Organizaciones de derechos humanos de La Plata rechazaron los arrestos domiciliarios a represores firmados por el juez Arnaldo Corazza, y solicitados por la Unidad Fiscal de La Plata. Denuncian que esta acción de la Justicia permite que muchos genocidas estén prófugos.
(Red Eco) Buenos Aires- Desde Justicia Ya afirmaron que al otorgar el beneficio del arresto domiciliario, el Poder Judicial pareciera ignorar que se trata de imputados en causas de lesa humanidad acusados por genocidio, que han intentado por todos los medios, garantizar su impunidad. Ejemplo de esta situación son la desaparición de Jorge Julio López, el asesinato de Silvia Suppo, las amenazas recibidas por testigos de juicios de lesa humanidad y sus familias. Además de lo sucedido con el represor Juan Miguel Wolk. Este genocida está imputado en la causa en la que se investigan los delitos cometidos en el Centro Clandestino de Detención “Pozo de Banfield”. Tras ser indagado, en octubre del 2006 se le otorgó arresto domiciliario sin ningún tipo de control y seguimiento, lo que generó como consecuencia lógica su escape. Durante seis años se lo dio por muerto, hasta que una ex detenida desaparecida lo reconoció en la calle. Así se pudo determinar que Wolk vivía en Mar del Plata y seguía cobrando su jubilación. En abril pasado, la Corte Suprema confirmó el rechazo de la prisión domiciliaria y la causa llegó a la Cámara de Apelaciones de La Plata. El 4 de mayo, Corazza ordenó su detención, pero Wolk nuevamente no estaba en su casa. Su abogado informó que un día antes la hija del represor, que es policía, había denunciado su “desaparición”. Hoy Wolk sigue prófugo.
Ante esta situación, Justicia Ya presentó el lunes pasado un escrito repudiando las nuevas medidas emitidas por el juzgado, que incluye arresto domiciliario con control externo de la Gendarmería Nacional.
“Exigimos nuevamente la inmediata detención de todos los responsables, desde el entonces dictador Jorge Rafael Videla, hasta los centenares de comisarios, oficiales, suboficiales y agentes que se desempeñaron en centros clandestinos de detención cuyos nombres, apellidos y números de legajos duermen impunemente en los juzgados desde hace muchos años”, manifestaron a través de un comunicado las organizaciones que conforman Justicia Ya La Plata.
En cuanto al avance de las causas por delitos de lesa humanidad en la capital bonaerense, desde HIJOS La Plata criticaron la lentitud de la justicia. Explicaron que en esa ciudad son 20 los genocidas condenados desde la reapertura de las causas: “Una cifra poco representativa para una zona represiva que contó con al menos 12 Centros Clandestinos de Detención y miles de víctimas de la represión coordinada tanto por la policía Bonaerense como por Ejército, la Armada y agentes civiles de Inteligencia o de grupos paraestatales”, señalaron. Agregaron que actualmente en la jurisdicción federal de La Plata hay unas 15 causas fragmentadas en instrucción con procesamientos que incluyen nada más que a 54 represores que serán juzgados en próximos juicios.
Próximas sentencias
Mañana, viernes, a partir de las 12, se conocerá en los tribunales de Comodoro Py la condena a los genocidas Pedro Santiago Godoy (Alias Calculín, integrante de la Policía Federal Argentina) y Alfredo Omar Feito (Alias Cacho, del Ejército Argentino) por 181 víctimas del circuito represivo conocido como ABO (Atlético, Banco, Olimpo). En la puerta, H.I.J.O.S., junto a otras organizaciones, realizará un acto y transmisión en vivo de lo que suceda en la última audiencia del juicio.
En tanto, para lo que resta del mes de junio, se espera la sentencia en el primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Catamarca (audiencia prevista para el día 15), y el veredicto en el proceso en el que se juzga a genocidas por el Plan Sistemático de Robos de Bebés (el tribunal dará a conocer su decisión el 19 de junio).
Fuentes: Justicia Ya La Plata / HIJOS La Plata / H.I.J.O.S. Capital