Tras las audiencias mantenidas entre el Juez de Instrucción Juan José Pazos y el Ejecutivo de Santa Fe (Gobernador Antonio Bonfatti; Ministro de Seguridad Corti; Ministro de Justicia Lewis), familiares y compañeros de los militantes asesinados en Barrio Moreno, el gobierno provincial se comprometió a esclarecer los hechos y responsables materiales de la masacre, garantizar la seguridad de los testigos, familiares y compañeros; y la creación y funcionamiento de una comisión de seguimiento de la causa junto a familiares y compañeros.
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Las audiencias se dieron en el marco de la jornada nacional de lucha efectuada el viernes 6 de enero, con adhesiones de legisladores, organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales y políticas de todo el país. En Rosario la movilización fue encabezada por familiares, vecinos y compañeros de las víctimas. También se realizaron acciones en Capital Federal, Tucumán, Mar del Plata, Chaco, Salta, Formosa, Córdoba, Neuquén y Bahía Blanca.
Desde el Frente Popular Darío Santillán Regional Rosario afirmaron que “si bien las declaraciones oficiales hablan de depuraciones en la institución policial y celeridad en los procesos judiciales, los familiares y compañeros de los militantes asesinados guardarán reserva ante la realidad de mafias enquistadas en las instituciones públicas”.
“El feroz asesinato de estos pibes no es un hecho aislado en las barriadas de nuestro país, sino que es parte de la violencia cotidiana que vive la juventud de los sectores populares. Esta realidad está cercada por el accionar de un entramado mafioso que integran narcotraficantes, barrabravas, punteros políticos y fuerzas de seguridad que tejen con total libertad sus redes de negocios, favorecidos por la corrupción estatal y resguardando sus crímenes en la intencionada estigmatización que asocia a nuestros pibes con la delincuencia.
Las políticas públicas de seguridad de los últimos años se han centrado en aumentar la presencia de las fuerzas de seguridad en las calles, sin resolver los problemas de fondo que evidencian que estas mismas fuerzas de seguridad son actores protagónicos en el entramado del crimen organizado. Esta vez los asesinatos sucedieron en Rosario, pero esta realidad se repite a lo largo y ancho del país, tal como nos lo demostraron los casos de Luciano Arruga y el secuestro y asesinato de la pequeña Candela. Por estos motivos, insistimos con que el asesinato de nuestros jóvenes compañeros es un hecho que tiene su raíz en negociados mafioso que convierten a los barrios pobres en territorios de disputa entre bandas vinculadas al narcotráfico, el negocio delictivo y el poder político. Una vez más, el hilo se corta por lo más delgado y los costos son la vida de los y las jóvenes y vecinos – vecinas de nuestros barrios”, manifestaron desde el FPDS Regional Rosario a través de un comunicado.
Aseguraron, además, que continuarán exigiendo el esclarecimiento, juicio y castigo a los culpables de los asesinatos y que se investigue a la comisaría 15º y a todos los encubridores.
