Mañana, viernes, familiares de víctimas de gatillo fácil de Chubut y Río Negro realizarán una conferencia de prensa en el Hotel Bauen de la Ciudad de Buenos Aires. Es en el marco de una campaña de difusión y reclamo de justicia, bajo el lema “violencia institucional, abusos, corrupción e impunidad”. Allí darán cuenta de algunos de los tantos casos impunes que existen en esas provincias, con el objetivo de visibilizarlos y presionar a la justicia y al Estado para que actúen.
(Red Eco) Argentina – El encuentro se realizará a partir de las 18, en el Salón Consular del primer piso del Hotel Bauen, ubicado en Avenida Callao 360, Ciudad de Buenos Aires. Entre otros, estarán presentes Julieta Vinaya quien expondrá el caso de su hijo Atahualpa Martínez, asesinado hace cuatro años en la ciudad rionegrina de Viedma; Roberto Uriarte hablará sobre el caso de Otoño ocurrido también en Río Negro; César Antillanca (uno de los principales promotores de esta campaña), quien relatará lo sucedido con su hijo Julián. Además, el Grupo Proderechos del Niño de Comodoro Rivadavia presentará un informe detallado de abusos a menores.
Se trata del primero de una serie de actividades similares. En este caso, los familiares estarán acompañados por representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
Para intentar dar una idea de la impunidad que se vive en el sur del país, se mencionarán y actualizarán, a continuación, tres casos de jóvenes muertos en manos de efectivos de la policía.

Julián Antillanca
El 5 de setiembre de 2010, Gonzalo Julián Antillanca de 19 años, fue abordado por cuatro policías uniformados de la ciudad de Trelew que lo golpearon salvajemente. Como consecuencia de las graves heridas que recibió en la cabeza y el cuello, sufrió un paro nervioso central que le provocó la muerte. Los policías llevaron el cuerpo de Julián en el patrullero y lo arrojaron en la calle. Luego, tras el hallazgo del cadáver, los efectivos se encargaron de dar “su” versión de lo sucedido, hablaron primero de coma etílico y después de una muerte natural por causas indeterminadas. Gracias a la lucha y esfuerzo de César, aparecieron testigos que declararon haber  visto la detención de su hijo, además aparecieron restos de ADN de Julián en el patrullero y se comprobó que los mismos policías habían torturado a otros dos jóvenes horas antes. Poco menos de un año después, los efectivos Martín Paul Solís, Jorge Abraham, Pablo Morales y Laura Soledad Córdoba fueron llevados a juicio por el crimen de Antillanca y las torturas a los hermanos Sergio y Denis Aballay. Pero los jueces los condenaron con penas leves por los golpes a los hermanos y los absolvieron en la causa por tortura seguida de muerte de Julián.
César apeló el fallo presentando un recurso extraordinario que será revisado finalmente en una audiencia prevista para el próximo 30 de octubre.

