La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Juan Fégoli y Luís García, revocó la decisión del Tribunal Oral Federal Nro. 1 de San Martín en la causa por el asesinato de Floreal Avellaneda y las torturas a su madre Iris Pereyra, por lo que los genocidas Reynaldo Benito Bignone y Santiago Omar Riveros podrán gozar del beneficio de “arresto domiciliario” hasta que quede firme la condena a perpetuidad que recibieran en los años 2009 y 2010.
(Olivier Reboursin para Red Eco) Buenos Aires – En agosto de 2009, el Tribunal Oral Federal Penal Nro. 1 de San Martín, integrado por los Dres. Lucila Larrandart, Héctor Segretti y Marta Milloc, condenó a Riveros –ex representante de la dictadura argentina ante la Junta Interamericana de Defensa y máximo responsable del Comando de Institutos Militares en los primeros años del gobierno dictatorial- a prisión perpetua por el asesinato del militante comunista Floreal Edgardo “El Negrito” Avellaneda y las torturas sufridas por su madre, Iris Pereyra de Avellaneda. Ya cuatro meses antes, el tribunal había dispuesto revocar el beneficio de arresto domiciliario concedido en tiempos de la instrucción obligando a los acusados, sin importar su edad, a cumplir la detención en sede penitenciaria.
Al tiempo de dictar la condena, y siguiendo los mismos lineamientos contenidos en fallos anteriores, el TOF de San Martín estableció la exigencia de que la pena se cumpla en un instituto dependiente del Servicio Penitenciario Federal “en virtud de la gravedad y el carácter de los delitos sancionados (crímenes de lesa humanidad) y las altas penas a las que había sido condenado”.
La medida apelada por el Defensor Oficial Juan Carlos Tripaldi fue finalmente revocada en una breve exposición de apenas cuatro carillas y en forma unánime por la Sala II de la Cámara de Casación. La gravedad del hecho aumenta al conocerse que la decisión fue dictada luego de que a la audiencia previa no concurriera en representación de la acusación, el Fiscal ante la Casación Juan Martín Romero Victorica.
Como bien dicen Iris Avellaneda y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre en un comunicado emitido ni bien se conoció la noticia de la posible liberación de los genocidas: “Romero Victorica, que debería representar el interés de toda la comunidad y en especial, en este caso, mi interés, no concurrió a la audiencia para defender mis derechos. Esperamos del Dr. Righi y la Procuración General de la Nación, una investigación en forma y la correspondiente sanción al miserable colaborador de los genocidas que hace tiempo debiera haber sido removido de su cargo”.
La actitud de la Sala II, sin embargo, no es sorpresiva, y muestra la imbricación de sus miembros con el Terrorismo de Estado y sus responsables probando la vigencia de conceptos e intereses de la dictadura en diversos estamentos del poder estatal. Fue precisamente este tribunal con dos de sus integrantes actuales –Yacobucci y García- el que en diciembre de 2008 impulsó la libertad de varios genocidas –entre ellos Jorge “El Tigre” Acosta, Alfredo Astiz y Antonio Pernías- bajo la máscara de la “normalidad procesal” al afirmar que el Juez Instructor se había excedido en los plazos razonables de detención sin sentencia firme y dispuso el "cese" de las respectivas prisiones preventivas. Estos argumentos no suelen tener acogida en la mayoría de los ciudadanos procesados por delitos comunes en ninguno de los ámbitos judiciales del territorio nacional.
Más allá de que dicho intento no prosperó finalmente, muestra a las claras los vínculos ideológicos de gran parte del Poder Judicial con la dictadura y sus personeros. Sirve como ejemplo, también, la trayectoria del juez Yacobucci, conspicuo miembro de la derecha nazi local y redactor en tiempos de la Triple A de la revista “Cabildo” que se tornaría en aquellos años un “house organ” primero de los crímenes de la organización terrorista parapolicial y luego de la represión en manos del Terrorismo de Estado. Y qué agregar de Romero Victorica, un hombre con probados vínculos con la represión genocida tanto desde su rol de funcionario como en su carácter de ideólogo y defensor conspicuo de militares y dictadores. Su última vinculación salió a la luz hace poco más de un mes cuando la joven que recuperara su identidad, Victoria Montenegro,  denunciara la íntima amistad y coincidencia ideológica entre su apropiador, el fallecido Coronel Tzestlaff, y el Fiscal ante la Cámara de Casación.
Por todo ello, queda claro que se hace hoy más necesaria que nunca una gran campaña de movilización popular y denuncia de estas situaciones amparadas en tecnicismos legales. Que incorpore a la mayor cantidad posible de sectores comprometidos con la lucha contra la impunidad y por la democracia profunda y verdadera incluso dentro del mismo Poder Judicial para que la histórica conquista que han significado los juicios no quede en meras expresiones formales. Lo contrario implica consagrar, como bien lo ha señalado la Liga en su comunicado de prensa, “una burla más del sistema judicial” y una afrenta no sólo a los que hace más de treinta años luchan contra la impunidad sino a la sociedad argentina toda.