Ante la denuncia presentada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), el Estado argentino deberá dar cuenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por qué impulsó y puso en marcha una regresiva reforma laboral (Ley 27.802) que “desplaza al Estado de su rol como árbitro entre el capital y el trabajo, en perjuicio de la parte más débil de la relación laboral, y en beneficio de la más fuerte”. La audiencia fue fijada para este martes 4 de agosto en Washington, a las 15 horas de Argentina. Previamente, el lunes 3, habrá una audiencia donde se denunciarán las consecuencias del ajuste en el sistema sanitario argentino.
“La ley retrocede fuertemente en el reconocimiento y goce de los derechos laborales históricamente amparados por las leyes argentinas. Asimismo, restringe arbitrariamente la huelga y la libertad sindical. Por otro lado, deja aún más desprotegidas a las mujeres y las/os trabajadores informales, y desmantela el sistema administrativo de control y represión de las conductas antisindicales de las empresas, así como de sus incumplimientos laborales y fiscales”, afirmó el FreSU en el pedido de audiencia que realizó junto al CELS y el SiPreBA.
La audiencia se realizará en el marco del 196º Período de Sesiones Ordinarias de la CIDH y expondrán los secretarios generales Pablo Biró (APLA), Rodolfo Aguiar (ATE), Clara Chevalier (CONADU), el secretario adjunto del SiPreBA, Francisco Rabini, representantes de la Asociación de Abogados Laboralistas, Mariana Amartino y Matías Cremonte, y de la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo (ANJUT), presidida por Juan Orsini.
En la presentación ante la CIDH, además de señalar los efectos nocivos de la reforma laboral, se subrayó que el gobierno nacional tiene “un ensañamiento especial respecto de las y los trabajadores de prensa y las personas mayores” y se citó el caso del fotoperiodista Pablo Grillo: “Gravemente herido durante una manifestación en marzo de 2025, es el episodio más grave y emblemático de las estrategias represivas implementadas desde diciembre de 2023. Este patrón sostenido de violencia estatal vulnera derechos humanos, merma la calidad democrática e institucional y reduce el espacio cívico”.
Durante la audiencia, el FreSU denunciará también diferentes situaciones de persecución política sobre dirigentes y organizaciones sindicales.
En el pedido de audiencia, se indicó que la reforma laboral “desplaza al Estado de su rol como árbitro entre el capital y el trabajo, en perjuicio de la parte más débil de la relación laboral, y en beneficio de la más fuerte” y que “la ley retrocede fuertemente en el reconocimiento y goce de los derechos laborales históricamente amparados por las leyes argentinas”.
Además, se destacó que “deja aún más desprotegidas a las mujeres y las/os trabajadores informales, y desmantela el sistema administrativo de control de las conductas antisindicales de las empresas, así como de sus incumplimientos laborales y fiscales” y que “el proceso de reformas encarado por el Gobierno combina el shock con la represión”.
Desde el CELS indicaron que en las audiencias ante la CIDH también se denunciará el impacto del ajuste fiscal sobre el sistema sanitario. Esta temática se abordará el lunes 3 de agosto, en el horario de las 17.
Esta audiencia fue solicitada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el CELS, la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), la Fundación Huésped, la Fundación Soberanía Sanitaria y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), quienes advertirán sobre el grave retroceso en el acceso integral a la salud en la Argentina y su deterioro a partir de distintas medidas que el gobierno nacional ha tomado desde su asunción y profundizado durante sus casi tres años de gestión.
Como ejes centrales para que la CIDH evalúe, se abordarán el desfinanciamiento extremo del Programa Remediar, el resurgimiento de enfermedades a partir de la eliminación o la falta de control de vacunas, la reducción de coberturas en medicamentos, pensiones y tratamientos que afecta a personas con discapacidad y con infecciones de trasmisión sexual, y las preocupaciones que genera el proyecto regresivo de reforma de la Ley de Salud Mental.
Ambas audiencias pueden seguirse en vivo por redes sociales y el canal de YouTube de la CIDH.
