Entre los avances, el escrito menciona la consolidación del proceso de verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad y la extensión de las asignaciones familiares por hijo. Pero llama la atención por los hechos de violencia cometidos por fuerzas de seguridad, tanto en la calle como en cárceles y comisarías del país.
(Red Eco) Argentina – El Centro de Estudios Legales y Sociales presentó su decimoquinto Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en Argentina. Entre los temas que analiza se encuentran los avances y obstáculos en el desarrollo de los Juicios por crímenes de lesa humanidad.
“Así como hubo funcionarios judiciales que impusieron de diferentes maneras trabas al proceso, tribunales que demoraron decisiones y dificultades logísticas que en muchos casos no fueron superadas, también se arribó en la Ciudad de Buenos Aires al inicio del juicio oral contra algunos de los responsables de los crímenes cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) y en los centros de detención Atlético, Banco y Olimpo (ABO) y el Vesubio. Estos juicios resultan significativos tanto por el número elevado de casos que incluyen como por la cantidad de imputados y la repercusión pública de algunos de ellos, identificados en el ámbito nacional e internacional como símbolos de la represión ilegal argentina. En 2009 también se iniciaron debates en tres nuevas provincias: Formosa, Salta y Santa Fe”, se detalla en el informe.
Además, el Cels explica que del total de causas que se encuentran en trámite, 71% siguen demoradas en la etapa de instrucción y no alcanzaron aún la instancia de debate oral. En tanto, de las 67 causas que se encontraban elevadas a tribunales orales a fin de año, sólo 11 llegaron a debate durante 2009. Los tribunales demoran en fijar fecha para iniciar los juicios un año y medio en promedio. Para diciembre del año pasado apenas 6% de los imputados habilitados para llegar a juicio había obtenido sentencia.
En el informe también se hace fuerte hincapié en los casos de personas desaparecidas en democracia que aún no han sido resueltos “y cuya impunidad constituye una severa afrenta a la vigencia plena del Estado de derecho”. Se mencionan los casos de Jorge Julio López, Iván Torres y Luciano Arruga.
El escrito también remarca la evidente dificultad, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma, para diseñar y gestionar “políticas públicas de seguridad respetuosas de derechos humanos y eficaces para responder a las necesidades y demandas legítimas de la sociedad”. “En el caso de la policía de la provincia de Buenos Aires, hace años que es objeto de reformas y contrarreformas contradictorias; en el de la Policía Federal, no ha sido objeto de ninguna reforma desde la restauración democrática y la falta de control civil sobre la fuerza se mantiene inalterada; por último, la Policía Metropolitana fue creada de cero, pero puesta bajo una conducción que la llevó a repetir los vicios de las viejas estructuras policiales”, detallan.
En este contexto, vale remarcar que entre julio de 2008 y junio de 2009 aumentó en 12%, respecto al año anterior, la cantidad de víctimas por el uso de la fuerza policial y demás fuerzas de seguridad. De hecho, muchos de los casos más graves ocurridos durante 2009 fueron ocasionados por agentes de la Policía Federal y tuvieron a menores de edad como víctimas.
“Este diagnóstico exige avanzar hacia un compromiso de los tres poderes del Estado
– con participación de la sociedad civil y de expertos – para lograr una reforma del sistema de seguridad federal, la cual debería involucrar a todas las fuerzas y a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). La agenda legislativa en materia de seguridad democrática debería incorporar la implementación de un mecanismo de control externo sobre las fuerzas de seguridad federales, así como reformas sobre el sistema de inteligencia y sobre la Ley Orgánica de la Policía Federal”, manifiestan.
La violación sistemática de derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en Argentina, particularmente en la provincias de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe, “resulta una consecuencia directa de las políticas de seguridad y judiciales y representa uno de los problemas de derechos humanos más serios que enfrenta el país”.
En cuanto a la asignación por hijo y su impacto sobre los hogares pobres, desde el Cels señalan la resistencia del gobierno a plantear la universalidad total de las transferencias de ingresos, “lo que ha generado ciertas exclusiones injustificadas en el universo de receptores. Por otro lado, para los segmentos que han sido incluidos en la medida, también existen algunas restricciones. En primer lugar, el decreto fija un límite de cinco hijos para su otorgamiento. Aunque no lo justifica, esta limitación estaría relacionada con la necesidad de no generar un efecto distorsionador en el mercado de trabajo. Otro aspecto restrictivo se vincula con las llamadas condicionalidades que constituyen exigencias respecto de la salud o la educación de los hijos menores, impuestas a los titulares para percibir de modo integral la transferencia. Más que imponer castigos, el Estado debería focalizar la atención en el déficit de la oferta estatal en estos campos, que resultan la principal dificultad para cumplir con los objetivos de una política social integral”.
En relación a las protestas, movilizaciones y medidas de fuerza de trabajadorxs de distintos sectores, el Informe considera insuficiente la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación y critica la inequidad injustificable que hace entre diferentes asociaciones sindicales, al igual que el permanente recurso a la vía penal. El Cels considera que estas reacciones terminan por agravar los conflictos, con el peligro de afectar derechos fundamentales como la integridad física y la libertad.
“A lo largo del 2009 ocurrieron otros hechos de represión cuyo trasfondo se vincula con procesos económicos y sociales complejos que se generaron a raíz de las modificaciones producidas en la estructura productiva de nuestro país en estos últimos años. Así sucedió en diversas provincias del país con el desalojo de indígenas a causa de la extensión de la frontera agropecuaria y la proliferación de la minería a cielo abierto. El gobierno nacional ha hecho una bandera de la actitud de no reprimir el conflicto social. Y eso es positivo. Sin embargo, como resulta evidente (…) esta política no se ha extendido a nivel provincial”, asegura el informe.
Más información: www.cels.org.ar