Como todos los años, la llegada del 24 de marzo es una invitación a reflexionar sobre dónde estamos parados, el alcance de los derechos humanos hoy, avances, retrocesos y estancamientos.

(Cecilia Litvin – Red Eco) Argentina – Esta tarde, el tribunal oral federal de Tucumán condenó a Luciano Benjamín Menéndez a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Se lo consideró responsable de "homicidios doblemente agravados y violación de domicilio", de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Eduardo González Paz y Atilio Bransen. También fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua el comisario retirado Roberto Albornoz. Pero los jueces difirieron la forma en que deberán cumplir la pena, por lo que ambos seguirán con arresto domiciliario. Vale recordar que por “razones de salud” Menéndez cumple condenas anteriores en un country de Yerba Buena.
Un ejemplo más del avance en los juicios por delitos de lesa humanidad, pero una muestra también de la forma en que se llevan adelante. Se juzga a unos pocos represores, por lo general que han estado a cargo de altos mandos, por unos pocos casos. Esto implica que el tiempo continúe su curso y que muchos genocidas mueran de viejos y en libertad. Además, la ramificación de los juicios hace que muchos sobrevivientes y familiares deban declarar varias veces, lo que desde organismos de DDHH han manifestado como una re-victimización.
Es por esto que uno de los principales reclamos, a 35 años, es la unificación de las causas y la celeridad en la elevación a juicio oral.
Según un registro elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, desde 2006 (fecha del primer juicio por delito de lesa humanidad tras la anulación de las leyes de impunidad) a marzo de 2011, 1.707 personas, entre civiles y personal de las fuerzas armadas y de seguridad, están o estuvieron involucradas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado. Sólo 182 imputados obtuvieron sentencia, 329 se encuentran procesados sin prisión preventiva y 435 con preventiva. De las 363 causas actualmente en movimiento, el 72,5% está en etapa de instrucción.
En el documento elaborado para este 24 de marzo, desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre manifiestan que “los juicios no solo traen una brizna de justicia, no solo constituyen un modo de reparación moral y ético para las víctimas directas, sus familiares y el conjunto de las fuerzas que lucharon por más de treinta años contra la impunidad, sino que golpean la legitimidad cultural de un bloque político / social / empresarial / internacional que estuvo en el Poder antes del Golpe, que lo impulsó, legitimó  y se benefició de él”. Y agregan: “Una vez más afirmamos que valoramos los Juicios habidos, más allá de sus límites –que denunciamos y combatimos cotidianamente- porque son los juicios que todos juntos conquistamos, porque nadie nos regaló ni nos regalará nada y porque si llegamos hasta aquí, hasta el punto en que los supuestos vencedores (o al menos algunos de sus jefes principales) han sido condenados penalmente o están en el banquillo de los acusados, nos hemos ganado el derecho a nuevas batallas por la verdad, la memoria y la justicia; puntualmente desde la Liga nos concentraremos en juzgar a los empresarios como Alfredo Martínez de Hoz, Magnetto y quienes componían los directorios de la Ford, de Ledesma, de la Fiat, de la Mercedes Benz, del City Bank y todos los que entonces impulsaron la liquidación de los derechos laborales y sociales, la privatización de casi todo y gestaron una Deuda Externa, tan ilegítima y sangrienta como la dictadura que la contrajo”.
Este año, Mendoza suma un motivo para festejar: La destitución de jueces cómplices de crímenes de lesa humanidad. En tanto, La Rioja suma un motivo para repudiar: La decisión del juez federal Daniel Herrera Piedrabuena de dictar, durante la feria judicial de enero pasado, falta de mérito y sobreseimiento a represores de la dictadura.
Las deudas aún son muchas. La lucha continúa hasta que el último genocida sea juzgado y condenado, hasta que se sepa el paradero de cada uno de los desaparecidos, hasta que el último joven apropiado recupere su identidad, hasta saber qué pasó con Jorge Julio López, Luciano Arruga y todos los desaparecidos en democracia.
Cuidando siempre de evitar que desde ciertos estamentos estatales se intente desvirtuar, confundir la lucha. Tal es el caso del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Durante la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura de este año, Daniel Scioli se refirió a la creación de un “Museo de la Memoria” en el predio donde funcionó el Centro Clandestino de Detención Destacamento de Arana.
