Hasta el domingo por la noche 104 personas habían pasado a disposición judicial en toda Catalunya. 76 han quedado en libertad con medidas cautelares y el resto han ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza por delitos —según los casos— de desórdenes públicos, atentado contra agentes de la autoridad, resistencia, desobediencia, daños, lesiones y manifestación ilícita.

(David Bou – El Salto) Catalunya – La inmensa mayoría tienen edades comprendidas entre los 18 y los 25 años ya pesar de haber sido detenidas en las cuatro capitales del país son de orígenes y procedencias diversas, principalmente de municipios más pequeños.

Desde que el lunes 14 de octubre se dio a conocer la sentencia del Tribunal Supremo que condena a entre 9 y 13 años de prisión Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, Catalunya ha vivido una semana de protestas ininterrumpidas que han dejado cifras altísimas de personas detenidas y heridas por la acción de los Mossos d’Esquadra y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP).

Según los datos facilitados por el ministro del Interior del gobierno en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha habido 194 detenciones desde el lunes en toda Catalunya en relación con las movilizaciones, 154 de las cuales han sido practicadas por los Mossos, 32 por CNP y 8 por la Guardia Urbana de Barcelona. A su vez, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) informaba el domingo por la noche de que 104 de ellas ya han pasado a disposición judicial, acordándose la prisión provisional, comunicada y sin fianza para 28, y la libertad con medidas cautelares para el resto. Estas medidas varían según los casos, contemplando desde la prohibición de participar en protestas hasta el veto de acercarse a menos de un kilómetro y medio, pasando por la retirada de pasaporte o por tener que personarse en los juzgados cada quince días.

A dos personas detenidas en Lleida, incluidas dentro de las 76 personas que han quedado en libertad con medidas cautelares, se les ha abierto un expediente de internamiento con orden de expulsión en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona, mientras que a un tercer ciudadano estadounidense —extracomunitario— también se le ha iniciado un proceso de expulsión a pesar de que dispone de permiso de residencia permanente de un familiar comunitario.

Por otra parte, es importante aclarar que el centenar de personas más que han sido detenidas estos días pero no han sido puestas a disposición judicial, han quedado en libertad con cargos y sin medidas cautelares a la espera de ser citadas a declarar. Sus detenciones habrían quedado sin efecto en comisaría, donde un agente de policía ejerce funciones de instructor y valora la gravedad de los hechos que se les atribuye —en función del atestado policial redactado posteriormente a su detención— y decide dejar en libertad a la espera de comparecer o llevarlos automáticamente ante el juez.

El abogado Eduardo Cáliz, de la organización antirrepresiva de la izquierda independentista Alerta Solidaria, cree que en estos casos la prisión provisional no está justificada con ninguna finalidad de las que legalmente están previstas. “Fiscalía está pidiendo prisión para todos los detenidos con una finalidad de escarnio público para atemorizar a la población y que no continúen expresando su malestar con la situación política”, remacha con rotundidad.

También considera que los jueces están siguiendo directrices de la fiscalía y esto “conlleva una vulneración flagrante al derecho a la libertad y el derecho a manifestación y puede acarrear consecuencias nefastas para todas las personas jóvenes que están en la cárcel y que muy probablemente cuando lleguen a juicio serán absueltas”.

Finalmente, apunta que las medidas pueden suponer “un efecto bumerán y aumentar la indignación popular, al tiempo que suponen un alejamiento hacia la administración de justicia”.

Mancha de aceite en todo el territorio

De las 28 personas encarceladas, 16 fueron detenidas en la ciudad de Barcelona, ​​cinco en Lleida, cinco en Girona y dos en Tarragona. Alerta Solidaria, que coordina y asume la defensa de buena parte de ellas, denuncia la manipulación en los atestados policiales que les han llevado a prisión y afirma que “presentan pruebas exactamente iguales para diferentes personas encarceladas”. La inmensa mayoría tienen edades comprendidas entre los 18 y los 25 años y, a pesar de ser detenidas en las cuatro capitales del país, tienen orígenes y procedencias diversas, mayoritariamente de municipios más pequeños.

Este es el caso de Laura Solé y Joan Tortosa, dos jóvenes de 25 y 22 años, respectivamente, que fueron detenidos por agentes de paisano de la Policía Nacional el jueves por la noche en Tarragona. La juez de guardia ordenó su ingreso en prisión el sábado y actualmente se encuentran en prisión de Mas d’Enric, el mismo centro del Catllar donde está tomada la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, condenada a once años y medio de prisión por sedición, y un tercer manifestante tarraconense detenido en Barcelona. Su encarcelamiento ha conmocionado a los pueblos de La Secuita (Tarragona) y el Pont d’Armentera (Alt Camp), de donde son hija e hijo, y en estos momentos ya se han celebrado dos concentraciones ante la prisión para exigir su liberación.

Una de las abogadas que las asiste, Montse Aumatell, explica que en los atestados policiales se las acusa de mover contenedores o llevar piedras, pero asegura que no hay constancia de que “acabaran ninguna de estas acciones y incurran en un delito, ya que afirman no saber que pasó después y no son capaces de individualizar conductas, tal como se requiere en el derecho penal”. La letrada anuncia que presentará un recurso de reforma al auto de ingreso en prisión y si este es denegado, apelará a la Audiencia de Tarragona.

Aumatell confirma que los dos jóvenes han recuperado una cierta tranquilidad una vez ingresados en el centro penitenciario, donde a diferencia de su paso por las manos del CNP, están recibiendo un trato respetuoso: “Aparte de la violencia que sufrieron durante la detención, nos han explicado que en comisaría se burlaron de ellos, recibieron empujones y los hicieron escuchar el himno español desde un radiocasete”.

En comarcas de Girona son cinco los jóvenes que han sido privados de libertad, todos ellos en estos momentos están en el centro penitenciario de Puig de les Basses (Figueres), donde también se encuentra Dolors Bassa, ex consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias condenada a doce años de prisión y de inhabilitación por los delitos de sedición y malversación.