Un escribano tucumano, imputado por torturas y asesinatos durante la última dictadura, se escapó de un hospital psiquiátrico donde estaba con custodia de la Policía Federal. En Chaco, detuvieron a un médico policial acusado de participar en sesiones de tortura, y en Jujuy hay preocupación por la morosidad en el avance de los juicios por delitos de lesa humanidad en esa provincia.
(Cecilia Litvin – Red Eco) Argentina – Juan Carlos Benedicto está acusado de ser el autor material de tormentos agravados en perjuicio de Adolfo Méndez Brander, Margarita Laskowski y Gustavo Adolfo Fochi; además de los delitos de homicidio en perjuicio de Fochi, y de asociación ilícita agravada; todos hechos cometidos durante la última dictadura. Benedicto, un destacado escribano de Tucumán durante la democracia, fue el primer civil imputado por crímenes de lesa humanidad en el Centro Clandestino de Detención “El Arsenal” Miguel de Azcuénaga.
En septiembre de 2010 fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y se dispuso su arresto domiciliario hasta tanto se resuelva su situación procesal. Pero ya al día siguiente de la detención, Benedicto violó por primera vez el arresto domiciliario.
El propio fiscal ad hoc de la Oficina Tucumán de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, Pablo Camuña, lo vio realizando compras en un negocio. Al verlo, Benedicto no se inmutó, por el contrario, lo saludó con total naturalidad.
Ante las reiteradas violaciones, a fines de 2010 fue detenido en el penal de Villa Urquiza, donde estuvo hasta octubre de este año cuando nuevamente fue llevado a su casa para someterse a una cirugía en la rodilla, cuya rehabilitación no podía realizar en la cárcel. Presuntamente, Benedicto intentó suicidarse en su casa, por lo que fue internado en la clínica neuropsiquiátrica "Dr. Corbalán", de la que se fugó la semana pasada, a pesar de estar bajo custodia de la policía federal. Desde entonces, nada se sabe de él.
Ante este hecho, varios organismos de derechos humanos provinciales expresaron su repudio. En un comunicado conjunto, H.I.J.O.S. Tucumán en la Red Nacional, Familiares de Detenidos Desaparecidos de Tucumán, Asociación Madres de Plaza de Mayo filial Tucumán, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales, Asociación de Ex Presos Políticos de Tucumán, Asociación Tucumana Contra la Impunidad, entre otras organizaciones, le exigen al Juez Federal Daniel Bejas (a cargo de la causa) que explique cómo fue posible que el imputado bajo custodia policial se diera a la fuga, repudian las concesiones dadas a los genocidas que hacen posible situaciones como estas, y reclaman su urgente relocalización. Responsabilizan, además, al magistrado por la integridad de testigos, víctimas, sobrevivientes, familiares y abogados querellantes.
“Exigimos las sanciones correspondientes para quienes fueron responsables de esta escandalosa fuga, desde la fiscalía hasta la policía federal. Queda demostrado que las instituciones privadas, como es el caso del nueropsiquiatrico "Dr. Corbalán", no garantizan la custodia necesaria, sino tan sólo las comodidades que los represores pretenden. (…) Exigimos al juzgado a cargo del Dr. Bejas que notifique en tiempo y forma a las querellas del estado de todos los imputados por crímenes de lesa humanidad, es inadmisible que éstas tengan que enterarse por el diario que se profugó un genocida”, agregan en el comunicado.
Por este motivo, los organismos convocaron a una movilización en la puerta del Juzgado Federal (Las Piedras esquina Congreso, San Miguel de Tucumán) para mañana, viernes 16 de diciembre, a las 11.30.
Benedicto no es el primer genocida que se fuga. El ex Teniente coronel Antonio Arrechea está prófugo desde hace ocho años; en tanto se desconoce el paradero de Héctor Mario Schwab desde 2008, a pesar de no haberse presentado a su primera indagatoria, la justicia difundió en los medios de comunicación el día que volvería a ser llamado a declarar, por lo que Schwab nunca se presentó.

Un nuevo aniversario, un genocida más detenido
El martes 13 de diciembre se cumplieron 35 años de la Masacre de Margarita Belén, cuando, en un operativo conjunto, el Ejército Argentino y la Policía del Chaco torturaron y fusilaron a 22 presos políticos. Como era habitual en aquellos años, se ocultó el fusilamiento disfrazándolo de tiroteo como consecuencia de un intento de fuga de prisioneros.
El domingo pasado fue detenido Héctor Orlando Grillo, ex médico policial, imputado por los delitos de Privación Ilegítima de la Libertad y Tormentos Agravados, en calidad de autor. Grillo es acusado de ser parte de una organización ilícita en la que su función era poner a disposición su conocimiento médico a fin de supervisar el sufrimiento de la víctima durante la tortura. Además, estuvo involucrado en la elaboración de los certificados de defunción apócrifos de las víctimas de la Masacre.
Ante esta nueva detención, los familiares de las víctimas de la Masacre aseguran que ahora irán por el arresto de toda la complicidad judicial.

Todo queda en familia
Las Madres y Familiares de Desaparecidos en Jujuy le enviaron una carta al presidente del Tribunal Oral Federal de esa provincia, Dr. René Vicente Casas, en la que manifiestan estar atentos y afligidos ante un eventual nombramiento como Secretaria de ese Tribunal a una pariente del Juez Subrogante Carlos Olivera Pastor, al que han acusado en forma reiterada por la morosidad en la instrucción de las causas por delitos de lesa humanidad a su cargo.
Las organizaciones de Derechos Humanos consideran que la actuación del magistrado ha sido nefasta porque ha tardado años en instruir las causas, jamás recibió en audiencia a los organismos de DD HH, tampoco contestó favorablemente medidas solicitadas por los abogados querellantes, desarticuló las causas y procesó a pocos imputados.
“Dados los antecedentes de este juez tan cuestionado, vemos con indignación la posibilidad de que el nombramiento recaiga en una persona perteneciente a su entorno familiar, ya que los cargos en la administración de justicia no son hereditarios. (…) La creación de estos cargos responde a la demanda de agilización en los juicios de lesa humanidad que se están llevando adelante en nuestro país como parte de las políticas de memoria, verdad y justicia, por lo tanto la persona que lo ocupe debe recaer en alguien que tenga el suficiente conocimiento, competencia  y compromiso con estas causas”, explicaron en el comunicado.
Fuentes: H.I.J.O.S. Tucumán en la Red Nacional / Contrapunto / Chaco Día por Día.