Las cárceles argentinas siguen dando que hablar. Los presos de un penal de Corrientes realizan una huelga de hambre en contra de las condiciones en las que viven; una jueza chaqueña exige urgentes mejoras en comisarías, y un informe de la Coordinadora de Trabajo Carcelario denuncia las gravísimas deficiencias del sistema carcelario santafesino.
(Red Eco) Argentina – 10 muertes en 2011, 40 en cuatro años en cárceles santafesinas. Más de la mitad de los detenidos no tiene condena, un tercio está alojado en dependencias policiales (básicamente comisarías). Estas son algunas de las conclusiones de un informe elaborado por la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC), que será enviado al Subcomité contra la Tortura en Ginebra, Suiza, en el marco del pedido de una visita in situ de expertos a Santa Fe.
La situación en las dependencias policiales es de una precariedad absoluta, no están preparadas para alojar personas. No garantizan un lugar digno para vivir, existe sobrepoblación que duplica o triplica sus capacidades. Tampoco la salud, la educación, ni la posibilidad de realizar actividades están aseguradas. No se cumple ni con las condiciones mínimas de higiene, teniendo por ejemplo uno o dos sanitarios en lugares donde se alejan entre 20 y 50 detenidos. Aunque legalmente no corresponden que estén allí, hay que personas que pueden pasar más de un año o hasta toda su condena. Además, en estos ámbitos es común por un lado un alto grado de violencia policial para con los internos; y por el otro, que se pida dinero a familiares para no trasladar a los detenidos, o para otorgar visitas “extraordinarias” y dejar ingresar elementos no permitidos.
En relación a las unidades penitenciarias, el informe de la CTC afirma que faltan elementos indispensables, como colchones, ventanas en invierno, desagües cloacales, cañerías, agua potable, alimentación de calidad.
Se ha vuelto una modalidad constante el traslado fuera de la provincia a detenidos que se encuentran a disposición de jueces de la provincia, alejándolos así de sus familias y de las personas que siguen y entienden en sus causas. También se han trasladado delegados que participaron en huelgas y reclamos.
A su vez, no se ha investigado la cantidad de fallecidos en forma violenta, suicidios o por enfermedad que se produjeron en los últimos años en las cárceles santafesinas.
En relación a los menores de edad, de los 83 jóvenes detenidos más de la mitad está alojada en el Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario (IRAR, administrado por la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil y el Servicio Penitenciario). Allí se carece de la higiene mínima requerida, y no está garantizado el acceso de todos a la escuela. Además, son constantes los hechos de violencia por parte del Servicio Penitenciario, o entre los propios jóvenes, sin que intervengan las autoridades. También son numerosas las denuncias de torturas y apremios por parte de la policía al momento de ser detenidos.

Huelga de Hambre
La llevan adelante desde el martes pasado, dos tercios de los internos del Penal San Cayetano de Corrientes. Maltrato policial, dilación de las causas judiciales (muchos juicios que tenían fecha antes de fin de año fueron pospuestos para 2012), mal funcionamiento de los servicios sanitarios, de agua y energía, son los motivos de esta medida de fuerza.
Además, el sábado pasado en el pabellón donde se alojan los menores, hubo una violenta represión policial, que incluyó balas de goma, y que dejó varios presos heridos. A su vez, algunos fueron trasladados a los calabozos sin colchones y con el piso con agua, ya que había llovido todo el día.

Sin Lugar
La jueza de Faltas de la localidad chaqueña de Barranqueras, Sandra Saidman, le pidió al ministro de Gobierno provincial, Juan Manuel Pedrini, que se ejecuten mejoras en las deterioradas tres comisarías de la jurisdicción. Por ejemplo, en algunos casos se trata simplemente casas de familia “adaptadas” para ser centros de detención. No hay espacio previsto para el alojamiento de mujeres, la comida es provista por la guardia de las unidades o directamente por los familiares de los detenidos, y la higiene del lugar es responsabilidad de los presos.
En el documento presentado al Superior Tribunal de Justicia, la Fiscalía de Derechos Humanos, el Ministerio de Gobierno y la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, Saidman denuncia además las razzias que realiza periódicamente el servicio de seguridad policial 911.

Solo una muestra de parte de la situación carcelaria de tres provincias, una realidad que se repite en cada uno de los distritos del país, sin que las autoridades locales y nacionales se hagan cargo y respondan en consecuencia.

Fuentes: Momarandu / Coordinadora de Trabajo Carcelario / Redacción Rosario / Chaco Día Por Día.