Desde el día 12 hasta el 15 de Agosto se juntaron en Barrancabermeja (Santander) entre 20.000 y 30.000 delegados y representantes de una infinidad de movimientos populares, campesinos, indígenas y afrocolombianos, a discutir la apuesta de los sectores populares ante la agudización del conflicto social y armado. Este encuentro, convocado por iniciativa de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), reviste la mayor importancia y marca un importante punto de inflexión política en el país por varias razones.

(José Antonio Gutiérrez D. – Rebelión) El tema de la solución política al conflicto social y armado vuelve a instalarse en la agenda política del país. Si bien podrá decirse que tal cosa no ha ocurrido aún de manera hegemónica ante la “opinión pública”, sí se ha instalado de manera decidida en el movimiento popular, y de manera creciente en otros sectores sociales, que se han dado cita para discutir soluciones de fondo y de carácter estructural que se encuentran en la base del conflicto.
La vía militar como solución única se ha ido agotando, por una parte, ante la reactivación de la conflictividad social en varias franjas del pueblo, y por otra parte, por una creciente capacidad de respuesta militar de la insurgencia a la enorme presión militar impuesta desde la implementación del Plan Colombia, demostrando una vez más la capacidad de la insurgencia de readecuar tácticas y dar golpes al establecimiento. En definitiva, es cada vez más evidente, desde fines del período de gobierno de Uribe, el límite de una respuesta puramente militar a un conflicto que, ante todo, tienes hondas raíces sociales.
Carácter fundamentalmente agrario del conflicto social y armado
Por más que la oligarquía trate de tender cortinas de humo que desvirtúen la naturaleza del conflicto asociándolo a delincuencia común o formas de neo-bandolerismo, o “narcotizándolo” en el tratamiento mediático, los movimientos populares reafirman el íntimo vínculo existente entre el problema de la “tierra” y del “territorio” con el conflicto, así como la lucha de amplios sectores populares con un determinado modelo económico-social de “desarrollo” expresado hoy en día en el Plan de Desarrollo Nacional y de Desarrollo Rural.
Esto vuelve el debate sobre la solución del conflicto al punto clave en el cual la oligarquía se ha mostrado completamente inflexible en seis décadas: la reforma agraria.
La solución al problema del latifundio y de un modelo de explotación ligado al gran capital agroexportador y agroindustrial, así como a la explotación intensiva de los recursos naturales, mineros y energéticos (con los problemas derivados de la expropiación violenta del campesinado por medio del terror, la violencia y el desplazamiento forzoso), así como las propuestas para una reforma agraria que han venido siendo elaboradas por organizaciones campesinas y comunidades indígenas y afrodescendientes, constituyen la solución a la raíz del conflicto.
Rechazo a las actuales políticas gubernamentales en lo relativo a la ley de víctimas y ‘restitución de tierras’
Porque mientras en el discurso se plantean como respuesta histórica a las demandas del campesinado, no son más que una manera de ignorarlas, en una tradición propia del “despotismo ilustrado”, para así legalizar el despojo, garantizar el blanqueamiento de cara del actual modelo económico que seguirá intacto, y bloquear institucionalmente cualquier debate serio sobre la reforma agraria. Este pronunciamiento es aún más importante, porque ante toda la presión que ha puesto el actual gobierno para cooptar a sectores del movimiento popular (tarea en la cual han tenido indudable éxito con ciertos movimientos indígenas y sindicales, o al menos con sus elementos superestructurales, que hoy representan el triste rol de correa de transmisión de la “buena voluntad” del gobierno)
El problema de la paz y la solución al conflicto en términos inequívocos al Estado
Mientras se deshace exigiendo condiciones imposibles a la insurgencia, el estado no ha sido capaz de hacer un sólo gesto de buena voluntad hacia una solución política, demostrando que apuesta indudablemente a una solución militar y a una paz de “vencedores y vencidos”, pese a la retórica un tanto menos beligerante, si se le compara al gobierno anterior, de Uribe Vélez. Las formulitas cursis y complicadas de Santos de que “las llaves de la paz no están tiradas, pero la puerta está cerrada y solamente yo puedo abrirla” deben ser rechazadas de manera inequívoca. La presión fundamental por una salida política debe ser exigida al Estado, pues el Estado es el que inició la guerra sucia contra el conjunto del pueblo, y es quien la mantiene, mediante el modelo de “desarrollo” por despojo violento, mediante los tentáculos paramilitares que sofocan cualquier manifestación de oposición y mediante la guerra como modo normal de funcionamiento de la economía.
La solución política no pasa solamente por el diálogo entre las partes involucradas en la contienda militar.
Sin una participación decidida del conjunto del pueblo, con su multiplicidad de resistencias y expresiones orgánicas, no se podrá superar de raíz el conflicto. Quienes quieren reducir el conflicto a la negociación entre los llamados “actores armados”, desconocen la naturaleza del conflicto y por lo mismo, carecen de visión para resolverlo. Sin embargo, creemos necesario insistir en que la línea divisoria no es entre “armados”, por un lado, y “civiles”, por otro.
Sin lugar a dudas, el encuentro representó un importante paso adelante para el movimiento popular, sobretodo a la luz de los indudables intentos de cooptación del gobierno así como de los intentos por desvirtuar su carácter por parte de ciertos sectores políticos y de los medios, mediante una serie de declaraciones audaces hechas con anterioridad al encuentro.
Nota completa: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=135009&titular=encuentro-de-barrancabermeja:-un-paso-adelante-para-el-movimiento-popular-