Entre el 28 de abril y el 31 de julio de 2021, en el marco de las protestas por el Paro Nacional, el país vivió jornadas de violencia extrema en las calles, que resultaron en asesinatos, desapariciones, detenciones ilegales, torturas, humillaciones y todo tipo de violaciones a los derechos humanos.
(El Espectador) Colombia – Una protesta en contra de la reforma tributaria propuesta por el gobierno Duque, terminó en 63 muertos, 60 casos de violencia sexual y 27 personas que aún están desaparecidas. Las cifras son del informe que hoy publica la Oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia.
Se trata de un documento que saluda la apuesta del Gobierno por no perseguir ni criminalizar la protesta, pero en la que queda en evidencia, ante la comunidad nacional e internacional, una violación masiva de derechos humanos perpetrada por miembros de la fuerza pública. Fueron, según el documento, privaciones arbitrarias de la vida y violaciones a la integridad y seguridad personal, derivadas del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza; detenciones arbitrarias; violencia sexual y de género; y actos de discriminación y racismo. Todos estos episodios incompatibles con el derecho a la reunión pacífica y a otros derechos humanos.
De entrada, el informe de la Oficina del Alto Comisionado señala que entre esos tres meses de protestas y violencia desmedida, se registraron 46 asesinatos relacionados con las manifestaciones. De ellos, en al menos 28, existen “motivos razonables para afirmar” que los presuntos perpetradores habrían sido miembros de la fuerza pública y 10 de ellos podrían estar vinculados miembros del Esmad. “De los 17 casos restantes verificados, en 10 casos los presuntos perpetradores habrían sido actores no estatales, mientras que en ocho casos la Oficina no obtuvo información suficiente para identificar al presunto perpetrador”, dice el informe sobre el Paro Nacional.
Para el Alto Comisionado, contrario a los estándares internacionales y la normativa nacional, varias de las manifestaciones pacíficas que tuvieron lugar a partir del 28 de abril fueron disueltas con un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza, vulnerando el derecho de reunión pacífica. Además, dice el documento, “hay razones fundadas para sostener que las autoridades no habrían actuado con la debida diligencia para proteger a los manifestantes frente a la actuación violenta de actores no estatales”. A manera de explicación de estas irregularidades cometidas por la fuerza pública, el informe muestra un análisis sobre el uso de armas letales por parte de la Policía contra manifestantes pacíficos o transeúntes.
Llegaron a esa conclusión, luego del análisis a más de 2.000 piezas de material audiovisual, 623 entrevistas a víctimas y testigos, 505 reuniones con funcionarios gubernamentales nacionales y locales y 373 reuniones con organizaciones de sociedad civil y personas que se encontraban protestando. Este trabajo les permitió confirmar, por ejemplo, que el 3 de mayo de este año, policías patrullaron por las calles de Siloé (Cali), uno de los barrios más afectados por esas jornadas de violencia, armados de fusiles y habrían apuntado a manifestantes. Además del uso de armas letales, la Oficina también documentó polémicos episodios con artefactos menos letales.
Según el informe, se documentaron varios casos en los que la Policía, el Esmad o el Ejército usaron lanzadores de agua, gases lacrimógenos, incluyendo la denominada arma “venom” bombas aturdidoras y escopetas antidisturbios. La Oficina asegura que existen razones fundadas para considerar que el uso inadecuado e indiscriminado de estas armas habrían causado la muerte y “graves lesiones físicas de personas, tales como traumatismo craneoencefálico grave, pérdida de globos oculares y deformaciones faciales permanentes”. Su utilización, agrega el informe, se hizo sin tener en cuenta los estándares internacionales y procedimientos internos del Ministerio de Defensa.
La mayoría de las personas fallecidas en el contexto de las protestas, dice el informe, fueron jóvenes entre 17 y 26 años, que vivían en barrios pobres y periféricos, “hijos/as de padres campesinos, indígenas y afrodescendientes, desplazados por la violencia, jóvenes dedicados al comercio informal, artistas, deportistas, estudiantes o desescolarizados/as”.
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