Mientras un integrante del Subcomité de Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas recorre el pésimo estado de las cárceles bonaerenses, se repiten una y otra vez los casos de violencia policial en varias provincias del país. (Nota con AUDIOS)
(Red Eco) Argentina – Emilio Ginés llegó a la Argentina en una visita preparatoria a la que realizará todo el Subcomité de la ONU durante la segunda quincena de abril. El objetivo es monitorear cómo funcionan los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires.
En el marco de su visita, Ginés se reunió con los miembros de la Comisión Provincial por la Memoria, quienes todos los años elaboran un informe donde detallan las inhumanas condiciones que afrontan las personas privadas de su libertad en cárceles, comisarías, centros de detención e institutos de menores bonaerenses.
Por ejemplo, en el informe que del año 2011 se registraron 120 personas muertas en cárceles bonaerenses, además de más de 1200 hechos de violencia institucional, y una práctica sistemática de la tortura (con más de 7000 casos relevados).
Respecto a la función del Subcomité, Emilio Ginés explicó: “Nosotros no venimos a denunciar ni a sancionar a nadie. Venimos a trabajar para la prevención. Buscamos implementar una serie de políticas junto con el gobierno. Son situaciones que requieren que el gobierno dialogue con un organismo internacional y que se institucionalice un mecanismo nacional de prevención”. En este sentido, la Argentina adhirió al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT).
Ya desde 2007 debería haber puesto en funcionamiento el Mecanismo Nacional de Prevención contra la tortura: 22 organizaciones e instituciones participaron de la puesta en marcha del proyecto, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y ahora espera ser aprobado por el Senado de la Nación.
Durante su visita, Ginés manifestó su preocupación por los altos índices de prisión preventiva y la falta de investigación de los casos de tortura. Afirmó que el sistema judicial no está controlando lo que realmente pasa en los lugares de detención: “Hay casos que sobrepasan la propia condena y cuando los malos tratos se producen, y son hechos reales y tenemos constancias, no se investigan y se permite el abuso y la utilización de la fuerza sobre los detenidos que están desposeídos de cualquier tipo de protección”, señaló.
Si recorriéramos cada una de las cárceles del país, seguramente encontraríamos en todas irregularidades en su funcionamiento y en la forma en que viven los detenidos: casos de hacinamiento, falta de higiene y atención médica, maltrato físico y psicológico, y además trabajo esclavo.
Hace unos años, la Dirección de Trabajo del Servicio Penitenciario Bonaerense autorizó a que en la Unidad Penal Nº 15 de Batán se instalen 10 empresas privadas, que dan empleo a 250 internos. Según los convenios, las empresas deben pagar un canon mensual por el uso del espacio y proveer una ART y un salario a los detenidos. Pero lo cierto es que por jornadas laborales de entre 8 y 10 horas, los internos están recibiendo sueldos que no superan los 1000 pesos. A su vez, no se les da aportes previsionales, ni ayudas familiares o aguinaldos.
En cuanto a los golpes y torturas a los que son sometidos los presos por parte de los guardiacárceles, son innumerables los casos en que los apremios se transforman en mortales. Es extensa la lista de detenidos que fallecieron producto de los golpes recibidos en los lugares de detención: uno de los últimos casos difundidos es el de Raúl Abel Sánchez, quien murió luego de haber estado un mes internado en coma (varios días incluso atado a la cama), como consecuencia de la golpiza recibida en el Penal de San Cayetano, en Corrientes. En la causa, cuya carátula es “tortura seguida de muerte”, fueron recientemente detenidos cinco agentes penitenciarios, mientras un sexto, Cristian González, continúa prófugo.
Lo cierto es que algunos pocos penitenciarios llegan a ser juzgados, el problema es que muchas veces el sistema judicial está de su lado. Tal fue el caso de seis policías que fueron absueltos en Junín, provincia de Buenos Aires: estaban acusados de torturas y apremios ilegales contra un joven que se había sido recapturado tras fugarse de una comisaría.
Los efectivos declararon que el detenido se autoflageló, versión que fue avalada por el juez en lo correccional Jorge Coppola, quien en su fallo afirmó que hubo desprolijidades en la investigación de la fiscal Vanina Lizaso. Sin embargo, la familia del joven afirmó que es imposible que una persona esposada en la parte de atrás se haya auto-golpeado en distintas partes del cuerpo.
