Mientras  más de 5 mil personas padecen actualmente persecución penal por movilizarse en reivindicación de sus legítimos derechos y aspiraciones, un proyecto de Ley contra la criminalización de la protesta social espera, en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, dictamen favorable que permita su tratamiento en el recinto.
(Red Eco) Argentina- La iniciativa ingresó  en abril de 2010 y desde entonces se encuentra en la Comisión de Legislación Penal de la cámara baja.  El proyecto de ley con número de expediente 1753-D-2010,  presentado por el diputado Horacio Alcuaz  y acompañado por las firmas de miembros de Proyecto Sur, Libres del Sur, Coalición Cívica, UCR, tiene por finalidad “garantizar el derecho a la participación popular en la vida pública, el derecho a organizarse en sus distintas formas, así como a la protesta social, a fin de evitar su criminalización”.
A su vez establece “ la extinción de la pena y/o la acción penal en todas las causas judiciales contra personas imputadas a raíz de su participación en hechos ocurridos con motivo o finalidad de reivindicación social, económica, política, laboral, sindical, gremial, cultural, estudiantil, ambiental, de usuarios, de derechos de los pueblos originarios, de derechos humanos, de salud pública, de educación, de justicia, a las que se les impute una figura penal, cualquiera sea el bien jurídico lesionado y el modo de comisión”.
Por lo que insta a los magistrados de todo el país que actualmente  intervienen en estas causas a ordenar la extinción de la acción penal y/o de la pena, sobreseer a los imputados/as, ordenar la liberación de quienes se encuentran detenidos y el cese de la condena e inmediata libertad del condenado, cuando existiera sentencia firme.
En los últimos 8 años más 5 mil luchadores populares han sido involucrados en causas judiciales. Mientras que en los últimos diez años se presentaron otros ocho proyectos rechazando la criminalización de la protesta que nunca superaron el tratamiento en comisiones y perdieron estado parlamentario.
Algunos de estos casos tuvieron resonancia mediática, como la detención de Rubén “Pollo” Sobrero, delegado de los trabajadores de TBA, cuya liberación fue producto de una importante movilización y solidaridad popular. Como él, decenas de trabajadores han sido procesados. Entre ellos los trabajadores de Kraft. Javier Hermosilla, Ramón Bogado, María Rosario, Lorena Gentile, todos integrantes de la actual y de la anterior Comisión Interna, que tienen en su contra una decena de procesos judiciales por los cortes en la Panamericana de 2009, a través de los cuales lograron difundir a la opinión pública y resistir el despido de 160 trabajadores, incluida media Comisión Interna. También han sido procesados los dirigentes Vilma Ripoll (MST) y Nestor Pitrola (Partido Obrero) por haberse solidarizado con dichas manifestaciones.
Además están procesados los delegados del Teatro Colón, los dirigentes del Hospital Garrahan, el dirigente portuario Pancho Montiel, de ATE de Las Heras, de Fasinpat (Zanón), de FATE, entre otros.
A su vez Carlos Olivera, directivo del SITRAIC se encuentra detenido por una causa armada; el petrolero santacruceño Victor Oñate, Mario Tapia y Aldo Claros, fueron detenidos luego de la masacre de Ledesma y la militante política e hija de desaparecidos Karina Germano, “La Galle”, detenida en Brasil en el año 2002, acusada injustamente por un secuestro extorsivo, que espera actualmente que la Corte Suprema dicte su libertad condicional.
Este pequeño listado da cuenta de lo que los diputados señalan en los fundamentos del proyecto: “La criminalización de la protesta social, práctica que se ha arraigado en el accionar diario de algunos magistrados y fiscales que han propiciado la intervención de las fuerzas de seguridad y han sujeto a proceso a ciudadanos que, en ejercicio de su legítimo derecho de peticionar ante las autoridades, participan en organizaciones, movilizaciones sociales, huelgas o diversos actos populares contra políticas sociales y económicas”. A lo que agregan “Ante la falta de respuestas del Estado a los reclamos populares, se torna cada vez más frecuente la utilización de los procedimientos legales con el inocultable propósito de amedrentar a los actores sociales, acallar los reclamos populares, desarticular los movimientos sociales, deslegitimar la protesta”
Sin una ley de estas características y con el reciente ingreso al Congreso de un nuevo proyecto de Ley antiterrorista presentado por el Poder Ejecutivo, parece evidente la agudización de la judicialización de la protesta social.
Por lo que los Legisladores concluyen: “Entendemos que la reducción de la política a expediente jurídico no representa otra cosa que su definitivo plegamiento a un proyecto de sociedad definido desde la función policial. La judicialización de la vida en sociedad significa la derrota definitiva de la política como forma de organización social”.
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