En el marco del conflicto por las 19 mil hectáreas en la base Riarte de la comunidad Indio Colalao, la fiscalía N° 10 ordenó el allanamiento del territorio en disputa. Un impresionante operativo policial ejecutó la medida. No hubo heridos de gravedad ni detenidos, pero la "restitución provisoria" ejecutada por 200 policías contra 40 personas desarmadas pudo tener graves consecuencias.
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(Contrapunto) – Tucumán – Esta tarde, en conferencia de prensa, la Cacica María Lilia Delgado de la Comunidad Indio Colalao del departamento de Trancas relató lo sucedido ayer.
“Llegan a las 10, nos leen el documento (…) nosotros accedemos pacíficamente porque decía que era un desalojo provisorio (…) La medida se efectúa a las 10.45. Culmina el acto a las 15.05 de la tarde. Se leen las actas, se las firma y se corrobora todo lo que habíamos acordado. Y a partir de ese momento la señora Dra. Alicia Carugati da la orden a los 300 policías que estaban en la zona de entrar”. Pero fue en ese momento que comenzaron los hechos de violencia: “Disparos de bala de goma, arrestos, corridas, expulsan a todos fuera del predio. Hubo una puja con la policía, no nos dejaron ingresar a sacar nuestras pertenencias”.
Delgado denunció que la Infantería y el Grupo Cero allanaron varias de las casas de los comuneros, y aseguró que el responsable de lo ocurrido es Fredy Moreno Nuñez Vela, quien pretende adjudicarse el territorio, en complicidad con el poder político y la justicia. Este terrateniente pretende apoderarse de 19.000 hectáreas en esa zona, con la firma Zanja Honda y en sociedad con Jorge Posse de la firma Agro Avance.
Menos de un mes atrás la Comunidad Indio Colalao se había movilizado para denunciar las violaciones a sus derechos y el avance de los terratenientes en sus territorios. Desde ese día, la Comunidad Indio Colalao (que integra la Unión de la Nación del Pueblo Diaguita) tuvo innumerables reuniones en respuesta al pliego de demandas por las que realizaron la marcha el 9 de junio. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo y distintas "mesas de diálogo" y las propias promesas de la policía de no reprimir se diluyeron con la ejecución del desalojo.
Durante toda la semana pasada, la comunidad fue hostigada y vivió momentos de tensión permanente porque la policía intentó ingresar por Trancas y también por Salta pero las familias no permitieron que accedieran al terreno. De hecho, hasta el día anterior al desalojo de ayer todo indicaba que no iba a concretarse.
Este jueves el ánimo de la Comunidad Indio Colalao era de resistencia, y a pesar de lo que pasó se apostaron al lado del alambrado donde la policía montó una guardia policial, ya que el grueso del operativo ya se fue del lugar. Solicitan a las organizaciones sociales, políticas y de DDHH apoyo con plásticos, alimentos, y elementos para poder mantenerse en la asamblea ya que las temperaturas son bajas.
La justicia de Tucumán desconoce una vez más la ley 26.160 que es de orden público y que prohíbe los desalojos en los territorios indígenas hasta tanto no se sustancie un relevamiento territorial (en curso) de las comunidades. En Tucumán los jueces desconocen a las comunidades como tales por lo que aplican el derecho contra personas particulares.
Fuente: Contrapunto
