El Poder Judicial decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), adquirida por Vicentin en 2016. La medida marca el cierre definitivo de una compañía que arrastraba años de incumplimientos y deja a más de 550 trabajadores sin empleo. Por Indymedia Trabajadoras/es.
El Juzgado Comercial número 29 Secretaria 58 decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), la empresa que producía los postres, yogures y flanes con la marca SanCor. Allí además, producían a terceros, la leche Lechelita.

La resolución dispone la liquidación total de la empresa, la inhibición de bienes, el embargo de fondos, el cierre de las dos plantas industriales de Arenaza en Provincia de Buenos Aires y la de Monte Cristo en Córdoba, y el impedimiento de salida del país de su presidente Santiago Jesús Segovia Brun.

En 2016, SanCor Coooperativas Unidas Ltda. crea Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA) y le vende el 90% de la operación a Vicentín Family Group por USD100 millones. La operación incluía las dos plantas y “las fórmulas y marcas de productos elaborados en esas instalaciones, entre las que se encuentran Shimy, Yogs, Sublime, Flan Casero y Primeros Sabores”.

Luego aparecieron los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández para gerenciar y hacerse cargo de la operación, conocidos por controlar La Suipachense a través de Maralac S.A.

Mentir y cerrar
La quiebra llega tras un frustrado concurso y después de años de incumplimientos. Para todos los trabajadores, algunos con más de 30 años en la ex SanCor, el 13 de mayo de este año, fue el día del engaño y la traición. La empresa anunció la paralización de las plantas por un mes para reordenarse, pero nunca volvió a abrir sus puertas, no se cumplieron obligaciones, no se pagaron deudas, no se pagaron sueldos, ni aportes.

Luciano Asad Elías, hace 20 años que trabajaba en la planta de Arenaza y fue electo como Secretario General de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) de la Seccional Junín.

En declaraciones a Bae Negocios “El Turco” como lo conocen sus compañeros contó cómo están los trabajadores: “la situación es desastrosa, a 250 trabajadores no les pagan el sueldo desde junio de 2024, al resto le deben sueldos. Hay deudas salariales, de aportes patronales, de obra social, pero el sindicato siempre les dio atención médica a los compañeros y junto al ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires se les da una orden de compra para poder comprar mercadería y sobrevivir a los compañeros que se quedaron en la lucha por la reapertura. El ministerio de Trabajo bonaerense esta pendiente de lo que nos pasa”.

Desde los trabajadores señalan “para nosotros el responsable es Vicentin y los venezolanos como gerenciadores que hicieron todo lo que hacía falta para fundir a la empresa. Todo empezó con maniobras de vaciamiento en agosto de 2022. Las actividades seguían a los ponchazos y luego del cambio de gobierno de diciembre de 2023 todo empeoró, una semana antes de la feria judicial la empresa se concursó y empezaron los problemas de falta de insumos para producir en junio del año pasado ya ni pagaban salarios. Es una situación muy triste, que genera mucha angustia. Hay gente que entró a los 18, tiene 40 años en la empresa, y varios que estaban a punto de jubilarse”, dijo el Secretario General electo de Atilra que asumirá su cargo en enero.

Inhabilitaciones, embargos y fin de la operatoria
El decreto dispone la inhabilitación definitiva de la sociedad y de su administrador, además de la interdicción de salida del país hasta junio de 2026. El tribunal ordenó publicar edictos en los boletines oficiales de la Nación, Buenos Aires y Córdoba, y fijó un plazo hasta el 9 de febrero de 2026 para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura.

En el expediente se consigna un pasivo reconocido de $ 49.700 millones y garantías por otros $ 67.300 millones, correspondientes a la compra de activos de SanCor. El proceso había ingresado en concurso en marzo de 2024, pero las deudas, los más de 540 cheques rechazados por $ 6.500 millones y la paralización total de las plantas terminaron por precipitar el desenlace.

De los más de 500 trabajadores que llegó a emplear la compañía, ninguno mantiene actividad efectiva desde mayo, y la gran mayoría quedó sin trabajo ni indemnización. En Arenaza, una localidad de apenas 2.500 habitantes, el cierre dejó a toda la comunidad sin su principal fuente económica.

El juez también dispuso mantener por 30 días hábiles la provisión de energía eléctrica en las plantas, a fin de permitir las diligencias de clausura, y pidió la copia de las actuaciones en el Juzgado de Lincoln, donde ATILRA denunció a la empresa por vaciamiento y defraudación.

También La Suipachense
En tanto, al colapso de ARSA se suma al conflicto que enfrenta La Suipachense, otra láctea controlada por el mismo grupo venezolano Maralac, que emplea a unos 140 trabajadores y atraviesa una crisis severa con más de 1.000 cheques rechazados por más de $8.500 millones, atrasos salariales y nula producción. En su momento de mayor actividad procesaba hasta 250.000 litros diarios de leche.

Actualmente, la planta de Suipacha acumula denuncias gremiales por vaciamiento, despidos en el área administrativa y pérdida total de proveedores, mientras los tamberos interrumpieron las entregas por temor a nuevos impagos. En el sector señalan que la combinación de deudas, falta de financiamiento y ausencia de conducción efectiva, podrían llevar a la firma a correr la firma suerte que ARSA.