El millonario Branko Marinkovic, el gobernador Rubén Costas y otros dirigentes empresariales habrían financiado las operaciones del mercenario Rózsa. Ahora deben prestar declaraciones ante la Fiscalía. Ellos lo niegan todo. (Econoticiasbolivia/Rebelión) Bolivia – La Fiscalía de Bolivia involucró a los principales líderes del fascismo y de la derecha separatista de Santa Cruz en el financiamiento del grupo internacional de mercenarios que fue desactivado el pasado 16 de abril y que pretendía lograr por las armas la independencia de esa rica región del país andino.
El fiscal Marcelo Sosa denunció el lunes que, sobre la base de declaraciones de “testigos”, el millonario empresario fascista de origen croata y ex líder del Comité Pro Santa Cruz, Branco Marinkovic, además del ultraderechista prefecto (gobernador) de esa región Rubén Costas y un ex ministro ultraconservador, Guido Náyar, habrían financiado al grupo de mercenarios.
Sosa también involucró en la red de supuestos contactos y financiadores del grupo terrorista al presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Pedro Yovhío; al presidente de la Cámara de Industria y Comercio, Mauricio Roca; al gerente de markerting de la aceitera IOL de propiedad de Marinkovic, Juan Kudelka Zallez, al general de Ejército retirado Lucio Añez, y a los ex gerentes cívicos Lorgio Balcázar Arroyo y Mario Bruno, entre otros. Todos ellos deberán presentarse en La Paz en los próximos días.
"La Fiscalía emitió citaciones para éstas y otras personas implicadas con la organización montada por este grupo terrorista para que respondan por los ilícitos ante la justicia", dijo Sosa.
Los fascistas niegan todo
En declaraciones obtenidas por el matutino cruceño de El Deber, los líderes del fascismo rechazaron las acusaciones de la Fiscalía. El millonario croata-boliviano Marinkovic, cabecilla de los 100 clanes que son dueños de la tierra y los grandes negocios y que en el pasado reciente amenazaba con iniciar una guerra y derramar sangre por la autonomía separatista, negó las acusaciones y adelantó que apelará a tribunales internacionales. El empresario Yovhío, por su parte, aseguró que el sector empresarial no hizo nada ilegal y que permanecerá en el país para cualquier requerimiento, en tanto que el ultraderechista ganadero Nayar se abstuvo de responder a las acusaciones.
Según cita El Deber -que presenta la denuncia del Fiscal como un ataque a la “institucionalidad” de Santa Cruz- el Secretario de Autonomía de la Prefectura cruceña, Carlos Dabdoub, habría señalado que la intención de estas acusaciones del Gobierno de Evo Morales sería desestabilizar la institucionalidad cruceña y al departamento, “que es un reducto de la lucha por la democracia”.
Por su parte, el director jurídico de la Prefectura cruceña, Vladimir Peña, aseguró que el prefecto, Rubén Costas, se presentará a declarar siempre y cuando su testimonio sea tomado en Santa Cruz. Consideró que las acusaciones de Sosa carecen de solidez, ya que se basan en las declaraciones de dos detenidos que negociaron su liberación a cualquier costo y de una persona con múltiples acusaciones. “Ya no me extraña nada de la Fiscalía. Esto es una historieta o una telenovela venezolana muy mal contada, que trata de montar algo para que todo el país crea que los líderes de la oposición realmente querían matar a Evo Morales”, aseguró a El Deber.
Mauricio Roca, por su parte, confesó que está preocupado por lo que considera un manoseo institucional y personal de parte del Gobierno y se considera víctima de una represalia política destinada a acallar a todos los que se pusieron al frente del Ejecutivo.
En conferencia de prensa, el Fiscal Sosa dijo que los testigos que cooperan con la investigación dijeron que Marinkovic entregó 200.000 dólares para la compra de armas para los grupos irregulares.
La agencia gubernamental ABI sostiene que el dinero fue entregado a un grupo de argentinos, se presume operadores de los "carapintadas" que intentaron derrocar al gobierno del presidente Raúl Alfonsín en 1986, según testimonió el paraguayo Alcides Mendoza Malavi, procesado por suministrar armas al grupo irregular que tramaba un magnicidio en el país, como así la secesión de Santa Cruz.