A partir de la información de la aprobación de un nuevo crédito del BID, el investigador Darío Balvidares analiza los objetivos de estos préstamos y los objetivos a más de tres décadas de la injerencia de los organismos internacionales en la educación pública.
(Cecilia Rovito – Red Eco) Argentina – “Cuando se habla de la articulación latinoamericana, se habla a partir de un proyecto hegemónico que es el mismo de los 90, que es el mismo que se empieza a parir en los 70 con la dictadura militar. Es decir la política de los organismos internacionales”, subraya Darío Balvidare, profesor y autor de La Novela Educativa, en entrevista con Red Eco.
En este sentido, se enmarca el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) denominado para el ‘Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa’ en la Argentina, según informó oficialmente el directorio de la entidad crediticia el pasado 11 de marzo.
“Este préstamo tiene la contrapartida con dineros públicos argentinos de 300 millones de dólares”. La aprobación corresponde, continúa Balvidares a la primera parte para que se ejecute el programa”.
En esta primera parte del préstamo el BID aportaría 900 millones de dólares y nuestro país 100 millones.
“¿Ahora, cómo se ejecuta esto? ¿Quién decide las políticas?”, se pregunta Balvidares. De ese total, 46 millones son para compra de textos. Lo curioso es que el BID aporte 46 y nuestro país 10 millones. Es decir, los contenidos de los libros de textos los define el BID. Y el programa nacional de becas estudiantiles esta financiado absolutamente por los dineros del BID: 406 millones de dólares en becas, es decir en deuda externa, y cero pone nuestro país”. Y si continuamos analizando los rubros adonde está previsto el destino de los dineros “están articulados desde la visión del BID. Incluso para monitorear y evaluar la marcha del programa se destinan 18 millones de dólares de la deuda tomada por el BID y Argentina no pone nada. O sea, estamos pagando 18 millones para que nos monitoreen y nos evalúen”, afirma Balvidares.
Por lo tanto, señala el docente “está claro que los ministerios son agencias de los organismos créditos internacionales, al menos estos dos (BID y Banco Mundial)”.
Para Balvidares la sanción de la nueva ley de educación nacional se produce durante el gobierno kirchnerista porque la Ley Federal de la Educación “no era todo lo explícita que se suponía y podía traer algún problema legal”. Por ejemplo, en la nueva ley nacional de educación sancionada en 2006 “ya se explicita la participación de los organismos internacionales” (…) “y cuanto mas ahora que se está aportando, para el fondo de financiamiento educativo, desde el BID siete millones de dólares de inyección para la educación técnica y formación profesional”.
“Esta nueva ley dice que hay que educar para la productividad. Es decir, la Ley Federal de Educación hablaba de conocimientos socialmente significativos y el ministro (Juan Carlos) Tedesco amparado en el texto de la nueva ley dice conocimientos socialmente productivos. Estas cuestiones, estos detalles eran los que se necesitaban” en la nueva ley, ejemplifica Balvidares. El estado argentino posee reservas monetarias por más de cincuenta millones de dólares y, en este sentido, se pregunta qué necesidad hay entonces de recurrir al endeudamiento externo para el supuesto mejoramiento de la calidad y de la infraestructura escolar.
En este sentido, se enmarca el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) denominado para el ‘Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa’ en la Argentina, según informó oficialmente el directorio de la entidad crediticia el pasado 11 de marzo.
“Este préstamo tiene la contrapartida con dineros públicos argentinos de 300 millones de dólares”. La aprobación corresponde, continúa Balvidares a la primera parte para que se ejecute el programa”.
En esta primera parte del préstamo el BID aportaría 900 millones de dólares y nuestro país 100 millones.
“¿Ahora, cómo se ejecuta esto? ¿Quién decide las políticas?”, se pregunta Balvidares. De ese total, 46 millones son para compra de textos. Lo curioso es que el BID aporte 46 y nuestro país 10 millones. Es decir, los contenidos de los libros de textos los define el BID. Y el programa nacional de becas estudiantiles esta financiado absolutamente por los dineros del BID: 406 millones de dólares en becas, es decir en deuda externa, y cero pone nuestro país”. Y si continuamos analizando los rubros adonde está previsto el destino de los dineros “están articulados desde la visión del BID. Incluso para monitorear y evaluar la marcha del programa se destinan 18 millones de dólares de la deuda tomada por el BID y Argentina no pone nada. O sea, estamos pagando 18 millones para que nos monitoreen y nos evalúen”, afirma Balvidares.
Por lo tanto, señala el docente “está claro que los ministerios son agencias de los organismos créditos internacionales, al menos estos dos (BID y Banco Mundial)”.
Para Balvidares la sanción de la nueva ley de educación nacional se produce durante el gobierno kirchnerista porque la Ley Federal de la Educación “no era todo lo explícita que se suponía y podía traer algún problema legal”. Por ejemplo, en la nueva ley nacional de educación sancionada en 2006 “ya se explicita la participación de los organismos internacionales” (…) “y cuanto mas ahora que se está aportando, para el fondo de financiamiento educativo, desde el BID siete millones de dólares de inyección para la educación técnica y formación profesional”.
“Esta nueva ley dice que hay que educar para la productividad. Es decir, la Ley Federal de Educación hablaba de conocimientos socialmente significativos y el ministro (Juan Carlos) Tedesco amparado en el texto de la nueva ley dice conocimientos socialmente productivos. Estas cuestiones, estos detalles eran los que se necesitaban” en la nueva ley, ejemplifica Balvidares. El estado argentino posee reservas monetarias por más de cincuenta millones de dólares y, en este sentido, se pregunta qué necesidad hay entonces de recurrir al endeudamiento externo para el supuesto mejoramiento de la calidad y de la infraestructura escolar.
