El gobierno de Donald Trump lanzó oficialmente este martes una guerra contra los 11 millones de inmigrantes indocumentados –la mayoría mexicanos– en Estados Unidos, al emitir una serie de medidas de su nueva política que criminaliza y sujeta a la detención y deportación a cualquier indocumentado que haya violado la ley, aun con una infracción menor, mientras ordena iniciar el proceso para construir un muro a lo largo de la frontera con México.

(David Brooks – La Jornada) EEUU – Los detalles de la nueva política –los cuales fueron filtrados el pasado fin de semana y reportados por La Jornada– se hicieron oficiales este martes, con lo cual se anuncia la dramática ampliación de la definición de quién es un extranjero criminal, la contratación de 15 mil agentes más para aplicar las nuevas medidas, la construcción de nuevos centros de detención, la aceleración de los procesos de deportación, y el retorno a México de inmigrantes capturados en la frontera que cruzaron por tierra, sean o no mexicanos.

Las medidas, detalladas en dos memorandos firmados por John Kelly, secretario de Seguridad Interior, ponen en práctica y detallan la implementación de dos órdenes ejecutivas firmadas por Trump el 25 de enero. Este martes el Departamento de Seguridad Interior explicó en un informe sobre la nueva política que bajo esta orden ejecutiva, ICE (la agencia de control de inmigración) no eximirá de la potencial aplicación de la ley a clases o categorías de extranjeros sujetos a la remoción. Todos aquellos hallados en violación de las leyes de inmigración podrían ser sujetos al arresto migratorio, detención y, si se determina que son sujetos a la remoción por orden final, serán removidos desde EEUU.

Con ello, la definición de quiénes son prioridad para las autoridades de migración se amplía, de los que han sido culpados de delitos mayores o representan un peligro a la seguridad pública o nacional, a potencialmente casi todos los que han llegado o han permanecido en el país sin autorización. La definición de criminal es ahora tan amplia que abarca desde los acusados, pero no culpados, de un delito, hasta los que un oficial federal sospeche que hayan cometido algo que podría ser una violación, y entre esas violaciones se incluyen las infracciones menores. Más aún, incluyen a los que han sido acusados de un fraude en un asunto oficial o que han abusado de cualquier programa de servicios o beneficios públicos.

Los dos memorandos, y la política que definen, no consideran y no afectan por ahora de manera directa a los más de 750 mil jóvenes indocumentados protegidos temporalmente por el llamado programa de Acción Diferida (DACA). Sin embargo, por lo menos dos jóvenes amparados por DACA han sido detenidos en las primeras operaciones antimigrantes aprobadas por Trump, y por lo tanto, sigue la desconfianza.

Para aplicar la nueva política –aún no queda claro cómo las nuevas operaciones e iniciativas serán financiadas–, al Departamento de Seguridad Interior se le ordenó iniciar la contratación de 10 mil agentes de inmigración y aduanas y otros 5 mil agentes de la Patrulla Fronteriza, más 500 agentes aéreos y de marina, y ampliar el número de centros de detención (actualmente la red de centros tiene la capacidad de encarcelar a unos 35 mil en total).

A la vez, las instrucciones de la nueva política incluyen un proceso para ampliar y agilizar las deportaciones expeditas. En el gobierno anterior este mecanismo de deportación expedito sólo se aplicaba a aquellos que habían estado en el país menos de 14 días y que se encontraban en la zona fronteriza, pero ahora será aplicable a cualquiera que haya permanecido hasta dos años en cualquier parte del territorio nacional.

Adicionalmente se buscará ampliar un controvertido programa mediante el cual policías locales son autorizados a actuar como agentes de migración en colaboración con las agencias federales. Ese programa, conocido como 287(g), fue semiabandonado durante el gobierno de Barack Obama después de que tanto autoridades estatales como locales lo repudiaron; incluso por ello algunos se declararon santuarios.

En una de las medidas más extremas, disfrazada de acción para prevenir el tráfico de personas y proteger a menores de edad, establece que padres de familia en EEUU que intenten traer de manera ilícita a sus hijos menores podrían ser culpados de un delito grave por facilitar el tráfico de niños extranjeros, por lo cual estarían sujetos no sólo a la deportación, sino a procesos penales.