Los fiscales Luis Cevasco y Claudia Barcia insisten en acusar de “usurpación” a quienes se pusieron al frente del reclamo de vivienda de las familias sin techo, luego de la toma del Parque Indoamericano. Organizaciones y legisladores difundieron una carta pública en contra de la criminalización de la pobreza.
Las causas penales contra los referentes de las organizaciones que participaron en diciembre de 2010, en los acontecimientos del parque Indoamericano, iniciadas por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, fueron reabiertas. Entre los perseguidos, se encuentra Diosnel Pérez, secretario de Promoción Social de la Villa 20 y militante del Frente Popular Darío Santillán.
En su carta pública, las organizaciones y legisladores afirman que todos los anuncios realizados por los gobiernos de la ciudad y la nación sobre un plan de viviendas que resolvería el déficit habitacional, se han convertido, tras ocho meses, en promesas. Señalan que tampoco hay novedades en cuanto a la investigación de quiénes fueron los responsables penales de las muertes de Rosemary Churapuña, Bernardo Salgueiro y Emilio Canaviri Álvarez (cuyos asesinos caminan por las calles). Consideran que, en cambio, sí se ha avanzado en la profundización de la criminalización de la pobreza y de la protesta social.
Contrariamente con lo solicitado por la fiscalía, la jueza de primera instancia determinó la inexistencia del delito de usurpación del Indoamericano, bajo el entendimiento de que lo sucedido en diciembre excedía el marco del derecho penal y que se enrolaba en una cuestión social. Pero el Ministerio Público Fiscal de la ciudad insiste en juzgar a los referentes sociales que participaron del proceso, apelando la sentencia y solicitando el apartamiento de la magistrada. A continuación, la sala I de la Cámara de apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA resolvió no apartar a la jueza, pero sí realizar la reapertura de la causa.
“Mientras éstas sean las únicas respuestas de los gobiernos, la conflictividad en torno a la vulneración del derecho a la vivienda y al suelo, seguirá presente y podría profundizarse, tal como queda reflejado en los recientes hechos en Jujuy. Estas respuestas estatales son contrarias a nuestra constitución local que reconoce ampliamente los derechos sociales y específicamente ordena desarrollar políticas para superar las condiciones de pobreza”, señalan los firmantes de la carta.
Para adherir a la carta pública: villas@acij.org.ar

Fuente: Prensa de Frente