Guillermo Garrido
En enero de 2011, Guillermo “Coco” Garrido fue detenido por un accidente de tránsito y trasladado a la comisaría 12 de El Bolsón, donde apareció muerto tan solo una hora después de haber ingresado. Ante el primer intento del juez Ricardo Calcagno de cerrar la causa considerando que no había delito, su familia aseguró que el joven no tenía motivos para quitarse la vida. Luego denunciarían además que no se les permitió ver el cadáver de Guillermo y que durante tres meses se les negó la posibilidad de intervenir en el expediente.
El sábado pasado, 15 de setiembre, los familiares de Guillermo “Coco” Garrido marcharon, como lo hacen todos los meses, por las calles de El Bolsón y Epuyen, recorriendo varias instituciones implicadas en el caso ya sea por su acción o inacción, entre ellas, la comisaría 12. Pero en esta última movilización salió de ese edificio policial una persona uniformada pero sin placa identificatoria que dijo ser el nuevo subcomisario. Estaba junto a otra persona en este caso de civil también sin identificación. Se dirigieron a los manifestantes para informarles que desde una ventana se les estaba sacando fotos que se utilizarían para iniciarles una denuncia en su contra.
Así como amenazan iniciar causas contra familiares de Guillermo y militantes de derechos humanos por movilizarse para exigir justicia; hay una causa paralizada, que es la del asesinato del propio Coco. Según afirmó su padre, la investigación se encuentra bastante parada. En las últimas semanas, tomaron la fiscalía hasta poder hablar con el juez y el fiscal de la causa, tuvieron reuniones con el gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck; su ministro de gobierno; y el senador y titular del bloque del Frente para la Victoria de la Cámara Alta, Miguel Ángel Pichetto. De todas se fueron con promesas de que separarían de sus cargos a los efectivos imputados en la muerte de Guillermo, pero lo cierto es que no hay ningún papel o escrito judicial que confirme esta supuesta medida.
El padre de Coco adelantó que le enviarán una carta a la presidenta Cristina Fernández en un intento por hallar a los culpables ya que hasta el momento no hay detenidos.
En tanto, en declaraciones a Radio La Negra, Norma y Estela del Colectivo de Militantes por los Derechos Humanos señalaron: “Pensamos que todas las autoridades y funcionarios deberían estar comprometidos en que se llegue a la verdad y a la condena de todos (…). En realidad confiamos en nuestra propia movilización, hemos movilizado cada mes y no vamos a parar, justicia se va a tener que hacer. No podemos permitir que asesinos anden sueltos por las calles”.

Masacre de Bariloche
Con motivo de cumplirse 27 meses, el 17 de setiembre pasado, familiares de las víctimas de junio de 2010 y la Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de Bariloche difundieron un comunicado en el que denunciaron que el policía Dante Oscar Bressan, activo protagonista de la masacre del 17 y 18 de junio de 2010, es actualmente jefe de la Comisaría II con asiento en el Centro Cívico de Bariloche.
“La continuidad normal de su carrera policial, en el mismo destino institucional desde el que cometió numerosos hechos graves, es un ejemplo concreto de la impunidad y del pacto de silencio que encubre todos y cada uno de los crímenes cometidos contra la población civil desarmada durante esos días”, afirmaron las organizaciones.
En su declaración en la causa, Bressan señaló que participó del dispositivo policial en El Alto aquel 17 de junio, agregó que alrededor de la una de la tarde de ese día escuchó detonaciones de fuego hechas con armas de realización artesanal, llamadas "tumberas". Pero lo cierto es que en los diez cuerpos que tiene la causa judicial en la que se investigan los asesinatos de Nino Carrasco y Sergio Cárdenas no existe ningún elemento de prueba que confirme esta hipótesis. Por el contrario, se incluye un "Estudio balístico de postas de plomo, con el objeto de describir las circunstancias en que murieran Sergio Jorge Cárdenas y Nicolás Alberto Carrasco", firmado por el doctor Rodolfo G. Pregliasco, que descarta el uso de "tumberas".
“Se cumplen 27 meses de perpetrado el ataque masivo con armas de fuego, cuando quedaron suspendidos todos los derechos y garantías durante unas 48 horas, instaurándose la policía como poder real de facto por decisión del gobierno provincial. Durante ese estado de excepción desataron una cacería humana cuyo daño mayor es la irreparable pérdida de la vida de nuestros jóvenes, cuyo duelo no puede saldarse hasta tanto haya juicio y castigo para todos y cada uno de los responsables. Hasta el momento los tres poderes del Estado de Río Negro coinciden, estratégicamente, en mantener el pacto de impunidad sobre los crímenes cometidos por agentes públicos, con recursos públicos, con las máximas autoridades tomando decisiones en esta misma ciudad. Así es que mientras la justicia no es capaz siquiera de albergar con respeto un cerámico en memoria de los tres muchachos asesinados puesto en el edificio de la III Circunscripción, Bressan se legitima como comisario de la democracia”, cierran el comunicado los familiares y la Multisectorial.
Tan solo tres ejemplos de la impunidad en las provincias del sur del país, impunidad que será denunciada y visibilizada mañana en el Hotel Bauen.

Contactos: Julieta Vinaya: 02920-15-698-499 / César Antillanca 0297-15-408-0704

Fuentes: Radio La Negra / Correpi / Agencia Walsh / Prensa del Pueblo