Finalizaron juicios por delitos de lesa humanidad en Buenos Aires y Misiones, algunos con condenas a cumplir en unidades penitenciarias, y comenzó otro en Rosario; en tanto, la semana que viene será el primero en Jujuy. Juicios y penas que avanzan en el mismo país donde también se les otorga salidas transitorias a represores mientras otros parecieran tener vía libre para fugarse.
PLAN SISTEMATICO DE ROBO DE BEBES DURANTE LA DICTADURA
50 años de prisión para Jorge Rafael Videla.
15 para Reynaldo Benito Bignone.
30 años para Antonio Vañek.
40 para Jorge "El Tigre" Acosta.
20 años para Santiago Omar Riveros.
15 y 5 años para los apropiadores de Víctor Gallo e Inés Susana Colombo
14 años Juan Antonio Azic
10 para el médico Jorge Luis Magnacco.
Absueltos: Rubén Omar Franco y Eduardo Ruffo.
Todas las condenas se efectúarán en unidades penitenciarias, revocando así todos los pedidos de prisiones domiciliarias.
Imagen: Caro Butron-Red Eco
(Red Eco) Argentina – Justicia, fue la palabra y la sensación que sobrevoló a muchos de los presentes en los tribunales de Comodoro Py esta tarde, ya sea afuera donde desde una pantalla gigante se siguió la sentencia, o desde adentro, en la sala donde los jueces del Tribunal Oral Federal 6 dieron a conocer las condenas y absoluciones por el Plan Sistemático de Robo de Bebés. “¿Dónde están nuestros 400 hermanos apropiados?” fue también la pregunta que se hicieron los centenares de personas presentes en el lugar y que aún sigue sin respuesta.
50 años de prisión para Jorge Rafael Videla, 15 para Reynaldo Benito Bignone, ambos por "sustracción, retención y ocultamiento" de hijxs de desaparecidos durante la última dictadura, en 20 y 31 casos, respectivamente.
30 fueron los años para Antonio Vañek y 40 para Jorge "El Tigre" Acosta. Santiago Omar Riveros recibió 20 años, los apropiadores Víctor Gallo e Inés Susana Colombo 15 y 5 años, respectivamente, 14 años Juan Antonio Azic, y 10 para el médico Jorge Luis Magnacco. En tanto, fueron absueltos Rubén Omar Franco y Eduardo Ruffo.
El Tribunal además definió los hechos juzgados son “delitos de lesa humanidad, implementados mediante una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad, en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres en el marco de un plan general de aniquilación que se desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión, implementando métodos de terrorismo de estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar”. Por último, el tribunal señaló que todas las condenas se efectúen en unidades penitenciarias, revocando así todos los pedidos de prisiones domiciliarias, y fijó para el 17 de septiembre la audiencia de lectura de los fundamentos de la sentencia, allí se conocerán los por qué de las absoluciones.
Ayer, en Misiones también hubo condenas y, en este caso, una absolución. Se trata del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en tres centros clandestinos de detención, que funcionaron en esa provincia durante el último gobierno militar.
El Tribunal Oral Federal de Posadas sentenció a Felipe Giménez (el ex jefe de la Dirección de Informaciones) a 21 años y medio de prisión, y a Carlos Herrero (ex jefe de la Policía de Misiones, coronel RE) a 20 años, ambos por privación ilegal de libertad e imposición de tormentos. Mientras que los policías Carlos Pombo y Julio Amarilla recibieron 7 años por imposición de tormentos. Finalmente, el médico forense Guillermo Roque Mendoza fue absuelto.
Tras conocerse estas condenas, muchos familiares manifestaron su indignación por lo que consideraron penas insuficientes, mientras que la representante del ministerio Público Fiscal, Vivian Barboza, adelantó que presentará un recurso en el caso de Mendoza, ya que a pesar de las numerosas acusaciones y pruebas en su contra fue absuelto.
El martes comenzó en Rosario un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la ciudad santafesina de San Nicolás. En este caso por los delitos contra 15 víctimas, y la llamada “Masacre de Juan B. Justo”, ocurrida en noviembre de 1976, en la que fue asesinada una familia completa (una pareja con sus dos hijos de 5 y 3 años) y la madre del nieto recuperado y querellante en esta causa Manuel Gonçalves (su papá, Gastón Gonçalves, ya había sido desaparecido); además de la desaparición de varios militantes de Montoneros en 1977. Están acusados los coroneles retirados Manuel Fernando Saint Amant y Antonio Federico Bossié, y el ex comisario de la Policía Federal Jorge Muñoz.
Para el jueves que viene está previsto que comience el primer juicio por delitos de lesa humanidad de la provincia de Jujuy. En principio, serán juzgados Luciano Benjamín Menéndez, Rafael Mariano Braga, Antonio Orlando Vargas y José Eduardo Bulgheroni, aunque en la semana que resta intentarán evitar su presencia en las audiencias o directamente ser apartados por supuestas razones médicas.
Para el inicio del juicio, organizaciones de derechos Humanos, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio y la Asociación Jujeña de Ex Presos Políticos convocaron a movilizarse en las puertas del Tribunal Oral Federal y acompañar esta primera jornada, que comenzará a las 9.
De fugas y salidas transitorias
La organización HIJOS La Plata denunció que no se conoce el paradero del represor Néstor Ramón Buzatto, procesado en la causa por los delitos cometidos en el circuito Arana-Brigada y señalado como partícipe del operativo en la casa Mariani-Teruggi.
Afirman que desde hace años la justicia cuenta con la copia de la resolución del 2 de noviembre e 1977, firmada por el jefe de la bonaerense, Ramón Camps, donde dice: “La jefatura felicita a los efectivos Luis Vides, Norberto Cozzani, Nestor Buzatto y Cecilio Gomez por haber protagonizado actos de servicio en (…) una finca donde se guarnecían varios delincuentes", en alusión a la casa de la calle 30 entre 55 y 56, es decir donde vivía la pareja Mariani-Teruggi.
El juez Arnaldo Corazza resolvió recién a mediados de junio detener a Gómez y Buzatto. El primero fue detenido en su casa de Berazategui por efectivos de la Policía Bonaerense e indagado y procesado por los asesinatos de Diana Teruggi, Alberto Bossio, Roberto Porfidio, Daniel Mendiburu Elicabe y Juan Carlos Peiris y por la apropiación de Clara Anahí Mariani-Teruggi. Pero cuando fueron a buscar a Buzatto no lo encontraron, por lo que se lo declaró "en rebeldía" y se dispuso su captura nacional e internacional.
De esta manera, Buzatto se sumó a los casos de Juan Miguel Wolk (causa Pozo de Banfield), Ricardo Luis Von Kyaw y Miguel Ángel Amigo (causa La Cacha), todos prófugos de la justicia bonaerense.
En cambio en Santa Fe hay represores que fueron juzgados y condenados pero que siguen contando con el beneficio de salidas transitorias desde hace seis meses. Se les permite dejar sus lugares de detención por 48 horas cada 15 días.
Se trata del ex juez federal Víctor Brusa, el ex policía Eduardo “Curro” Ramos y la ex guardiacárcel María Eva Aebi. Los tres fueron condenados a penas de entre 19 y 22 años en diciembre de 2009, en el primer juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolló en Santa Fe. A pesar de que en los últimos días se dijo que la justicia había dado marcha atrás con esta resolución, lo cierto es que los beneficios continúan.
