El presidente de Ecuador, Rafael Correa, decidió no pagar parte de la deuda externa. Organizaciones y movimientos sociales de América Latina expresaron su apoyo a Correa y pidieron a los otros países de la región sigan el ejemplo de Ecuador y realicen una auditoria de su deuda externa
(Adital/Jubileo Sur) Ecuador – "Buscaremos sancionar a los culpables y no pagar la deuda ilegítima”, afirmó Correa al recibir, el 20 de noviembre, el Informe de la Comisión Ecuatoriana de Auditoria de la Deuda. 
No menos contundente, el público presente estalló una y otra vez al grito de "¡No debemos nada, la deuda está pagada!" y "¡Cárcel a los traidores!", mientras el presidente anunciaba las primeras medidas de seguimiento.  Entre ellas, la instrucción para que se inicie ante tribunales ecuatorianos las causas pertinentes y el comienzo en la Cámara Internacional de Comercio en París, de un proceso arbitral contra el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, el BNDES, a raíz de los créditos que fueron otorgados a la empresa brasileña Odebrecht para la construcción de una represa hidroeléctrica cuyo funcionamiento tuvo que ser suspendido en junio, luego de menos de un año de operaciones, por graves falencias estructurales.
La expectativa en torno al seguimiento de esta primera auditoria integral oficial de deuda pública venía creciendo desde que el gobierno anunció su decisión de no pagar $30 millones en intereses sobre los bonos Global 2012 que vencían el 15 de noviembre, a la espera del informe de las investigaciones iniciadas en julio de 2007 a fin de determinar la legitimidad y legalidad de los reclamos de deuda externa e interna acumulados entre 1976 y 2006.
Durante la presentación del Informe de la Comisión de Auditoria Integral (CAIC) Correa dijo: "El análisis es concluyente. La emisión de bonos Globales 2003 y 2012 presenta graves presunciones de ilegalidad, en la oferta de canje, en la contratación de los agentes financieros. Se firmaron contratos sin autorización presidencial y la oferta se firmó alterando las fechas de documento."  Los gráficos de la presentación mostraron con claridad como cada canje o renegociación, "cínicamente llamados programas de desendeudamiento", resultaron en aumentos del volumen total de la deuda reclamada. Por ende, el mismo presidente aseguró que ya obraron en manos del procurador y del fiscal de la República copias del Informe de Auditoria, a fin de poder avanzar en la judicialización y sanciones correspondientes de estas y muchas otras presunciones de ilegalidad. "El costo debe ser trasladado en partes iguales a los responsables de adquirirla (deuda ilegítima) – aseguró el mandatario – tanto quienes la prestaron como quienes la contrajeron."
"Entre 1976 y 2006 – señaló Correa -, el proceso de endeudamiento del Ecuador benefició al sector financiero y empresas transnacionales y afectó visiblemente los intereses de la Nación. Los condicionamientos impuestos y los pagos erogados limitaron derechos fundamentales de personas y de pueblos, profundizando la pobreza, aumentando la migración y deteriorando las condiciones ambientales…". 
El Grupo Nacional de Deuda (GND), que en Ecuador articula un conjunto importante de organizaciones y redes sociales, pueblos indígenas, sindicatos y grupos religiosos, se pronunció inmediatamente señalando que compartía con el Presidente la tesis de priorizar el pago de la deuda social por sobre el pago de cualquier deuda financiera."La Auditoria muestra que el modelo neoliberal de endeudamiento arrasó con nuestra soberanía, destruyendo también la institucionalidad y el sentido de lo público – afirmó el GND –  Son estratégicas, en ese sentido, las políticas nacionales y regionales ya en marcha para recuperar soberanía, ampliarla, y fundar en ella otra arquitectura financiera, al servicio del buen vivir…"