El martes pasado, movimientos campesinos, agricultores familiares y pequeños productores se manifestaron en el Congreso de la Nación para presentar nuevamente el anteproyecto de Ley para frenar los desalojos violentos en las zonas rurales.
(Luis Gauna-Red Eco) Ciudad de Buenos Aires – El Movimiento Nacional Campesino Indígena junto al Mocase Vía Campesina, el Foro Nacional de Agricultura Familiar (FONAF), el Frente Nacional Campesino (FNC), el Movimiento Campesino de Liberación (MCL) y entidades representantes de Pequeños Productores se hicieron presentes en Congreso para reclamar por la Ley Contra de los Desalojos “Cristian Ferreira” que ya había sido presentada en el mes de abril del año pasado por el diputado del FPV, Edgardo De Petri, sin ser siquiera tratada.
La Ley contempla la situación de los movimientos campesinos indígenas, pequeños productores y productores familiares y determina la suspensión de los desalojos por un lapso de 5 años, como así también una solución a los problemas correspondientes al dominio de los terrenos en disputa entre el campesinado y los empresarios del agro. Para ello mismo, el proyecto que lleva el nombre del compañero del Mocase asesinado hace casi ya un año por sicarios de un terrateniente, prevé la conformación de un “Registro Nacional de Relevamiento de Tierras Rurales”, con dependencia del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y funcionando en conjunto con las comunidades rurales indígenas y los productores familiares para determinar la relación entre ocupación y posesión de tierras, cantidad de familias afectadas y las condiciones socioambientales en las que se encuentran las mismas.
Este proyecto vuelve a ser presentado a sólo 6 días del asesinato de Miguel Galván, miembro del MoCaSE del paraje Simbol, en manos de sicarios de la Empresa Agropecuaria LA PAZ S.A. proveniente de Rosario de la Frontera (Salta). La situación es más grave teniendo en cuenta lo informado por la agrupación de la que formaba parte Galván, donde se remarca la inacción por parte del Comité de Crisis del Gobierno de Santiago del Estero, la policía y el juez Torrelio de Monte Quemado ante las denuncias por hostigamiento y amenazas de muerte.
Antes del acto, Deolinda Carrizo, integrante del MoCaSE VC habló para el informativo de FARCO sobre la importancia del proyecto para “evitar que se sigan asesinando campesinos e indígenas” como así también manifestó que no sería sostenible que “se siga haciendo oídos sordos a una problemática histórica”.
“Nosotros creemos que por lo menos se le dé un tratamiento (al proyecto), no creo que sean tan insensibles sobre esta situación que realmente está afectando a muchas familias campesinas a nivel nacional”, sostuvo Carrizo.
El amplio arco de organizaciones que se dieron cita el martes en el Congreso, afirmaron en un comunicado: “Es necesaria una ley que ponga fin a la violencia a la que nos vemos sometidos y sometidas día a día, por defender nuestros territorios, donde hemos vivido y producido por generaciones y generaciones. En nuestro país el modelo del Imperialismo y sus aliados imponen un sistema de muerte, que avanza sobre los montes y la vida campesina. El proyecto de ley para privatizar las semillas, la instalación de una nueva planta de Monsanto, el control casi monopólico de las grandes cadenas agroalimentarias configuran el nuevo escenario, en donde es necesario seguir luchando”.
