Una nueva presentación judicial se suma a la ya iniciada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Ambas cuestionan el diseño del proceso y abren interrogantes sobre los beneficiarios del negocio. El vínculo con el Grupo Neuss y Santiago Caputo. Por Gladys Stagno . Canal Abierto.
La apertura de los pliegos licitatorios de la Hidrovía Paraná-Paraguay no trajo sorpresas. La ganadora será —cuando se oficialice el cierre de la etapa de impugnaciones— la empresa belga Jan de Nul, que viene dragando el río desde hace 30 años y lo hará, al parecer, por otros 25.

Pero junto a la adjudicación llegó una denuncia, que asegura que la licitación fue digitada para que sólo pudiese ganarla ese oferente, sospechado de tener vinculaciones con el Grupo Neuss y Santiago Caputo.

La denuncia penal provino de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, que se suma a la iniciada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), y que apunta a que se investigue una presunta maniobra de direccionamiento en la licitación de la Hidrovía, que habría sido hecha a medida de Jan de Nul.

Pero la presentación judicial también apunta a los que funcionarían como socios ocultos de la belga: Santiago Caputo, Luis Caputo, Iñaki Arreseygor, y el Grupo Neuss, que ya ganaron la licitación de tres de las cinco eléctricas privatizadas por este Gobierno. En este caso, el de la Hidrovía Paraná-Paraguay, se trata de quedarse con el manejo del cauce por el que navega, y paga peaje, cerca del 80% del comercio exterior argentino, el 90% del paraguayo, y el 6% del brasilero.

El juego está arreglado
La licitación para dragar el principal curso de agua de la Cuenca del Plata, la quinta del mundo en extensión y la más importante de la Argentina, vuelve a poner en debate un tema sensible: quién administra el principal corredor exportador del país y quién captura la renta que navega por sus aguas.

El pliego de la nueva concesión de la Hidrovía, prevista en 25 años, proyecta –según el Gobierno– inversiones por más de US$ 10.000 millones para obras de dragado, mantenimiento y señalización, y una profundización del calado del río, que permitiría ingresar por el Paraná barcos de mayor porte. El cobro del peaje por el corredor fluvial asciende a la friolera de unos US$ 300 millones anuales.

El consorcio que quedó mejor posicionado está integrado por Jan de Nul y Servimagnus, empresa vinculada al grupo empresario de Ricardo Román y su hijo Leonardo. Y la ventaja más fuerte obtenida sobre su competidora DEME fue en la evaluación técnica, ya que la ganadora realiza el trabajo desde los años 90, cuando el menemismo privatizó el trabajo. Es precisamente allí donde se concentran los cuestionamientos.

El Gobierno ya había dejado afuera de la licitación a las empresas públicas, lo que significó sacar del juego a CCCC, la estatal china que opera el río Yang Tsé Kiang, el único en el mundo –junto al Misisipi, en Estados Unidos, operado por el Ejército norteamericano– de una extensión similar al de la vía navegable argentina.

En principio, la PIA, que ya había intervenido en procesos anteriores vinculados a la concesión, emitió un dictamen en el que advirtió que del expediente “surgen elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades en la redacción de los pliegos”, con posibles consecuencias “administrativas y/o penales”. Entre las observaciones aparecen el diseño del sistema de evaluación, la redacción de cláusulas anticorrupción, las condiciones de cesión del contrato y la falta de estudios de impacto ambiental.

La nueva denuncia penal va un paso más allá. Según la presentación de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, el esquema habría sido construido para favorecer a un único operador y permitir luego el ingreso de terceros actores empresariales mediante subcontrataciones. En ese punto aparece el Grupo Neuss.

Los Neuss y Santi Caputo
Los hermanos Juan y Patricio Neuss vienen ampliando su presencia en áreas estratégicas de la economía. En los últimos meses participaron de adquisiciones y concesiones vinculadas al negocio energético y quedaron asociados al proceso de privatización de activos clave: lograron la adjudicación del 26,3% de Transener, empresa encargada de administrar la red troncal de transporte de energía eléctrica de alta tensión en todo el país; y se quedaron con las concesiones de las represas Alicurá, Cerros Colorados y Potrerillos, ubicadas en Río Negro, Neuquén y Mendoza.

Así, el holding Neuss completó el círculo del mercado eléctrico al tener presencia simultánea en la generación, el transporte y la distribución, donde ya controlaban la distribuidora Edersa, en Río Negro.

Ese crecimiento acelerado alimentó especulaciones sobre su capacidad de influencia en el Ejecutivo, especialmente por la relación personal que ambos sostienen desde la infancia con el asesor presidencial Santiago Caputo, reconstruida por distintas investigaciones periodísticas recientes. En ellas, la familia Neuss aparece vinculada a la Fundación Faro –principal think tank libertario– como aportante y financista.

Si bien hasta ahora no existen pruebas públicas que acrediten ese esquema de subcontratación ni participación formal del Grupo Neuss en el consorcio que encabeza Jan de Nul, la sospecha quedó incorporada a la denuncia y será uno de los puntos que deberá esclarecer la Justicia. La presentación judicial también sostiene que esta concesión digitada significaría para el Estado un perjuicio estimado en US$ 7.000 millones.

Imagen: Sofia Alberti