La misma estrategia de defensa puede verse en un juicio que comenzó esta semana, y que, se espera, difiera en la sentencia. Tres agentes penitenciarios son acusados por torturas seguidas de muerte del detenido Luis Ángel Gorosito Monterrosa, hecho ocurrido en 2004.
Luis Gorosito fue violado, torturado y asesinado en la Unidad 29 de La Plata, mientras se hallaba aislado en una celda. Fue también rociado con un producto inflamable y prendido fuego, generándole graves quemaduras que alcanzaron el 60 % de su cuerpo. El Jefe de la Unidad 29 de Melchor Romero denunció ante las autoridades judiciales que “el interno Luís Ángel Gorosito Monterosa se habría autolesionado en un incendio provocado por él mismo”. Pero la pericia realizada por los médicos forenses Virginia Creimer y Miguel García Olivera descartó esta posibilidad, afirmando que por las características de las lesiones fue necesaria la participación de terceras personas en el hecho.
Roberto Cipriano García, de la Comisión Provincial por la Memoria, expresó que “es muy importante que esta causa llegue a juicio caratulada como ´tortura seguida de muerte´, porque habitualmente el Poder Judicial suele caratularlas como delitos que prevén penas menores como ´severidad, vejaciones y apremios´.
Pero las irregularidades y casos de apremios y torturas no se dan únicamente dentro de las cárceles. Son claramente parte del accionar habitual de la policía. Van tres ejemplos; en la localidad santafesina de Cañada de Gómez son habituales los casos de jóvenes que son golpeados al salir de los boliches durante la madrugada por efectivos, muchas veces hasta son llevados a la comisaría sin permitirles comunicarse con sus familias.
En Neuquén, Sebastián Bustos, de 18 años, fue detenido mientras viajaba en moto. Fue en el marco de un operativo montado para localizar al asesino de un policía de la zona (hecho en el que estaría involucrado el hijo del intendente de Junín de los Andes). A pesar de haber detenido su marcha, Sebastián recibió balazos de parte de los efectivos, uno de ellos lo hirió en el hombro, por lo que fue llevado a un hospital donde lo operaron y luego permaneció internado esposado a la camilla.
La madre del joven denunció que en ningún momento las autoridades policiales ni hospitalarias se comunicaron con algún familiar; le retuvieron además el celular dejándolo incomunicado. Tampoco le pidieron sus datos personales, por lo que ni siquiera sabían de quién se trataba.
En su último boletín informativo, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denunció que durante el mes de enero de 2012 la policía de Catamarca "levantó" a casi 180 chicos de menos de 18 años en la calle. Los menores de edad representan más de la mitad de la totalidad de detenidos. Más del 80 % de esos chicos proviene de hogares de escasos recursos. Al respecto, el subsecretario de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Morales, manifestó que "el aumento en los arrestos se debe al mayor índice de delitos cometidos por los menores". De esta manera, el funcionario “justifica” el incremento en un 300% de los arrestos en relación a enero de 2011.
Pasado y Presente
Está claro que la actual realidad carcelaria y de manejo policial no es nueva. Un conjunto de personas y asociaciones (entre los que se encuentran el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos y la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales) resolvieron revisar lo sucedido hace 34 años, exactamente el 14 de marzo de 1978, en la Cárcel de Devoto. Ese día, más de 65 hombres, presos por cometer delitos menores, murieron asfixiados, quemados, o con disparos en la cabeza, ejecutados por funcionarios penitenciarios. En ese momento, el hecho fue conocido como el "Motín de los Colchones". Ahora el objetivo es revelar lo que realmente ocurrió y nombrarlo por lo que efectivamente fue: una masacre.
En este sentido, se enviaron notas dirigidas al director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel; y a la Coordinadora del Archivo Nacional de la Memoria, Judith Said, con el objetivo de señalar la cárcel de Devoto como un Sitio de la Memoria, para que se sepa que allí también actuó y mató el terrorismo de Estado.
Más información en el blog: masacrepabellon7.wordpress.com
Fuentes: Comité Provincial por la Memoria / Agencia Walsh / FARCO / Momarandu / Correpi / Su Tribuna / 8300.
Audios – Entrevista a Hugo Cañón, co-presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, realizada por Fabiana Arencibia y Sergio Lucarini en el programa “Al Oeste” de FM En Tránsito.
Pedido de aplicacion de mecanismo de prevencion de la tortura
Informes sobre el sist. carcelario prov. de bs. as. – reacciones
