Mientras el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén resolvió una acción resarcitoria contra la provincia por las lesiones sufridas por un interno en 2005, a partir de un incendio intencional en su celda; la Asociación Zainuco volvió a recibir llamados telefónicos intimidantes.
Gladys Rodríguez, integrante de la organización de derechos humanos neuquina Zainuco, sufrió nuevamente amenazas telefónicas, en un intento de acallar sus denuncias de torturas y muerte en las cárceles de esa provincia. Allí le hicieron una clara referencia a su defensa de Ramón Mansilla, uno de los testigos en la causa en la que están imputados por torturas 27 policías de la Unidad 11, además Mansilla era amigo personal de Cristian Ibazeta, asesinado en ese penal en mayo.
Según relató Rodríguez, el llamado se hizo desde una Unidad de Detención, pero no por cobro revertido, dando toda la impresión de que la persona estaba leyendo un texto: “Resulta obvio que pretenden hacer recaer la responsabilidad de las amenazas sobre los detenidos”, manifestó.
Finalmente, Rodríguez hizo responsable por su seguridad y la de todos los integrantes de Zainuco, como así también de sus familiares, al gobernador Jorge Sapag, Jefe Político de la Policía de Neuquén, “institución responsable de todos los abusos, torturas, vejaciones y asesinatos, dentro y fuera de la cárcel”, siendo todas estas denuncias las que, en palabras de Rodríguez, motivan las amenazas.
En tanto, el Tribunal Superior de Justicia neuquino hizo lugar a una acción resarcitoria contra la provincia por las lesiones sufridas por un interno en 2005, a raíz de un incendio intencional en su celda.
"Revertir la situación de crisis en la que se encuentra el sistema penitenciario actual requiere de un esfuerzo institucional, de la participación y del diálogo de los Poderes del Estado que confluya en la adopción de medidas de acción en forma coordinada (…). El sistema social en su conjunto y sus integrantes en particular deben comprender que la cárcel no puede constituirse en un depósito de seres humanos. Esto vulnera el respeto a la dignidad humana y contraría los propósitos constitucionales de reinserción social y readaptación", consideró el fallo.
Parte de esa situación de crisis se evidenció el 20 de julio de 2005, cuando Lucas, que en ese momento tenía 23 años, se despertó en el medio de un incendio en su celda de castigo o "buzón" del pabellón 6 de la U11, en la que se encontraba a raíz de su "mala conducta" por haber participado de una huelga de hambre por las humillantes requisas a las que son sometidos los familiares que visitan a los internos. Como las celdas no cuentan con apertura desde su interior, debió esperar el auxilio de los penitenciarios, mientras se quemaba. Tardaron tanto en ayudarlo que sufrió quemaduras tipo A y B en el 20% de su cuerpo. Como no se contaba con matafuegos ni mangueras en funcionamiento, el incendio fue sofocado con baldes de agua. Lucas permaneció más de un mes en terapia intensiva y con respiración asistida en el Hospital Regional Neuquén y, posteriormente, debió someterse a operaciones de injertos en sus manos y hombros, además de quedar con una mano disminuida en sus funciones.
Siete años después, el Tribunal respondió la demanda de Lucas ordenando a la provincia a resarcirlo con 94.060 pesos.
Fuentes: Prensa del Pueblo / ANRed Comahue