En lo que va de 2011, ocho detenidos murieron en cárceles santafesinas. En los últimos días, se denunciaron agresiones de parte de la policía en distintas provincias del país. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos volvió a reclamar que el Estado argentino resuelva la situación de los menores presos.

 
(Cecilia Litvin – Red Eco) Argentina – Un guarda encontró el martes pasado a un interno en el piso de su celda agonizando, tras haber recibido 30 puñaladas. Fue en el Pabellón Nº 12 del Instituto Correccional Modelo César Tabares (Cárcel de Coronda).
El joven estaba procesado por “robo calificado”, pero aún no tenía condena.
Es el octavo interno de una cárcel santafesina que muere en forma violenta en lo que va de 2011. Además de puñaladas, las causas de las otras muertes fueron ahorcamiento y quemaduras.
Desde la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) afirmaron que no es un dato menor ocho muertos en cuatro meses. “Es un llamado de atención para las autoridades que deberán observar las políticas publicas que se necesitan llevar a cabo”. En este marco, reclamaron la inmediata implementación de políticas que prevengan este tipo de hechos: “Es fundamental que se entienda que tras los muros hay niños y adolescentes, hombres y mujeres que son parte de la sociedad y que sus condiciones de detención y sus vidas no deberían ser ajenas al resto de la sociedad y mucho menos a los funcionarios encargados de estas áreas y al gobernador”, manifestaron.
Es por este motivo que reiteraron el pedido de que se implemente el Protocolo Facultativo a la Convención Contra la Tortura, para lo que ya se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. La iniciativa lleva la firma de los presidentes de todos los bloques de más de 20 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de todo el país.
El protocolo apunta a crear mecanismos de visita a todos los lugares de encierro, por parte de organizaciones sociales y de derechos humanos, de arquitectos, ingenieros, médicos y abogados, para que recorran las instalaciones y conversen con los presxs. Según argumentaron, este mecanismo también permitirá recopilar información oficial de situaciones de irregularidades, torturas y muertes.
“El Estado debe saldar de una vez por todas estas situaciones trágicas previniendo estos hechos como es su función; sumando esfuerzos con las organizaciones sociales y de derechos humanos y las personas privadas de libertad que deben tener una participación activa en estos mecanismos”, señalaron desde la Coordinadora.

Te pega, te desprecia, te amenaza
En la ciudad catamarqueña de Recreo, cinco policías fueron denunciados por torturar a tres jóvenes. Los golpearon, los asfixiaron y los amenazaron: “Si hablan, los vamos a hacer boleta”, les dijeron.
En Oberá, Misiones, un estudiante chileno de diseño denunció que la policía lo detuvo cuando salía de un boliche, y lo encerró en una celda de la comisaría 1ª. En todo momento fue brutalmente golpeado por los efectivos, quienes se encargaron de aclararle que los agredían por ser homosexual. En la celda en la que estuvo detenido fue también violado por un civil ante la vista atenta de los oficiales.
En esa misma comisaría, fue demorado un hombre con problemas de adicción. Pocas horas después de la detención apareció muerto, con evidentes señales de golpes en el tórax y rostro.
Uno de los policías involucrados dibujó una explicación: “Era una persona con antecedentes de violencia, por lo que el personal tuvo que defenderse y hubo golpes. Lógicamente que utilizaron la fuerza por la situación que se presentó”. Y para que no quedara ningún cabo suelto, le armaron una causa por atentado y resistencia a la autoridad.
Ante la denuncia de ambos casos, la comisaría fue intervenida. Al anunciar esta medida, el jefe de la Policía de Misiones, Benjamín Roa, declaró: “Muchas veces el uso de la fuerza se traduce en excesos motivados por la falta de capacitación o conciencia”.

Patas arriba
Las condiciones de detención son pésimas, el accionar de las fuerzas policiales es represivo. Pero además el Estado ampara la violación de convenciones como la Internacional de los Derechos del Niño. Tal es el caso de los menores que son condenados a prisiones perpetuas. Dicha convención establece en su artículo 37 inciso a): “No se impondrán la pena capital ni la prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años”. Argentina es el único país de Latinoamérica que tiene menores de edad condenados a la pena máxima.
La semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado argentino que resuelva el caso de los jóvenes que están presos bajo estas situaciones, y aclaró que si no lo resuelve, el caso irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La denuncia ante la Comisión fue realizada por la defensora general de la Nación, la Doctora Stella Maris Martínez, por los casos de Claudio Núñez, Lucas y César Mendoza. Los tres fueron condenados a penas de reclusión / prisión perpetua, por delitos que cometieron cuando aún eran menores de edad.
El 26 de abril pasado, Luz Patricia Mejía, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, participó en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal, Derechos Humanos y Garantías y Niñez, Adolescencia y Familia de la Cámara de Diputados de la Nación. Asistieron también representantes del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, quienes leyeron una carta escrita por Lucas Mendoza, condenado por el Tribunal Oral de Menores Nº 1 de la Capital Federal a la pena de Prisión Perpetua por hechos cometidos cuando tenía dieciséis años de edad y alojado actualmente en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.
Allí, Lucas cuenta: “Me resulta difícil explicar con palabras, lo que siento, lo que pienso, hay un dato que quiero destacar: me condenaron a una pena que era mayor a la edad que yo tenía, me mataron en vida, hoy con treinta años y un hijo de cuatro, con casi ceguera avanzada por desprendimiento de retina "ojo izquierdo producto de un golpe", ojo derecho, por cicatriz de toxoplasmosis.
La mayoría de los elementos que hace a una vida normal, uso de celulares, internet, etc., los conozco de forma indirecta, por comentarios. Mi vida se quedó en el tiempo, me siento una persona totalmente disocializada. Toda mi posibilidad de socialización está limitada a mi familia y a los internos con los que comparto el encierro.
No voy a eludir la responsabilidad de los hechos que me trajeron a la cárcel, solamente quiero destacar que era menor, que no tenía la suficiente madurez como para medir las consecuencias de mi comportamiento. Este es uno de los motivos para que los menores reciban un trato penal diferente”.

Foto: Martin Cossarin.
Fuentes: Correpi / Redacción Rosario / Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) / Coordinadora de Trabajo Carcelario