Organismos de Derechos Humanos exigen que se halle a quienes mantuvieron cautivo durante tres días al testigo de la causa que investiga la muerte de Monseñor Carlos Horacio Ponce de León durante la última dictadura.

Víctor Martínez denunció que el lunes 18 de abril fue secuestrado en la calle por tres individuos que lo empujaron y subieron a una combi. Aseguró que le pusieron un cuello de lana sobre los ojos y le hicieron tomar gran cantidad de medicina (“posiblemente Alplax y Valium”) para luego llevarlo a lo que él supone una “una casa de campo”, en la que estuvo encerrado en una habitación.
“Le voy a dar seis consejos en tres días, después de esto usted se muere”, así lo amenazó uno de sus captores. Le ordenó además que no fuera más en contra del juez Carlos Villafuerte Ruzo (contra quien Martínez tiene una causa pendiente). También lo amenazaron con represalias hacia su abogada, su familia, y lo conminaron a irse del país.
Desde el Instituto Espacio para la Memoria expresaron “su más profunda preocupación frente a hechos como éstos, máxime teniendo en cuenta los terribles antecedentes que enlutan al Estado de Derecho como el secuestro de Jorge Julio López -testigo en el juicio contra Miguel Etchecolatz-, quién continúa desaparecido desde el 18 de septiembre de 2006, y el de Silvia Suppo -testigo en la “Causa Brusa”-, asesinada sospechosamente el 29 de marzo de 2010; en lo que constituyen claros ejemplos del accionar de sectores que quieren volver a instaurar la impunidad y el olvido”.
En el mismo sentido, Amnistía Internacional Argentina emitió una declaración en la que manifiestan que “es crucial que se investiguen los hechos ocurridos, así como todas las amenazas contra víctimas, testigos y familiares de los procesos judiciales relacionados con violaciones a los derechos humanos; y dar a conocer públicamente las investigaciones y los resultados. El correcto proceso judicial sin presiones ni hostigamientos es indispensable para poder esclarecer los hechos ocurridos en el pasado y en el presente”.