Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito se declaran en alerta ante la media sanción que obtuvo el proyecto de Ley presentado en la provincia de Salta por la diputada Cristina Fiore, que impulsa la creación de Consejerías Integrales en los establecimientos de salud que brinden “atención a la embarazada” y a “la persona por nacer”. La iniciativa señala que deben incorporarse en estas consejerías “representantes de Organizaciones no Gubernamentales y Asociaciones Civiles”. En este marco, la asamblea LesboTransFeminista y otras organizaciones de Salta convocan a un “abrazo simbólico” y pañuelazo para este jueves 6 de julio, a las 13, en la Legislatura local.
“Nuevamente nos encontramos con una estrategia, que desde el discurso se centra en la implementación de la Ley 27.611 pero que en los hechos permite la entrada a los hospitales públicos a organizaciones religiosas y confesionales que ponen en riesgo el derecho al acceso a la información fehaciente con contenido científico y laico, el derecho a la libre decisión, al trato digno, a la atención de calidad y a la confidencialidad. Tenemos vasta experiencia en ver cómo actúan estas organizaciones infiltrándose de manera ilegal en los hospitales ejerciendo todo tipo de violencias para vulnerar y obstaculizar derechos de mujeres, niñas y adolescentes. Por eso, no permitiremos de ninguna manera que sean estas mismas organizaciones quienes gestionen supuestas consejerías integrales en los establecimientos de salud de la provincia de Salta. Como Campaña reafirmamos y exigimos la efectiva separación de las iglesias y el Estado, demandamos se desestime este proyecto de Ley que atenta contra las leyes vigentes y contra la efectiva implementación de la Ley 27610 que regula la interrupción voluntaria y legal del embarazo”, expresan desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.
En este sentido, exigen presupuesto para el fortalecimiento de los equipos de salud en los hospitales de Salta, tanto para su formación como para la conformación de cargos exclusivos para garantizar la IVE y la ILE. Reclaman que sean profesionales de la salud con formación y capacitación con perspectiva de género quienes brinden atención e información a consultas en relación a los derechos sexuales y reproductivos.
“Logramos la sanción de la Ley de IVE, obtenida por la organización, lucha y persistencia del movimiento feminista, y no permitiremos que nuestros derechos sean controlados ni manipulados por los intereses de las Iglesias en alianza con los sectores políticos conservadores y reaccionarios de cada territorio”, agregan desde la Campaña.
