ÚLTIMO MOMENTO: pasada la medianoche, H.I.J.O.S Capital informó que Martinez acabada de aparacer. Solo con esa información por el momento, desde el colectivo Red Eco expresamos nuestra gran alegría por ello. Pero además nuestra preocupación porque siga siendo posible que secuestren a compañerxs que luchan para que haya justicia.

Nada se sabe de él desde el lunes 18 de abril cuando a las dos de la tarde del lunes salió de su casa, en la Ciudad de Buenos Aires, para ir a una escribanía ubicada en el microcentro, a la que nunca llegó. Sus familiares, que ya presentaron un hábeas corpus, denunciaron que Martínez había recibido años atrás amenazas de muerte. Cabe recordar que Martínez es un testigo clave en la causa que investiga la muerte de Monseñor Ponce de León obispo de San Nicolás, ocurrida en julio de 1977. En su declaración, acusó directamente a quien era el jefe del Batallón de San Nicolás en 1976, coronel Manuel Fernando Saint Aman.
Distintos organismos de Derechos Humanos manifestaron su profunda preocupación ante esta situación y exigen a los gobiernos de la ciudad y nacional que se implementen todas las medidas necesarias para la aparición con vida ya de Víctor Martínez.
Esta tarde, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional ratificó el rechazo al habeas corpus presentado por la familia del testigo. De esta manera, el tribunal confirmó el fallo de la jueza María Rita Acosta, que había desestimado la acción interpuesta a favor de Víctor Martínez y ordenó remitir la causa a la Cámara de Apelaciones para que sortee un juzgado que deberá investigar la desaparición.
Al momento de su desaparición, Víctor vestía camisa blanca, pantalón y zapatos negros y un pulóver oscuro. Sus familiares comentaron que suele usar bastón por problemas en su columna.
Por las amenazas de muerte que venía recibiendo se abrió una investigación en el juzgado federal de Norberto Oyarbide, pero el expediente fue cerrado el año pasado por falta de pruebas.
El 11 de julio de 1977, Víctor Martínez tenía 19 años y era el único acompañante del obispo asesinado en un supuesto accidente, método similar al utilizado con el obispo Angelelli de La Rioja. Víctor Martínez estaba haciendo el servicio militar en la Prefectura Naval y después del planeado accidente donde mataron al obispo, fue secuestrado en esa dependencia de seguridad.
El principal investigado es el ex teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, quien a pesar de estar procesado en numerosas causas de desaparición de personas, hoy permanece en libertad.
Desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre emitieron un comunicaron en el que denunciaron que hace un año ya habían dado cuenta del agotamiento de la estrategia “oficial”: “´Cuidar´ los testigos en vez de terminar con todas las formas de la impunidad….y ahora falta el compañero Víctor Martínez” y aclaran: “No es lo mismo ´cuidar´ los testigos, que sostener una estrategia eficaz de lucha contra la impunidad”.. Agregan que la evidencia de este agotamiento de una estrategia equivocada es de una responsabilidad estatal innegable.
En su comunicado, la Liga explica: “El solo hecho que se haya instalado como posible la hipótesis de que el asesinato de Silvia Suppo pueda haber sido obra de un grupo de tareas o un crimen por encargo a un sicario revela el agotamiento de una estrategia equivocada: la de pensar la seguridad de los testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad desde la lógica de la lucha contra los narcotraficantes: custodia personalizada, entrega de celulares del tipo “antipánico”, para no hablar de los ridículos consejos del Director del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados de cambiarse la cara mediante una operación de cirugía plástica.
Juzgar el Genocidio no es tarea fácil y los problemas surgidos en el proceso de intentarlo sin una estrategia estatal unificada e integral, revelan al menos dos cuestiones: una es la poca voluntad política de enfrentar a los organizadores, impulsores, financiadores y beneficiarios del Terrorismo de Estado, el mismísimo Bloque de Poder Histórico –con su componente extranjero incluido, el imperialismo norteamericano primero pero también el europeo- que han sostenido la impunidad estos treinta y cuatro años y que son los primeros en enojarse y resistir todo avance contra su legitimidad social por un lado y por el otro es la incomprensión del fenómeno social a investigar para castigar a los responsables.
La falta de correspondencia entre el objeto a investigar: un Genocidio, planificado estatalmente como parte de una operación continental de contrainsurgencia de vasto alcance, y el instrumento jurídico con que se pretende abarcarlo es más que evidente en el penoso hecho de la fragmentación de las causas, la dispersión de las responsabilidades y el tratamiento, en muchos casos, de los crímenes de lesa humanidad cometidos como simples faltas al código penal.
De este modo más allá de las voluntades e intenciones en juego, la estrategia jurídica objetivamente propicia la impunidad”.