Familiares, amigos, organizaciones sociales y políticas volvieron a marchar hoy para pedir justicia y condena para los responsables de la muerte de los cuatro adolescentes ocurrida en el incendio de la Alcaidía. El gobernador Eduardo Brizuela del Moral aceptó ayer las renuncias presentadas por el subsecretario de Seguridad, Luis Baracat; el Jefe de Policía, Francisco Mercedes Soria; y el Sub Jefe, Dionisio Amando Ahumada.
(Red Eco) Catamarca – La marcha recorrió pacíficamente las calles que van desde el Juzgado de menores hasta la Casa de Gobierno en San Fernando del Valle de Catamarca. Una fuerte custodia policial se encontraba frente al edificio gubernamental, pero los manifestantes no entraron en el juego de agresiones y provocaciones que en las movilizaciones realizadas la semana pasada terminaron con represión, balas de goma y detenciones.
Desde que se iniciaron las marchas, uno de los pedidos fue que se enjuicie a la cúpula policial, no más represión, más educación, y la destitución de las juezas Nieto y Figueroa, responsables de la permanencia de los adolescentes en la Alcaldía. La represión de las movilizaciones de la semana pasada, y el trascendido acerca de que las falencias en el sistema contra incendios del anexo policial eran conocidas a causa de un informe presentado en enero de 2010, derivaron en la presentación de la renuncia indeclinable del subsecretario de Seguridad, Luis Baracat; del Jefe de Policía, Francisco Mercedes Soria; y el Sub Jefe, Dionisio Amando Ahumada, que fue aceptada ayer por el gobernador Eduardo Brizuela del Moral. Lejos de hacerse cargo, el mandatario se deslinda su responsabilidad en lo sucedido, como si cambiando las autoridades del área de seguridad se modificara el sistema represivo imperante.
Argentina ha sido señalada reiteradamente por organismos como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y el Comité contra la Tortura, por detener niños y alojarlos en Comisarías. Sin embargo, esta práctica continúa y se cobra nuevas vidas adolescentes.
En este último caso, las víctimas fueron los adolescentes Nelson Molas (17), Nelson Fernández (15), Franco Sosa (17) y Franco Nieva (16) que murieron calcinados luego de permanecer entre 7 y 15 días detenidos, cuando el tiempo máximo que pueden permanecer privados de la libertad es 48 horas. Los familiares de las víctimas denunciaron que en el transcurso de los días que permanecieron detenidos los adolescentes fueron torturados, los tenían en condiciones infrahumanas, en celdas sin ventilación, sin suficientes colchones y con baños totalmente sucios. Luego se supo que el incendio fue provocado cuando uno de los policías mostró un encendedor a uno de los muchachos y le dijo “si sos macho, prendé fuego”. Le tiró el encendedor y les cerró la puerta de la celda con candado. Los jóvenes prendieron fuego los colchones, pero el efectivo no abrió la puerta. Otro agente le dijo que no haga eso y llamó al comisario. Recién cuando el comisario llegó dio la orden de abrir la celda, pero ya era tarde. Franco Sosa falleció en el incendio mientras que Nelson Molas murió horas después en el hospital San Juan Bautista. Nelson Fernández y Franco Nievas fallecieron al día siguiente.
Las cárceles y dependencias policiales de Argentina están llenas de estos casos. Como el 13 de enero de 2006, en la comisaría 7ª de Corrientes, donde había 7 pibes presos, todos por averiguación de antecedentes o contravenciones de los cuales 4 murieron, todos de 17 años. En Orán, Salta, el año 2009 empezó con tres adolescentes muertos en un incendio en la comisaría, la misma donde el 25 de octubre de 2006 habían sido detenidos cuatro los pibes, dos de 17, uno de 16 y uno de 15, que murieron carbonizados.
Casi todos los muertos en comisarías son detenidos de forma arbitraria por averiguación de antecedentes, como los cinco pibes del incendio en la comisaría de Lomas del Mirador en diciembre de 2009, o por contravenciones, como Rosa Yamila Gauna, de 15 años, que el 11 de enero de 2007 fue detenida por ruidos molestos en Misiones, y murió unos días después, con el 90% del cuerpo quemado, quizás para ocultar que había sido violada por los policías.
La semana pasada, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto elaborado por 24 organizaciones de derechos humanos de todo el país, por el que se crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, cuyo objetivo principal es la implementación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que nuestro país ratificó en noviembre de 2004, y que debería haberse implementado desde hace cuatro años, mediante la creación de Mecanismos de Visita a todos los lugares de encierro de jurisdicción federal y provincial: cárceles, comisarías, alcaidías, institutos de menores, centros de atención para adictos, psiquiátricos, etc.
Ahora es el Senado de la Nación donde debe aprobarse urgentemente este proyecto, y para que se implementen los mecanismos de visita que puedan recorrer todos los lugares donde haya personas privadas de libertad.
Fuentes: Indymedia, CORREPI, Prensa de Frente, Pelota de Trapo
