La reciente ley promulgada por el gobierno del Distrito Federal (D.F) de protección a periodistas es un avance pero no la panacea. Así lo explica Sandra Patarago, miembro de la organización por la protección de la libertad de expresión, Artículo 19, quien define la iniciativa como “un papel hasta que se demuestro lo contrario”.

El multihomicidio en la colonia Narvarte donde fueron asesinadas cinco personas de una manera brutal el pasado 31 de julio, entre ellas el fotoperiodista Rubén Espinosa, ha sido un antes y un después para la comunidad periodística en México, quien había visto la capital como un refugio seguro ante las amenazas por su labor. La nueva ley se basa en el actual mecanismo federal de protección para periodistas amenazados, pero con aspectos mejorados.
Desde Artículo 19 (A19) ven positivo e integral, por ejemplo, que se contemplen medidas sociales como apoyo a hospedaje en el D.F o ayuda a la familia del periodista. Además, la nueva ley va a permitir una desconcentración de poderes en el mecanismo, que pasan por la obtención de un patrimonio propio, una jurisdicción técnica y de gestión, más una personalidad jurídica propia.
Para el director de A19, Darío Ramírez, la ley no va a tener mucho sentido si siguen los casos impunes de agresiones a periodistas.
Hay que remarcar, que esta ley está destinada para periodistas en riesgo que estén en el Distrito Federal. Es decir, si un periodista amenazado se encuentra en un estado y quiere salir de él por amenazas, deberá recurrir al mecanismo federal. Este protocolo que se aprobó bajo el sexenio de Felipe Calderón, ha sido criticado por A19 por sus medidas inapropiadas y porque a veces sus reacciones no están adaptadas a las urgencias que se dan en estos casos.
Fuente: Desinformémonos