El Día Nacional de Luchas, como lo han denominado los organizadores, consiste en la cuarta huelga general en la historia de Brasil desde su independencia, hace 190 años. La última ocurrió hace 22 años y fue en contra del presidente Fernando Collor de Mello, que acabó renunciando al cargo. A los sindicatos se unen los Trabajadores Sin Tierra (MST, en portugués), el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) y la Unión Nacional de Estudiantes (UNE).
(Gara/AIM) Brasil – Las cinco principales centrales sindicales de Brasil, juntas por primera vez en una protesta, reclaman la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales y retoman varias de las reivindicaciones de las masivas manifestaciones partidarias y sin filiación sindical del mes pasado, como un transporte público de calidad y más inversiones en salud y educación. Decenas de carreteras y accesos a puertos en Brasil fueron bloqueados y el transporte público sufrió paralizaciones.
«Esta es la primera vez en la historia de Brasil que nos manifestamos juntos», declaró Paulo Pereira da Silva, presidente de Fuerza Sindical, aunque mantienen sus divisiones sobre la reforma política que la presidenta, Dilma Rousseff, quiere impulsar.
El «Día nacional de lucha» preveía movilizaciones de obreros metalúrgicos, empleados de transporte y del sector de alimentación, bancarios, comerciantes y funcionarios públicos, entre otros.
Unas 40 carreteras de 14 estados del país se encontraban bloqueadas. «El Gobierno, aunque reconozca el derecho a manifestarse, no puede concordar con el cierre de rutas» y pedirá a la policía federal el desbloqueo de las carreteras «mediante el diálogo» y «vías legales», indicó el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, al sitio web G1.
Las principales demandas de los sindicatos son la reducción de la jornada de trabajo hasta 40 horas semanales, la modificación de una ley que reduce las pensiones de quienes se jubilan prematuramente y la petición para que se archive un proyecto de ley que permite a las empresas ampliar el número de trabajadores tercerizados.
Algunos sindicatos también reivindican medidas para reducir la inflación, que consideran como la principal preocupación de los trabajadores actualmente, y exigen mayores inversiones públicas en educación, salud y transporte.
En Sao Paulo los sindicatos de transporte bloqueaban terminales de autobuses, aunque trenes y el metro operaban con normalidad. El tráfico estaba cortado en toda la avenida Paulista, una de las principales de la ciudad, donde protestaban al menos 4.000 personas, según la Policía. «Queremos que haya una mejoría en el país. En este momento hay crisis en la salud y la educación», explicó Rosely Paschetti, funcionaria municipal, agitando un cartel que pedía «Más impuestos para los ricos, menos para los pobres».
Los estibadores del puerto de Santos (estado de Sao Paulo), el mayor de Latinoamérica, paralizaron por segundo día sus actividades. Rutas de acceso al puerto y al parque industrial de Cubatao también fueron bloqueadas. Los sindicatos rechazan un decreto que autoriza la apertura de puertos privados.
En Salvador de Bahía, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte y Manaos, el transporte público fue paralizado. Varias escuelas cerraron sus puertas y algunos hospitales del país solo atendieron las urgencias. Los accesos al complejo industrial y portuario de Suape, en Pernambuco, donde trabajan 75.000 personas, también fueron bloqueados.
Varios bancos y comercios de Río cerraron sus puertas por temor a destrozos como los ocurridos en junio, al final de masivas manifestaciones por mejo- res servicios públicos, contra la corrupción y los millonarios gastos del Mundial 2014.
Si en las últimas semanas las avenidas y las plazas del país fueron tomadas por un millón de personas que se declaraban “sin partidos, sin líderes y sin banderas”, esta vez son los sindicatos y los movimientos sociales organizados, algunos de ellos identificados con el Gobierno, los que han decidido ocupar la calle.
En los últimos 10 años tanto los sindicatos como el movimiento estudiantil han estado cercanos al Gobierno, sobre todo desde que llegó al poder el ex sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva en 2003. Hoy, sin embargo, los que han organizado la manifestación nacional llegan divididos excepto por algunas reivindicaciones laborales, como la jornada de 40 horas, más dinero para sanidad y educación, mayor calidad en el transporte público y la siempre aplazada reforma agraria.