Las multitudinarias movilizaciones de 2013 -en especial durante junio, mientras se desarrollaba el Campeonato de Futbol de las Confederaciones- no sirvieron para educar social y políticamente al gobierno de Dilma Rousseff. La presidente lejos de asimilar el descontento expresado en mayor medida por la juventud (que estudia y trabaja o trabaja y estudia) frente al costo del transporte, las deficiencias y el deterioro de la salud y la enseñanza pública, y el despilfarro de recursos en espectáculos elitistas, ilegítimos y privatizadores, continuó desarrollando su proyecto económico-político-social sin mudar nada de lo que venía haciendo. O peor aún, en algunos planes incentivando los errores.
(Juan Luis Berterretche – Rebelión) Brasil – Obvio, para un gobierno incapaz de entender o dar oídos a la protesta callejera y que quiere realizar un gran evento mundial deportivo en “orden y progreso” como vidriera planetaria para los inversores extranjeros, el recurso que resta es acosar, hostigar o reprimir a los “alborotadores”. Todo indica que ese es el camino adoptado.
Para peor, el compromiso de sumisión al capital financiero de Dilma en Davos, mencionó el acatamiento riguroso a los preceptos centrales del Consenso de Washington. Eso excluye toda medida gubernamental que acepte las demandas callejeras. Garantió la búsqueda desesperada del centro de la meta inflacionaria, sugirió la inminente aprobación de un alto superávit primario, y llamó a la fluctuación cambial “nuestra primera línea de defensa”. Desde abril de 2013 el Banco Central aumenta los intereses (tasa Selic) en forma sistemática, para regocijo de las finanzas.
En este marco hay tres síntomas que agravan la situación:
1- el trámite que se está realizando en el Congreso para aprobar en febrero una Ley Anti-terrorista;
2- El batallón especial que se conformó para garantizar la realización “pacífica” del Mundial de Futbol; y
3- EL manual producido por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas para orientar la actuación de militares en operaciones de “garantía de la ley y del orden”. El manual es una consecuencia directa de la amenaza de Dilma que declaró en reunión con ministros que: “llamaría a intervenir al Ejército si la policía no puede garantizar el orden”.
Todo esto empeorado por la primera brutal represión de la policía militar en São Paulo y en otras 32 ciudades brasileñas el 25-01-2014, contra los impugnadores del Mundial de Futbol. La policía militar dice haber usado balas de goma y gases lacrimógenos, pero como saldo del enfrentamiento un joven recibió tres balazos que no eran de goma.
Ley anti-terrorista
Como todo este tipo de leyes anti-terroristas su texto permite variedad de equívocos e interpretaciones. Fueron pergeñadas por el imperialismo en el período Bush/junior de inmediato al “atentado” de las torres gemelas del 11 09 2001 y su modelo es la USA Patriot Act, una amplia supresión de derechos democráticos de la población, aún vigente en su mayor parte en EEUU. A escala global “legitimó” las “rendiciones extraordinarias” de la CIA -léase desapariciones forzosas-, los “métodos innovadores de interrogatorios” -tortura común o sofisticada-, las intervenciones imperiales de saqueo abiertas y encubiertas en varios países, Guantánamo y otros campos de concentración en países ocupados, las ejecuciones grupales selectivas de los drones, el espionaje a nivel de masas, entre otras múltiples atrocidades.
En Brasil la ley antiterrorista está auspiciada por la FIFA. En ella no se incluyen como delitos ni las muertes de trabajadores por derrumbes en las obras de los estadios, -como ya aconteció en el estadio de São Paulo- ni el castigo a los constructores de instalaciones con tendencia permanente a inundarse -como en Maracaná y alrededores desde fines del 2013, ni la extendida corrupción en las licitaciones para la obras del mundial. Sin embargo desde un principio se pretendió incluir expresamente como delito las acciones del Movimiento por el Pase Libre (MPL) y del Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MTS).
Luego se optó por un proyecto de ley -presentado por el senador Romero Jucá (Roraima)  redactado con las ambigüedades necesarias para permitir todo tipo de interpretaciones sesgadas. Considera “terrorismo” cualquier acto que cause “terror” o “pánico” en la sociedad -¡qué esfuerzo mental para precisar definiciones!-, ya sea amenazando o con “tentativa de amenaza” a la vida, integridad física, salud o libertad de una persona. Como no queda claro que significa “tentativa de amenaza” cualquiera de esas imprecisiones puede ser imputada como delito con total impunidad.
Bajo la nueva ley, el terrorismo será considerado un delito sin derecho a fianza, con penas que van de 15 a 30 años en prisión, o de 24 a 30 años en el caso de producirse muertes. Las penas se incrementan en un tercio si los delitos fueran cometidos contra autoridades brasileñas o jefes de estado y diplomáticos extranjeros, “o si ocurrieren en áreas de gran aglomeración de personas, transporte público”, o si involucran el empleo de explosivos o armas químicas. Lo de “áreas de gran aglomeración de personas” está con claridad dirigido a los lugares donde se desarrollarán los mega-eventos. Es una Ley Anti-terrorista que amenaza con penas draconianas a las protestas ciudadanas.
Nota completa: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=180473&titular=turbulencias-a-la-vista-