El 15 de febrero de 1996, personal de la Comisaría 34º de la P.F.A. detuvo a seis jóvenes, que fueron llevados a la Seccional.
Cinco de ellos fueron imputados por el edicto de escándalo. El sexto, José Luis Ojeda fue alojado en un calabozo individual. Allí lo golpearon, lo cortaron reiteradamente con un cúter hasta que se desvaneció. Luego lo subieron a un patrullero y lo dejaron en un descampado.
El suboficial Víctor Pablo Barrionuevo y el oficial principal Carlos Fabián Chavez serán juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 22, con sede en la avenida Comodoro Py 2002, piso 6º, los días 8 y 9 de septiembre a partir de las 10.00 horas
El 15 de febrero de 1996, aproximadamente a las 17 hs., en un descampado que servía como canchita de fútbol en el barrio Illia, personal de la Comisaría 34º de la P.F.A. detuvo a seis jóvenes, que fueron llevados a la Seccional. Cinco de ellos fueron imputados por el edicto de escándalo, mientras que el sexto, José Luis Ojeda, tras una breve discusión con el jefe de servicio, fue alojado en un calabozo individual, debido a que registraron su detención como averiguación de identidad.
Mientras Ojeda se encontraba aislado en ese calabozo, ingresó personal policial que primero lo pateó y luego lo sostuvo de los brazos mientras se los cortaba reiteradamente con un cúter hasta que su víctima se desvaneció. Al despertar estaba sucio de excremento porque lo habían dejado con la cabeza en la letrina y luego, tras amenazas del jefe de servicio, fue subido a un patrullero y lo abandonaron en un descampado.
El 14 de noviembre de 2007, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7, con el voto en disidencia del Dr. Morín, absolvió a los tres policías acusados del hecho. Tras la sentencia de casación que revocó la absolución de dos de ellos, el suboficial Víctor Pablo Barrionuevo y el oficial principal Carlos Fabián Chavez serán juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 22, con sede en la avenida Comodoro Py 2002, piso 6º, los días 8 y 9 de septiembre a partir de las 10.00 horas. La querella califica el delito como torturas, mientras que la fiscalía imputa sólo vejaciones.
Patrocinan a la querella la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADeP). Los abogados defensores pertenecen a la P.F.A.
