La Comisión Provincial por la Memoria denunció que ante la nula investigación judicial, una brutal golpiza, que incluyó además práctica de submarino seco y húmedo, contra un adolescente de 17 años puede quedar impune
El Fiscal Dr. Fernando Cartasegna, titular de la UFI Nº 4 de La Plata, solicitó a la justicia ser apartado de la causa iniciada en octubre de 2010, sin haber investigado los hechos de torturas denunciados oportunamente por la Comisión por la Memoria y la Defensoría Penal Juvenil N° 16.
Las torturas que sufrió Héctor Alejandro Alonso (que tenía al momento del hecho 17 años) fueron acreditadas por peritos judiciales al momento de hacerse la denuncia, además se relevó a los agentes policiales de la Seccional 6° de Tolosa. Se les instruyó sumario administrativo que tampoco avanzó ya que, por medio de mecanismos institucionales, se deja atado el resultado del sumario al resultado de la causa penal. Por lo que al no haber imputación del delito por la nula investigación judicial, las medidas administrativas de pases a disponibilidad quedan sin efecto y los agentes vuelven a trabajar sin sanción alguna.
Ahora, el fiscal pide ser apartado de la investigación con el argumento de que se siente ofendido porque un denunciante informa a la Procuración el estado de la causa y la ausencia de todo impulso procesal. El pedido de apartamiento ocurre tras no haber realizado ningún acto de prueba de entidad, manteniendo la carátula de "Severidades, vejaciones y /o apremios ilegales", sin citar a nadie a declaración indagatoria.
Cabe remarcar que durante el trámite de esta causa, Alonso fue reiteradamente hostigado y perseguido por la policía bonaerense, se fraguaron contra él causas judiciales y se le hicieron allanamientos sin orden judicial o hasta incluso autorizados por la misma Fiscalía.
Sobre el caso, el Director del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, Dr. Roberto F. Cipriano García, manifestó: “Solicitamos al Ministerio Público provincial, el avance urgente de esta causa penal y el cumplimiento de la resolución 1390 para que se profundice la actuación fiscal en todas las causas que investigan delitos cometidos por funcionarios públicos. También reiteramos lo pedido hace tiempo para que se elaboren protocolos de investigación para casos de torturas y que se analice la responsabilidad de estos funcionarios que incumplen con sus deberes funcionales”.
La magnitud del caso motivó la intervención de la Organización Mundial Contra la Tortura  que solicitó al Estado Nacional, Provincial y Municipal, medidas de protección y de reparación a la víctima, además de una pronta y exhaustiva investigación, apartando del cargo a los funcionarios responsables. No se cumplió con esta solicitud ni hubo asistencia adecuada para Alonso como víctima de torturas de parte de los Poderes Ejecutivo o Judicial.