Menores y adultos son maltratados y torturados en cárceles, institutos y dependencias; en tanto, la justicia absuelve a efectivos y funcionarios de gobierno generan nuevas fuerzas de seguridad represivas.

(Cecilia Litvin – Red Eco) Argentina – En el marco de la exposición del Estado argentino ante el Comité de los Derechos del Niño de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre la situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria presentó un informe alternativo centrado en la realidad de la Provincia de Buenos Aires.
Basado en datos de 2009, allí se critica el uso generalizado y excesivo de la prisión preventiva, incluso más allá de los plazos legales. El 70 % de los jóvenes alojados en Institutos de Menores tiene prisión preventiva, y más de la mitad están en esa condición desde hace más de seis meses, plazo máximo legalmente establecido. En tanto, el 11% suma más de un año en esta condición.
En este sentido, el informe asegura: “Las ´medidas de seguridad´ aplicables a adolescentes menores de 16 años se traducen en la privación de libertad por tiempo indeterminado y sin sometimiento a juicio para las personas consideradas inimputables”.
También denuncian el proceso de “carcelización” que se desarrolla en los institutos cerrados, centros de recepción o alcaidías bonaerenses, en donde se violan sistemáticamente los derechos fundamentales de los menores. Esto es, condiciones inhumanas de detención, tortura, requisas vejatorias diarias cada vez que dejan la celda, falta de acceso a la salud y la educación, aislamientos prolongados (de entre 24 y 36 horas) y sanciones colectivas. Además, faltan actividades educativas, recreativas y formativas.
En el informe afirman que el Estado no elabora estadísticas oficiales y públicas sobre la situación del sistema penal juvenil en la provincia de Buenos Aires. En el trabajo presentado ante el Comité, el Estado mostró cifras a nivel nacional, sin especificar los datos por provincia. Es por esto, que la Comisión por la Memoria debió elaborar una investigación junto al Instituto Gino Germani. 
El 100% de los jóvenes entrevistados fueron alojados en comisarías de policía, lugares prohibidos para alojar menores por reglamentación y distintos fallos judiciales. El 83% de ellos al momento de ser detenidos fue golpeado por la fuerza policial, mayoritariamente después de ser inmovilizados y esposados, estando en el piso o en el patrullero. Al 95% no se les leyó sus derechos al ser detenidos y el 93% no pudo efectuar una llamada telefónica a sus padres o tutores.
Sobre un total de 79 jóvenes encuestados, el 32% denunció haber sido agredido en algún instituto por el personal a cargo de su cuidado. El 86 % fue sancionado con aislamiento continuo. En muchos casos las sanciones son acumulativas y los jóvenes pueden permanecer más de un mes en su celda.
El año pasado, el gobierno bonaerense intentó dos modificaciones legislativas regresivas, destinadas a los adolescentes. Presentó un proyecto de ley, que cuenta con media sanción del Senado, que prevé a través de la modificación del artículo 41 de la ley 13.634, la duplicación (de 12 a 24 horas) de los plazos máximos para la aprehensión de menores antes de la orden de detención. También dobla de 5 a 10 días el plazo previsto para la realización de la audiencia inicial. Por otro lado, presentó un proyecto de Código de Contravenciones que faculta a la policía a detener a los jóvenes a partir de los 14 años (en lugar de los 16 que establece la ley nacional) cuando incumplieran normas contravencionales.
La Comisión denuncia particularmente el caso de Luciano Arruga. El joven de 16 años permanece en condición de desaparecido, tras ser detenido por personal del destacamento de Lomas del Mirador en enero de 2009. Testigos afirmaron que, estando allí detenido, fue golpeado salvajemente por la policía. Hoy, ocho efectivos están involucrados en el hecho. 
El caso de Luciano visibilizó una constante policial: utilizar adolescentes, que viven en asentamientos o situación de vulnerabilidad social, para delinquir. Según denuncia Vanesa, hermana de Luciano, él se negó a robar para la policía por lo que fue detenido, torturado y desaparecido.
En este sentido, y teniendo en cuenta estos antecedentes, preocupa a vecinos y organizaciones sociales y de derechos humanos de La Matanza la iniciativa de su intendente, Fernando Espinoza, de poner en funcionamiento una policía comunal.
Sobre esta nueva e inminente fuerza de seguridad prácticamente no existen datos concretos. Se sabe sí que estaría conformada por varios efectivos exonerados o retirados de las policías federal y bonaerense, por lo que se teme que lo que traerán es más mano dura y represión a la zona.
Pero la impunidad y violencia con la que actúan los policías no es propia de la provincia de Buenos Aires, Neuquén es otro ejemplo. La semana pasada, la Cámara Criminal Segunda local, en fallo dividido, absolvió a 21 de los 27 efectivos imputados por torturas a presos durante tres días de abril de 2004, en la Unidad Penal 11 provincial. De los seis condenados solo dos tendrían cumplimiento en prisión. Eso sí, a ninguno se les adjudicó el delito de torturas, sino “severidades y vejaciones agravadas”.
Desde la agrupación de Derechos Humanos Zainuco, ya habían recusado a Luís María Fernández como integrante del Tribunal por ser colaborador de la última dictadura: “El recurso fue denegado y hoy sufrimos la consecuencia de tener jueces cómplices de los torturadores que denunciamos”, afirmaron en un comunicado. En cambio, Zainuco destacó la labor del presidente del tribunal, Dr. Mario Rodríguez Gómez, que acompañó con su voto el alegato y pedido de la querella.
La agrupación finaliza su comunicado señalando: “La Unidad de Detención Nº 11, como todas las cárceles del país, es un campo de concentración donde se tortura a los detenidos y los familiares sufren vejaciones a manos de la requisa”.
Fuentes: Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria / Zainuco / Diario Onco