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En marzo, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya ha condenado a Texaco a pagar 700 millones de dólares por la contaminación de la amazonía ecuatoriana.

 
(Soraya Constante – Diagonal) Ecuador – “Se decía que el petróleo era bueno para el dolor de huesos”, recuerda Mercedes Jiménez, que vive encima de lo que fue el pozo de explotación número 20 en Lago Agrio (región amazónica de Ecuador). Mercedes recogía en botellas de agua el petróleo en una de las cuatro piscinas de residuos petrolíferos que tenía a la vista y se lo llevaba a sus amigas para que se aliviasen de la dolencia de huesos. La casa de esta mujer, que llegó a Lago Agrio en 1968, empujada por la sequía que afectó al sur de su país, es la primera parada del Toxic Tour, un recorrido que hace el Frente de Defensa de la Amazonía para mostrar los daños que causó en Ecuador la petrolera estadounidense Texaco entre 1964 y 1990.
El itinerario del Toxic Tour lleva también a las viviendas de los Cofanes, una de las comunidades indígenas donde se instaló el pozo de explotación Dureno 1. Eduardo Chapal, padre de diez hijos y abuelo de 40 nietos, dice que su gente “se muere de cosas que ni los chamanes pueden curar”. Se refiere al cáncer, que ha afectado a unas 2.000 personas en la zona.

Texaco a juicio
El Frente de Defensa de la Amazonía, que representa a unas 30.000 personas, entre indígenas y colonos afectados por Texaco-Chevron, inició una batalla judicial hace 17 años. El juicio se inició en Nueva York, en 1993, y llegó a las cortes ecuatorianas en 2003. Si los tribunales ecuatorianos fallan a favor de los defensores de la Amazonía, la petrolera deberá pagar una multa de 27.300 millones de dólares para recuperar la zona afectada e indemnizar a sus pobladores, que creyeron que el petróleo era bueno para todo.
Texaco-Chevron no se ha quedado cruzada de brazos y ha buscado anular el juicio por todos los medios. En los mismos tribunales ecuatorianos ha presentado siete denuncias comerciales diciendo que la acusación del Frente de Defensa de la Amazonía viola el tratado bilateral de inversión de Estados Unidos y Ecuador. Y fue un paso más allá al llevar el caso a la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya que, a finales de marzo, ordenó que Ecuador pagara 700 millones de dólares. El fallo, sin embargo, fue apelado por las autoridades ecuatorianas.
La batalla legal continúa en estos días y ahora ha aparecido un perito estadounidense, Charles W. Calmbacher, que dice que su firma fue falsificada sobre uno de los informes que se hicieron en Ecuador. Los defensores de la Amazonía tendrán que hacer frente a este nuevo inconveniente, sin descuidar la vigilancia de las demás petroleras que operan actualmente en Ecuador: CNPC y Andes Petroleum (China), Repsol-YPF (España), Agip (Italia) y Petrobras (Brasil), y la misma Petroproducción, la petrolera estatal que heredó las infraestructuras de Texaco.