En plena crisis hídrica, y en medio de olas de calor, la Provincia de Córdoba continúa avanzando contra el agua de los pueblos. Denuncian que un paquete de leyes atenta contra el ya deteriorado ambiente de Córdoba entregando el manejo de las cuencas hídricas al agronegocio.

El Foro Ambiental Traslasierra, Asamblea Vecinos del Chavascate y Asociación de Amigos del Río San Antonio (ADARSA) junto a otros ambientalistas, presentaron al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba una nueva Acción Declarativa de Inconstitucionalidad (ADI) de las leyes provinciales 10.936 y 10.941 buscando que se declaren inconstitucionales y por tanto se extraigan del sistema normativo de la Provincia de Córdoba.

Estas leyes, aprobadas en noviembre de 2023, conciben el uso del agua con un mero criterio de productividad. Fueron sancionadas sin participación ciudadana y sin consulta a pueblos originarios (según leyes vigentes) y modificaron sustancialmente el orden público ambiental vigente en la Provincia y el País, resultando regresivas.

Las organizaciones reflejaron que se encuentra en trámite por ante el mismo Tribunal la Acción Declarativa de Inconstitucionalidad de la ley 10.830 que modificó los Anexos I y II de la Ley 10.208.

Para ampliar la información: https://drive.google.com/file/d/13QlAWA3Vpv_nlLEcX5P-f0Fkqg2CZe3e/view?usp=drive_link