“Desde finales de los años 90, cuando fundamos con otras mujeres la primera ONG en el mundo en defensa de las víctimas de feminicidio, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, son constantes las condiciones de peligro en que vivimos. Además, en los últimos cinco años, el nivel de violencia se ha triplicado de manera dramática”. Ha pasado más de un año desde que Marisela fue amenazada. Hoy vive como refugiada política en EEUU, aislada de su familia y en el anonimato por razones de seguridad.
(Emanuela Borzacchiello – Diagonal) México – Durante los años de la presidencia de George W. Bush en EEUU y Felipe Calderón (2006-2011), se puso en marcha el Plan México: un programa de 400 millones de dólares invertidos en la lucha contra el narcotráfico. Al igual que su antecedente, el Plan Colombia, la iniciativa destinada a México tuvo como objetivo prioritario la militarización del territorio. Oficialmente, una parte del Plan México tenía que destinar un porcentaje a las instituciones que trabajan en defensa de los derechos humanos en el estado de Chihua¬hua. En la realidad, nunca se asignaron esos recursos. En el mismo agujero desaparecieron los fondos que tendrían que invertirse en el desarrollo económico, la mejora de las instalaciones públicas y la prevención de la drogadicción.
En consecuencia, se produjo la militarización extrema del estado de Chihuahua, donde el índice de violencia ha aumentado un 200%. Lo que significa que, en la vida diaria, la población tuvo que aprender a lidiar entre tensiones y peligros, y seguir ampliando o estrechando los límites de su libertad personal. Para Marisela: “Cuando se decide luchar contra la violencia, en especial contra el feminicidio, se trabaja antes que nada en contra de la impunidad que se genera cuando es el mismo Estado el que no garantiza el cumplimiento y la observación de las leyes”.
En cuanto al papel del Ejército y de la Policía en el tráfico de drogas, el periodista canadiense Bruce Levesey, durante años, ha realizado investigaciones de las que emergen elementos claros para analizar hechos claves y entender causas y efectos. Partimos del Plan Mérida: operación conjunta entre México y EEUU en 2008. Según Levesey: “El problema fue que en la guerra entre los dos cárteles, el de Juárez y el de Sinaloa, una parte de los militares entró en el campo de batalla para apoyar al cártel de Sinaloa, por lo que éste ganó mayor fuerza para controlar una zona que históricamente había estado dominada por los cárteles de Juárez”.
Una de las primeras periodistas mexicanas que destacaron la relación entre los cárteles de la droga y la política es Alma Guillermoprieto. Sus investigaciones dibujan la zona geográfica que ocupan los cárteles con la intención de precisar los datos sobre el sistema de control del territorio que opera para la distribución de la droga. Se trata de un control a “manchas de leopardo”, es decir, que consiste en ir alternando los territorios controlados directamente por los narcotraficantes y las grandes áreas de influencia. De este modo, los narcotraficantes logran estar presentes en los 32 estados de la República Federal Mexicana.

Contra la impunidad
Los escenarios cambian en un entramado social poroso, que genera una tensión capaz de provocar estallidos en las superficies. Antes, las mujeres asesinadas o desaparecidas eran sobre todo obreras de la industria textil, las maquiladoras. Hoy, la violencia es cada vez más generalizada: puede desaparecer una obrera, así como una estudiante, una mujer que vive en los suburbios o una juarense de clase alta. Aumentan los casos de participantes de ONG amenazadas, periodistas torturadas, mujeres que en su vida diaria han decidido luchar contra la impunidad, y que, de repente, desaparecieron. En contra de la desaparición de cuerpos y la descomposición del tejido social, las mujeres responden visibilizando la violencia.
En este sentido, una herramienta de lucha política importante son los datos. No es necesario llegar a la forma extrema de matar para deshacerse de cuerpos, sino que basta con que un Estado no actualice las estadísticas sobre el feminicidio. Los datos no sólo describen el fenómeno de la violencia, sino que también permiten analizar y comprender las herramientas necesarias para desactivar el mecanismo. Quien quiera investigar con respecto a la violencia, no ha de ir a archivos gubernamentales, sino mirar entre las informaciones recogidas por periodistas, ONG y asociaciones civiles. Las mujeres trabajan en varios frentes transformando la profanación de cuerpos en una acción positiva para toda la comunidad: desde la protección de las víctimas a la acción legal.
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