Avanzan los juicios y procesamientos contra represores de la última dictadura, pero se mantienen la revictimización de los sobrevivientes y los manejos cómplices de la justicia.

(Red Eco) Argentina – Este lunes el juez federal Daniel Rafecas ordenó la detención de 15 represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad contra más de 120 personas en el Centro Clandestino de Detención conocido como Puente 12 o Protobanco, que funcionó entre 1974 y 1977 en el partido de La Matanza. Es en el marco de la megacausa del Primer Cuerpo del Ejército. Además de integrantes de esa fuerza, están involucrados ex miembros de la Policía Bonaerense. Mientras que en la localidad santafesina de Casilda detuvieron al sacerdote Eugenio Zitelli, ex capellán de la Unidad Regional II entre los años 1964 y 1983, en la causa Díaz Bessone. Se lo acusa por delitos de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones de Rosario, como privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita. La detención ocurrió luego de que el juez federal Marcelo Bailaque, titular del juzgado federal Nº 4, llamara a indagatoria a 17 represores. Entre ellos, figuran Jorge Rafael Videla, Ramón Genaro Díaz Bessone, Alfredo Sotera, ex jefe de la inteligencia militar del Batallón 121, y Ricardo Corrales, secretario personal de Agustín Feced que se encargaba de recibir a los familiares de los detenidos y engañarlos. Algunos recibirán prisión domiciliaria por motivos de edad.
Estos llamados a indagatoria ocurrieron tras un pedido efectuado por el fiscal Gonzalo Stara, a partir de una presentación realizada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Familiares de Rosario, APDH de Rosario y UMANO de Casilda.
En tanto, se espera para los próximos días que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 dicte sentencia en el juicio contra el ex penitenciario de la Unidad Nº 9 de La Plata, Pedro César Guerrero, acusado de tormentos cometidos contra presos políticos de esa cárcel durante la última dictadura. La fiscalía y los querellantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la CTA pidieron 10 y 14 años de prisión. En sus alegatos también reclamaron que el tribunal denuncie a cinco jueces que fueron mencionados por los testigos, por haber desoído reclamos concretos de los padecimientos sufridos por los detenidos en la Unidad 9.
Pero más allá de estos datos concretos, hay una situación que se repite en los juicios por delitos de lesa humanidad y que en este último caso quedó claramente de manifiesto.
Distintas organizaciones de derechos humanos, como la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos; el Centro de Abogados por los Derechos Humanos, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, HIJOS La Plata, Liga Argentina por los Derechos del Hombre; señalaron que varixs compañerxs que declararon en este juicio ya lo habían hecho en uno desarrollado durante el año pasado, en el que se juzgó a un grupo de penitenciarios y médicos también de la Unidad 9.
Como Guerrero estuvo prófugo durante dos años y fue detenido cuando ya había comenzado el trámite de juicio oral para los 11 penitenciarios y tres médicos que fueron juzgados el año pasado, Justicia Ya pidió en su momento al tribunal que pospusiera el inicio del juicio tan sólo una semana para que se cumplieran los requerimientos legales que hubieran permitido juzgarlo junto con este grupo de represores. Pero la respuesta del Tribunal fue negativa. “Las consecuencias (…) ante nuestro pedido son hoy claras: por un lado la revictimización de aquellos compañeros que deben declarar frente al mismo tribunal que los escuchó el año pasado para contar los mismos tormentos a los que fueron sometidos y, por otro lado el retraso innecesario para hacer justicia por los delitos cometidos por este genocida hace ya más de treinta años”, manifestaron las organizaciones a través de un comunicado.
En el actual proceso, Guerrero es juzgado por las torturas cometidas contra 26 compañeros, sólo tres de ellos no declararon en el juicio del año pasado. Durante las declaraciones, la frase más repetida de cada uno de los testigos ante las preguntas del Tribunal fue justamente: “Eso ya lo declaré hace menos de un año”.
En Mendoza, en tanto, el juez federal Julio Demetrio Petra fue procesado por favorecer a su colega prófugo Otilio Roque Romano, acusado de participar en crímenes de la dictadura. El año pasado, Petra, como integrante de la Cámara Federal de Mendoza, apartó al juez federal Walter Bento cuando quiso interrogar como acusado a Romano. Además, pocas semanas después de haber favorecido a Romano, ambos fueron vistos (y fotografiados) mientras charlaban amistosamente en un bar céntrico de la capital mendocina. Finalmente, Bento fue repuesto en la causa y el juez federal de San Rafael Eduardo Puigdéngolas procesó a Petra por incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato.
Ante esta situación, Petra presentó su renuncia para evitar el juicio político. Ahora es la presidente Cristina Fernández quien debe resolver si la acepta o no. En caso de aceptarla el juicio político se suspende, pero las investigaciones judiciales podrán continuar.
Tanto Petra, como Romano y Luis Francisco Miret (destituido este año por el Consejo de la Magistratura por su participación en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura) fueron siempre denunciados por organizaciones de derechos humanos de Mendoza por favorecer deliberadamente a represores de la dictadura dilatando resoluciones y concediendo excarcelaciones arbitrarias.

Fuentes: Agencia Walsh / Farco / AEDD / Redacción Rosario / LADH