En México, donde hay 34 millones de personas que dependen para el abasto de agua de acuíferos en camino a la extinción, hay inequidad en la distribución del recurso e impunidad hídrica, y las concesiones mineras –que cubren casi la mitad del territorio nacional– dejan acuíferos y cuerpos de agua contaminados, por lo que se requiere un nuevo modelo de gestión del líquido.
Esto es parte del diagnóstico que dieron a conocer investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y otras instituciones académicas en la presentación de la iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas, misma que requiere de 130 mil firmas para entregarse en la Cámara de Diputados y cuya campaña de recolección comenzó el lunes.
La atención gubernamental al agua se refleja en que apenas se le destina uno por ciento del presupuesto federal y de éste una cuarta parte se va al centro del país, detalló Elena Burns, del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa.
En el documento Agua para todos, agua para la vida, editado por la UAM, se resume la iniciativa ciudadana, en la que participaron decenas de personas y académicos, así como 49 organizaciones de 27 estados del país. La Ley General de Aguas debía promulgarse en febrero pasado, luego de que en 2012 en la Constitución se estableció el derecho humano al agua.
El documento incluye un mapa del territorio nacional donde se observa que las concesiones mineras abarcan amplias áreas del centro y norte. En total suman 96 millones de hectáreas, y el primer daño ambiental que ocasiona esa actividad es contaminar aguas superficiales y profundas, aseveró Pablo Moctezuma, académico de la UAM.
Se requiere cambiar el modelo de extracción y manejo del recurso por uno que priorice los ecosistemas y la soberanía alimentaria, y que garantice agua para todos, señala la iniciativa ciudadana.
Fuente: Angélica Enciso L. – La Jornada
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