir investigando y a aceptar una nueva entrevista de los familiares y sus abogados con Peña Nieto el próximo 23 de septiembre.
El caso de Ayotzinapa ha sido la punta del témpano. La cuestión de los desaparecidos en México es ya una problemática latinoamericana. Hoy el caso de los normalistas trasciende, pues en México hay miles de desaparecidos desde hace más de una década y no se había levantado un movimiento de la magnitud que hoy apreciamos. Esto lo han reconocido las organizaciones de los derechos humanos latinoamericanas. La solidaridad que se ha desplegado con motivo de los acontecimientos de la noche de Iguala hoy se ha convertido en una poderosa presión internacional que el gobierno mexicano no puede soslayar tan fácilmente. Decenas de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos han solicitado a Peña Nieto que cumpla con las recomendaciones de la GIEI. Se han expresado en tal sentido las Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales, ambos de Argentina; Oficina en Washington en Asuntos Latinoamericanos (WOLA); la Comisión de Paz y Justicia y la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, ambas de Colombia; la Asociación pro Derechos Humanos de Perú; el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela; la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador; la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay; el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy de Estados Unidos y otras organizaciones parecidas de Bolivia, Costa Rica, Brasil, Honduras, Guatemala, Nicaragua y por supuesto México.
