La Asamblea Nacional (Parlamento) de Panamá aprobó este miércoles en el segundo de tres debates necesarios un proyecto de ley que deroga el polémico contrato con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), en medio de una oleada de protestas antiminería en el país.

(La Vanguardia/Elizabeth González – BBC) Panamá – El pleno del Parlamento panameño, de 71 escaños y de mayoría oficialista, votó artículo por artículo, tras horas de debate, en una sesión extraordinaria a solicitud del presidente Laurentino Cortizo.

“Si vemos que el pueblo no está de acuerdo, derogamos ese contrato”, declaró el diputado Alain Cedeño, del opositor partido Cambio Democrático, durante su intervención.

Los diputados decidirán ahora el jueves, en tercer y último debate, si aprobar o no “el proyecto ley 1110, que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de minería metálica en todo el territorio nacional, y además, deroga la Ley 406 del contrato entre el Estado y Minera Panamá”, filial de FQM, según la información oficial.

Durante el debate, algunos diputados instaron a que la mejor opción jurídica sobre este polémico contrato minero es esperar a que la Corte Suprema de Justicia decida si es inconstitucional, a fin de evitar una millonaria demanda internacional.

La máxima instancia judicial de Panamá ha admitido ya al menos seis demandas de inconstitucionalidad contra ese contrato. El Supremo panameño ya declaró en 2017 como inconstitucional el contrato anterior de 1997, después de que un grupo ambientalista lo demandara.

Otros parlamentarios alegaron este miércoles sin embargo que se debe “escuchar” al pueblo, que desde hace más de diez días pide la derogación de ese pacto minero en unas masivas protestas que han sumido al país en una grave crisis, con bloqueos en las principales carreteras y desabastecimiento de alimentos y gasolina en algunos puntos.

El debate estuvo acompañado en las calles por una nueva jornada de protestas, que culminaron algunas con nuevos enfrentamientos entre manifestantes y la Policía.

Las acusaciones de corrupción

Las recriminaciones entre diputados por presuntos pagos de la empresa minera se han hecho eco hoy en el pleno del hemiciclo por parte de algunos parlamentarios.

“Aquí hay mucha gente pescando en río revuelto y no soy yo”, dijo en su intervención la diputada oficialista Zulay Rodríguez, crítica con su propia formación.

El parlamentario independiente Adan Bejerano señaló que “los líderes (indígenas) están siendo comprados por la minería y es algo que deberá denunciarse”.

Por su parte, el diputado del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), Leandro Ávila, denunció que “hay diputados que tienen intereses económicos, por debajo de la mesa son minería a morir, pero en el discurso (público) están en contra”.

Este tipo de acusaciones se han repetido en días anteriores en el Parlamento y ha sido una de las consignas de las protestas, una posibilidad que podría además favorecer sus demandas.

El contrato ley entre el Estado y Minera Panamá establece en la cláusula anticorrupción que la minera “no recibirá ningún tipo de pago por concepto de indemnización por daños y perjuicios” si se demuestran actos de corrupción tales como sobornos o comisiones ilegales.

Corte Suprema dice que es su “prioridad número uno” resolver demandas sobre contrato minero

La Corte Suprema de Justicia de Panamá aseguró este martes que en este momento es su “prioridad número uno” resolver las demandas de inconstitucionalidad admitidas sobre la ley 406, en la que se basa la renovación de un contrato para la minería de cobre entre el Estado panameño y la compañía Minera Panamá, que pertenece a la compañía canadiense First Quantum Minerals, y que es motivo de protestas desde el pasado 23 de octubre.

El órgano judicial informó que hasta este martes tiene admitidas ocho demandas de inconstitucionalidad que fueron presentadas individualmente.

A través de un video compartido a los medios de comunicación, el secretario general de la Corte Suprema de Panamá, Manuel José Calvo, explicó que, si bien estas demandas son su prioridad, no existe un proceso abreviado y hacerlo representaría una grave violación a la ley.

“Debe tomarse en cuenta que el respeto de estos trámites y términos es de suma importancia, y que no es posible establecer un mecanismo abreviado de resolución. Transgredir o evadir estos trámites supone una infracción a la normativa constitucional que exige la resolución de causa, conforme a los trámites legales”, explicó el funcionario judicial.