El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha publicado varios decretos de confidencialidad de 100 años sobre temas espinosos para él, su familia y sus seguidores. La cuestión fue mencionada por el expresidente Lula durante el debate presidencial de este domingo, sin detallar el contenido de las medidas. Pero los internautas tenían curiosidad y aumentaron las búsquedas del término “secreto de 100 años” en Google. El candidato a la reelección ha emitido cuatro decretos para evitar que se hagan públicos procesos incómodos.

(Brasil de Fato) Brasil – Para ello, Bolsonaro ha recurrido a una brecha regulada en la Ley de Acceso a la Información (Ley 12.527/2011) en su artículo 31, párrafo uno, inciso I. De acuerdo con la ley, los datos personales, relativos a la intimidad, la vida privada, el honor y la imagen tendrán acceso restringido. “Independientemente de la calificación de confidencialidad y por un plazo máximo de 100 años contados a partir de la fecha de producción, a los agentes públicos legalmente autorizados y a la persona a que se refieren.”

En enero de 2021, el despacho de la Presidencia decretó confidencialidad de hasta 100 años para la cartilla de vacunación de Jair Bolsonaro y la información sobre las dosis de vacunas ya recibidas por el mandatario. No se sabe si porque realmente no se la tomó, o si contradijo su propio discurso antivacunas y se la tomó a escondidas. Preguntado en ese momento si pretendía vacunarse contra la covid-19, Bolsonaro reafirmó que sería el último en ser inmunizado.

Cien años de protección para Eduardo Pazuello y los hijos

En mayo de 2021, en beneficio del exministro de Salud, Eduardo Pazuello, Bolsonaro decretó 100 años de confidencialidad de un proceso interno. El Ejército investiga la participación del general Pazuello en un acto político junto al presidente ese mes. La decisión fue tomada por la comisión formada por altos funcionarios de siete ministerios. El argumento fue que la difusión del documento representaría un riesgo a los principios de jerarquía y disciplina del Ejército.

La solicitud de acceso la hizo el periódico Folha de S.Paulo, que también cuestionó el hecho de que Pazuello no haya recibido ninguna sanción. En respuesta, la Comisión Mixta de Reevaluación de la Información (CMRI) afirmó que la ausencia de “sanción no puede entenderse como la ausencia de riesgo a los pilares de la jerarquía y la disciplina, expresados en el artículo 142 de la Constitución Federal”.

A fines de julio, Bolsonaro determinó 100 años de confidencialidad para los datos de acceso al Palacio del Planalto de sus hijos Carlos y Eduardo Bolsonaro. La información fue revelada por la revista Crusoé, que solicitó el acceso a través de la Ley de Acceso a la Información.

Según la publicación, entre abril de 2020 y junio de 2021 Carlos, el hijo “02”, visita el Palacio del Planalto al menos 32 veces. Su hermano Eduardo, el “03”, estuvo en la oficina de su padre, oficialmente, al menos en tres ocasiones, registradas en abril de 2020.

Ambos participaron en reuniones del llamado “gabinete paralelo”, que guio a Bolsonaro en el manejo de la pandemia. Y también del llamado “gabinete del odio”, un grupo de asesores que trabajan en el Palácio do Planalto con foco en las redes sociales; incluyendo el manejo de páginas web de apoyo a la familia Bolsonaro que difunden desinformación y atacan a opositores políticos del presidente.

Sin embargo, la Secretaría General de la Presidencia justificó que la información solicitada “se refiere a la intimidad, vida privada, honor e imagen de los familiares del presidente de la República, los cuales se encuentran protegidos con acceso restringido, en los términos del artículo 31 de la Ley Nº 12.527, de 2011”.

El escándalo de los pastores en el MEC

En julio, el Palacio del Planalto decretó la confidencialidad de las reuniones de Bolsonaro con los pastores del lobby del MEC, Gilmar Santos y Arilton Moura. Ambos son investigados por la operación de un esquema de desvío de recursos del sector educativo a municipios a cambio de coimas. El caso se hizo público luego de que el diario O Globo solicitara, a través de la Ley de Acceso a la Información, la lista de entradas y salidas en el Palacio del Planalto de ambos religiosos, incluidas las reuniones con el presidente.

En ese mismo mes, el organismo de administración tributaria, Receita Federal, impuso 100 años de confidencialidad sobre un proceso que acusa al organismo de actuar para auxiliar la defensa del senador Flávio Bolsonaro en el caso de las “rachadinhas”, un esquema de apropiación ilegal de salarios de funcionarios del gabinete. Documentos obtenidos en febrero por el periódico Folha de S.Paulo muestran que Receita Federal movilizó a cinco funcionarios durante cuatro meses para investigar la acusación hecha por el senador, hijo del presidente, de que sus datos fiscales habían sido accedidos ilegalmente y enviados al Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF).