La situación que las radios comunitarias están viviendo actualmente en México pone en evidencia que el Estado no cumple con sus obligaciones de respetar, proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en el país.

Los cierres de radios comunitarias con el apoyo de más de 100 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), y la interposición de denuncias penales por parte de la Secretaría de Gobernación (SG), constituyen el inicio de una política aún más represiva por parte del gobierno mexicano en contra de las emisoras comunitarias. Tenemos por lo menos conocimiento de tres casos de radios comunitarias que han sido cerradas aplicando un uso desmedido de la fuerza pública, entre junio del año pasado y lo que va de este año. Ellas son la radio Ñomndaa, la palabra del agua, en la comunidad de Xochistlahuaca, Guerrero; la emisora Tierra y Libertad, en Monterrey, y en enero de este año la radio purépecha Uékakua en Michoacán.
La voluntad del Estado por evitar que radios comunitarias como Tierra y Libertad ejerzan su derecho a la libertad de expresión se demuestra con la conducta omisa y discrecional que las autoridades han asumido respecto de la solicitud de permiso que las radios han hecho. Cabe recordar lo que han establecido organismos internacionales de derechos humanos en este sentido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que los estados deben abstenerse de emplear medios indirectos, como dar trámites a causas penales, para coartar el derecho a la libertad de expresión. Asimismo, están obligados a emplear medios razonables, proporcionales y necesarios para analizar la legalidad en el ejercicio de esta prerrogativa ciudadana.
En la actualidad, el Estado mexicano no sólo no ha cumplido con estas recomendaciones, sino que ha endurecido sus políticas, criminalizando a las comunidades que intentan ejercer su derecho a la libertad de expresión al usar el medio que resulta más accesible para la gente hasta ahora: la radio.