El trasfondo publicitario de la convocatoria al “Consejo de Seguridad Nacional” queda al descubierto al analizar lo poco (o mucho) que se ha hecho con las normativas vigentes.

AUDIOS: Opiniones de Ismael Jalil – abogado de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional

Qué es el protocolo. Normas Nacionales
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Normativas internacionales con rango constitucional en Argentina 
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Normas en la provincia de Buenos Aires

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Resistencias provinciales. El caso Neuquén
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Muertos a pesar de las normas
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(Red Eco) Argentina – Los ministros de Seguridad del país, los jefes de las policías provinciales y los titulares de las fuerzas federales, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria, convocados por la ministra de Seguridad Nilda Garré, participaron el jueves 29 de marzo del “Consejo de Seguridad Nacional”.
Uno de los objetivos de dicha reunión fue la firma de un acta-acuerdo en la que se establecieron las bases de actuación de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones públicas. Es decir, la coordinación de métodos y aunamiento de criterios para reprimir y legitimar la protesta social.
Entre otros ítems, el acta establece que la intervención de las fuerzas policiales será progresiva, comenzando por el diálogo con los organizadores de la protesta; que siempre los poderes ejecutivos deberán designar a un funcionario político responsable de coordinar todas las acciones; se establecerá claramente la prohibición de portar armas de fuego a todo el personal policial que pudiera tener contacto directo con los manifestantes, quedando prohibido el uso de pistolas lanzagases; las postas de goma sólo podrán usarse para fines defensivos; todo el personal policial debe estar identificado y esa identificación debe verse claramente sobre el uniforme; se prohíbe la utilización de vehículos no identificados; todos los detenidos deberán ser transportados en patrulleros o vehículos específicos.
Ismael Jalil de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) manifestó a Red Eco que estas medidas suenan más a un reposicionamiento de la cuestión mediática ya que la cuestión de esencia es que con la idea de que se controla el suministro de las balas o las postas de goma se evita lo que vino pasando aun con disposiciones que ya están vigentes.
Jalil se refiere a disposiciones como las tomadas en julio de 2004, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner ordenó que la Policía Federal actuara sin armas en las manifestaciones. O a la resolución establecida en 2006 en la provincia de Buenos Aires que impide el uso de postas de plomo en manifestaciones y hace responsable al jefe del operativo por lo que ocurra. A su vez, la ley 24.059 de Seguridad Interior adoptó, en 1991, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (Resolución 34/169) establecido por la Asamblea General de la ONU en 1979. A partir de 2003, el entonces presidente interino de la Nación, Eduardo Duhalde, mediante el decreto 637/2003, estableció que la enseñanza de dicho Código y su implementación serían de carácter obligatorio para todas las Fuerzas de Seguridad nacionales.
En su introducción, el Código de Conducta menciona que: “además de exhortar a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que defiendan los derechos humanos, entre otras cosas prohíbe la tortura, declara que debe usarse la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y pide la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia”. En su artículo 2° expresa: “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas”.
Con estas normativas vigentes, sólo cabe agregar un dato más para confirmar el carácter publicitario de este “Consejo de Seguridad Nacional” promovido por la ministra Garré, desde 2003 hasta el día de la fecha más 1.600 jóvenes han muerto producto de la tortura, el gatillo y la muerte bajo tutela; y una decena murieron en protestas populares bajo el accionar policial.