Las fuerzas de “seguridad” de Río Negro y Buenos Aires volvieron a ser protagonistas de casos de violencia policial. Se sigue persiguiendo a jóvenes por el “delito” de ser pobres.
(Cecilia Litvin – Red Eco) Río Negro y Buenos Aires – Más allá de las repercusiones mediáticas que tuvieron, los asesinatos de Diego Bonefoi, Matías Carrasco y Sergio Cárdenas lamentablemente no son los primeros que ocurren en Bariloche. Tampoco la conducta de Sergio Colombil (policía procesado por la muerte de Diego) fue un exceso aislado, como se quiere hacer ver.
La Defensora del Pueblo de Río Negro, Ana Piccinini, presentó en febrero pasado un informe en la Legislatura local. Allí señalaba que la policía provincial tenía muchas respuestas pendientes sobre las muertes en sus calabozos de varios jóvenes, ocurridas generalmente los días feriados. Entre los casos que enumeró se encuentran: Dos jóvenes que en febrero de 2007 mueren quemados, a minutos de su encierro, en la comisaría de Mainqué. Un joven que aparece muerto en el Establecimiento de Ejecución Penal Nº 1 de Viedma, en junio de ese año. Un preso que muere asesinado a golpes por policías y penitenciarios en el Establecimiento de Ejecución Penal Nº 2 de Gral. Roca, en octubre de 2008. Diez días después en la Comisaría Tercera de esa localidad, fallece una persona de 17 años, en un aparente caso de suicidio (situaciones similares se repiten en varias oportunidades).
Piccinini afirmaba que la gran mayoría son detenidos circunstanciales, generalmente por contravenciones, ninguno está procesado. Esto es, represión preventiva. Casos similares se registraron en las últimas semanas en la provincia de Buenos Aires.
En Moreno, tres jóvenes murieron en manos de la policía y la gendarmería. Los fines de semana en los barrios Satélite y Victoria llegan colectivos con efectivos en busca de caras “sospechosas”. No solo las detienen, si es necesario disparan y matan. Según explican desde la Correpi, “la legitimidad que se ha logrado desde el gobierno y todos los grandes medios de comunicación sobre el ´reclamo de más seguridad´, catalogan de delincuentes a quienes viven en las zonas más humildes. De la mano de este discurso, perfectamente instalado, la policía y, desde hace tiempo, también la gendarmería, tienen vía libre para hacer y deshacer en el barrio como se les de la gana”.
Lo mismo ocurre en otras localidades bonaerenses. Por citar solo un caso. En Olavaria, la policía había detenido a un menor, al que acusaban de robar una bicicleta. En plena calle, tenían al chico tirado en el piso y lo golpeaban continuamente. Un maestro que pasaba por allí se acercó para protestar por la actuación policial. El hombre afirmó que era de la CTA y que pertenecía a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. “Te vamos a meter los derechos humanos en el culo”, le respondieron, y comenzaron a golpearlo a él también, para luego llevarlo preso.
En el artículo 3 del Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (de aplicación obligatoria en la provincia de Buenos Aires, a partir de la aprobación del art 11 inc. O, de la Ley del Personal Policial – N° 13.982) se establece que estos funcionarios podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. Además, “el uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños. En general, no deberán emplearse excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas. En todo caso en que se dispare un arma de fuego, deberá informarse inmediatamente a las autoridades competentes”. No hace falta aclarar que esta normativa no se cumple.
La represión es inherente al sistema capitalista y una herramienta coercitiva del Estado burgués. Así la describe la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo a través de un comunicado, en el que explica que se “recurre necesariamente a estrategias represivas como el gatillo fácil y las detenciones arbitrarias con el objetivo de ejercer el control y el disciplinamiento social y para garantizar la aplicación de sus políticas de hambre y exclusión. Esta convicción nos lleva a reafirmar que se trata de un accionar sistémico ejercido por el Estado”.
La Cadep finaliza afirmando que la policía rionegrina (y aquí cabe también incluir tanto a la bonaerense, como a las demás fuerzas provinciales, y desde ya a la Federal) “tiene como una de sus finalidades centrales (no declarada, por cierto) la represión preventiva hacia los sectores más empobrecidos y marginados, como forma de mantener la situación de desigualdad imperante”.
Fuentes: Correpi / Prensa del Pueblo / Cadep