Desde la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos expresaron su más enérgico rechazo a esta intención. Afirmaron que en varias oportunidades le manifestaron al mandatario la necesidad de desalojar el destacamento policial que aún funciona en el CCD, con el objetivo de conservar las excavaciones efectuadas por el Equipo de Antropología Forense y avanzar en la realización de las que quedan pendientes (Arana es el primero CCD en el que se hallaron restos humanos). De hecho, existe una orden judicial (dictada por el Juzgado Penal Federal Nº 3 a cargo del  Dr. Arnaldo Corazza) que solicita se haga efectivo este desalojo.
“La presencia y ocupación del lugar por la misma fuerza que lo convirtió en un centro de tortura y exterminio, de la misma policía que debe ser investigada por su responsabilidad en la desaparición de Jorge Julio López, quien fuera uno de los desaparecidos que fueran llevados y torturados a Arana, de la misma fuerza responsable de la desaparición de Luciano Arruga, de los asesinatos de Andrés Núñez, Miguel Bru,  Darian Barzabal por nombrar algunos de los cientos de asesinados por torturas, gatillo fácil, enfrentamientos fraguados, supuestos suicidios en comisarías, etc., lejos de significar un acto reparatorio es a todas luces un hecho de violencia a la memoria de los compañeros detenidos desaparecidos en el Destacamento de Arana, a todos sus familiares, compañeros de militancia y  amigos. En síntesis significa una gravísima afrenta a la verdadera justicia y por lo tanto a la memoria colectiva de toda la ciudadanía”, señalan desde la AEDD a través de un comunicado.
¿De qué hablamos cuando hablamos de Derechos Humanos?
“Mientras el 2011 se presenta como un año electoral, nuestro pueblo no sólo sigue padeciendo la mayoría de las secuelas generadas por las políticas del neoliberalismo, sino que incluso éstas continúan reproduciéndose día a día como partes estructurales del régimen actual.
¿Se puede hablar de derechos humanos cuando buena parte de la población es jaqueada por el hambre y la miseria; cuando un gran sector de los trabajadores y trabajadoras están impedidos de tener un salario digno; cuando la precarización laboral en el país del “fifty-fifty” llega a un 40%? (…) ¿Qué sensaciones nos despierta el pensar en los derechos humanos, cuando en los años del bicentenario las comunidades originarias no sólo son imposibilitadas de tener derecho a su propia tierra, sino que también son excluidas, perseguidas y brutalmente reprimidas, como el Pueblo Qom en Formosa bien pusieron a la luz resistiendo primero en su provincia y ahora en la Av. 9 de julio? (…) ¿Se cumplen los derechos humanos de los pibes y pibas de los barrios humildes, asediados cotidianamente por el aparato represivo policial del Estado; con todos los y las jóvenes asesinados en las cárceles y comisarías a lo largo y a lo ancho del país? En 27 años de democracia, más de 3000 son los muertos por gatillo fácil”, se preguntan desde la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina (COMPA).
Desigualdad, hambre, pobreza, saqueo, contaminación, criminalización de la protesta, corrupción, son innumerables las consecuencias del neoliberalismo, incontables las violaciones a sus derechos humanos que sufre cotidianamente el pueblo.
“El asesinato de Mariano Ferreyra por una patota sindical protegida por la Policía Federal, los ataques salvajes de la Policía de Formosa contra la comunidad qom y la muerte de los López, la represión de la Policía Metropolitana y la Federal contra los ocupantes del Indoamericano, la persistencia de la tortura en las cárceles como denuncian los videos sobre la cárcel de Mendoza, la continuidad de la desaparición forzada de Julio López y Luciano Arruga y otras agresiones contra luchadores contra la impunidad y testigos en las causas contra el genocidio, el gatillo fácil y la complicidad con la trata de seres humanos, el tráfico de drogas y los grandes delitos por parte de casi todas las policías del país, la vuelta de la Gendarmería a las rutas y la continuidad de la presencia militar argentina en la ocupación de Haití, las propuestas de bajar la edad para imputar penalmente a los niños, son solo una parte de los hechos que confirman la vigencia de una cultura represora en las fuerzas de seguridad, en los medios de comunicación, y en no pocos legisladores, funcionarios y aún gobernantes municipales, provinciales y aún nacionales”, denuncias desde la Liga.
Por eso, este 24 de marzo vuelve a ser una fecha de memoria y sobre todo de lucha.

Fuentes: LADH / COMPA / Asamblea Popular por el Agua / AEDD / CELS