El paro nacional que desde hace varios días paraliza provincias clave del Ecuador —entre ellas Imbabura, Cotopaxi, Pichincha y Chimborazo— tuvo este 30 de septiembre uno de sus momentos más tensos en la localidad de San Rafael, cantón Otavalo, provincia de Imbabura. Allí, comunidades indígenas rodearon y obligaron a retroceder un convoy militar que incluía una tanqueta blindada.

El hecho, captado en video por la periodista Gabriela Ruiz, se transformó en símbolo de resistencia y autodeterminación en medio de una crisis política y social que no encuentra cauces de diálogo.

El trasfondo inmediato de la movilización estuvo marcado por la muerte de Efraín Fuérez, comunero indígena de Cotopaxi, asesinado durante la represión de las fuerzas estatales en días previos. En imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo militares patean a un herido en el suelo e intentan llevárselo, mientras un hombre que estaba con el protege a fuerza de recibir golpes para que los militares no se lleven al herido.

Según Ruiz, lo ocurrido con Fuérez “no solo golpeó a una familia, sino que estremeció a todo un pueblo, porque el Estado dejó de ser una abstracción y se convirtió en agresión directa contra cuerpos con nombre y rostro”. Su asesinato se convirtió así en detonante de la indignación que ahora recorre las provincias andinas.

Expulsión del convoy en San Rafael

En Otavalo, decenas de comuneros se enfrentaron a la presencia militar de manera pacífica pero firme. Coreando consignas en español y quichua —entre ellas “kaparipanchi” (“pacíficamente”)— rodearon a los uniformados y caminaron junto a ellos hasta obligarlos a retirarse.

La escena, transmitida muestra a hombres y mujeres sin armas imponiéndose al convoy. Para la periodista que realizaba la transmisión: “la comunidad ejerce su derecho a decir ya basta y que su forma de legislar en ese momento es pacífica pero firme: la orden de la asamblea y del territorio se impone sobre la presencia armada del Estado”.

Las consignas dirigidas al presidente Daniel Noboa, como “¡Noboa asesino!”, evidencian la asociación entre la represión y la figura presidencial. La memoria de Fuérez y de anteriores víctimas estuvo presente en cada grito, recordando que detrás de las cifras hay rostros y familias destrozadas.

El gobierno respondió con refuerzos militares y policiales en Imbabura, desplegando tanquetas, helicópteros y retenes. Paralelamente, se denunciaron cortes de internet y hostigamiento contra comunidades movilizadas.

Lejos de abrir canales de negociación, el presidente Noboa endureció su discurso. En actos públicos sostuvo que Ecuador enfrenta “actos de terrorismo disfrazados de protesta” y que conversar con la dirigencia o referentes del paro sería “ir contra la democracia”.

El periodista Richard Macias en su programa Echo Ecuador Noticias advierte que lo sucedido en San Rafael desmiente esa narrativa: “expulsar al convoy no fue un acto de violencia, sino una señal clara de que las comunidades no reconocen como legítima una presencia armada que viola su autonomía. Si el gobierno quiere diálogo real, tendrá que aceptar que existen sistemas normativos propios, otras formas de legislación que se sostienen en la asamblea comunitaria, en la memoria y en la soberanía territorial”

El episodio de Otavalo sintetiza una tensión más profunda: la disputa por el control del territorio. Para los pueblos indígenas, la tierra no es únicamente un recurso económico, sino un espacio vital, cultural y sagrado. Por eso, la presencia militar se percibe como invasión y amenaza. Durante el gobierno de Noboa y con el estado de excepción que existe en varios territorios, donde el gobierno militarizo para garantizar las actividades mineras o extractivistas.

Fuente: Noelia Carrazana – Minka Comunicación