Organizaciones de derechos humanos de San Pedro viajaron a Buenos Aires con el objetivo de difundir lo que está sucediendo en esa localidad jujeña. Varios jóvenes humildes sufren las mismas prácticas que realizaban las fuerzas represivas durante la dictadura militar. La justicia de San Pedro duerme las causas y los medios provinciales se encargan de no darles difusión, mientras que el poder político no acusa recibo.
(Red Eco) Jujuy – Uno de los disparadores principales fue la denuncia de una testigo y sobreviviente de la última dictadura militar, quien durante su declaración frente al tribunal del primer juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy, relató casos actuales de tortura en dependencias policiales de la localidad de San Pedro, ubicada al sur de la provincia. También se sumaron distintos organismos y militantes de derechos humanos que comenzaron a recorrer juzgados y despachos para visibilizar estos hechos y obtener una respuesta.
Desde principios de año, comenzaron a trascender con más fuerza casos de jóvenes que eran detenidos sin causa por efectivos de toxicomanía, brigada de investigaciones y seccionales de San Pedro, golpeados y torturados en cárceles, y amenazados una vez que eran liberados. Muchos no se animaban a denunciar lo vivido justamente por miedo. “La impunidad es total, no hay contención por parte del Estado. La policía siempre agarra a los que menos tienen”, explicó Pablo Juares a Red Eco.
Pablo es un militante de derechos humanos de San Pedro que viajó esta semana a la Ciudad de Buenos Aires, donde se reunió con distintas organizaciones y agrupaciones como Correpi, Serpaj, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, entre otros, con el objetivo de que esto repercuta en Jujuy.
Uno de los casos que se reveló fue el de Martín Gómez, quien fue detenido en varias oportunidades por la Brigada de Investigaciones, y de quien no se pudo comprobar ninguna de las acusaciones que se le realizaron. Una vez, la policía lo sacó de la casa de una amiga y lo llevaron a la Brigada donde lo esposaron, le tiraron agua fría y le pusieron una bolsa en la cabeza. También le arrojaron agua hirviendo sobre el cuerpo. El padre de Martín quiso hacer la denuncia en la fiscalía, pero el secretario se negó a tomarla diciendo que el fiscal no podía atenderlo en ese momento y que luego lo llamaría, cosa que nunca hizo. Su hijo le contó también que en varias ocasiones un policía retirado y otros en actividad lo obligaron a viajar a Bolivia para traer y vender droga. Pero un día, luego de ver en su casa un partido de Boca, Martín le dijo a su papá que salía pero que enseguida volvía. Según el relato de la policía, el joven entró a robar “casualmente” a la casa de un efectivo, y al querer escapar quedó atorado en la salida de un ventiluz del baño, asfixiándose con la campera que llevaba puesta. Cuando el padre intentó acceder al expediente no lo dejaron. El certificado de defunción dice “muerte por asfixia” pero Martín tenía hematomas en su rostro.
Otro caso es el de Cristian Marquet. Fue secuestrado por toxicomanía a plena luz del día en la plaza general Manuel Belgrano. En la comisaría lo desnudaron, lo torturaron con golpes, picana eléctrica y le pusieron una bolsa en la cabeza. Cuando su hermana tuvo contacto con organismos de derechos humanos por lo que sucedió con Cristian, dos personas en un auto particular, que fue señalado como de propiedad de uno de los agentes de toxicomanía, la siguieron y le tiraron el vehículo encima, sin hacerle daño, aunque sí llegaron a decirle: “Dejate de joder con los derechos humanos porque te vamos a matar a vos y a tu familia”.

También se denunció el caso de Diego Constancio, quien la noche del 3 de agosto pasado estaba sentado en la puerta de un kiosco del barrio Salvador Mazza junto a unos amigos. En ese momento, se acercaron al lugar tres móviles policiales para efectuar un allanamiento. Los efectivos ingresaron al kiosco y Diego vió cómo un agente de toxicomanía, llamado Facundo Quiroga, arrojó una bolsita transparente con letras rojas hacia un cajón que estaba allí dentro. Al darse cuenta que el joven lo había visto, Quiroga lo esposó y lo llevó junto a sus amigos a la comisaría para hacerles “una requisa”. A Diego lo golpearon y amenazaron advirtiéndole que no abriera la boca. Luego fue liberado. Pero unas semanas después, el joven estaba con su novia en la calle y apareció Quiroga en su moto y le dijo: “¿Qué te dije a vos? ¡dejá de boludear porque si no te vas a comer el mismo garrón que se comió ´Quique´ es más, te puedo hacer desaparecer”. Tres días después, Diego debía declarar lo que había visto en una causa. Luego de esto, el joven decidió esconderse durante un tiempo por miedo.
Tan solo un repaso por algunas de las situaciones que se denunciaron en Buenos Aires, y que a su vez son una mínima muestra de lo que ocurre en San Pedro. Pablo Juares explicó además a Red Eco que los casos de los pocos jóvenes que quisieron o pudieron realizar las denuncias quedaron trabados en el juzgado local, que abarca no solo la localidad de San Pedro sino también a Libertador San Martín, y que está en clara “sintonía” con el Ingenio Ledesma, que rige la vida de los habitantes de la zona, tal como sucedió en años de dictadura. Es por esto que las presentaciones comenzaron a efectuarse en los juzgados federales N°1 y N°2, con sede en la capital, San Salvador de Jujuy. Las denuncias también se hicieron en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y ante el ministro de Gobierno. También se reunieron con el diputado del Frente para la Victoria y presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara Baja a nivel nacional, Remo Carlotto, en una visita que efectuó a la provincia. Según relató Juares, Carlotto se mostró sorprendido al conocer los casos de tortura, al afirmar que no sabía lo que ocurría, ya que previamente había mantenido un encuentro con el gobernador Eduardo Fellner (también kirchnerista), quien le había manifestado que en la provincia estaba “todo bien”. Carlotto se retiró sin siquiera saludar. Lo que sí se logró fue la conformación de una comisión de Derechos Humanos en la Legislatura provincial, integrada por diputados y organizaciones, pero hasta el momento no ha habido una respuesta concreta a los reclamos y denuncias. Tampoco hay repercusión de parte de los medios de comunicación provinciales, exceptuando radios alternativas y comunitarias como Minka o Pueblo que sí dan cuenta de lo que está sucediendo.
Ante esta situación, se resolvió el viaje a Buenos Aires, en un intento de darle difusión a lo que está pasando hace tiempo en Jujuy, en busca de una reacción por parte de las autoridades. Esta visita se dio esta semana, la misma en la que la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) difundirá su informe anual de la situación represiva en el país, con la presentación del archivo de casos de personas asesinadas por el aparato estatal. Será mañana, viernes, a las 18, en Plaza de Mayo. Vale mencionar, a modo de adelanto, que más del 50% de los casos registrados en democracia ocurrieron durante los nueve años de gestión kirchnerista, es decir más de 2200 muertos por represión. En este marco, con las particularidades locales, se inscribe lo que está sucediendo en Jujuy.

Contacto: pablojuares@hotmail.com