Una jueza civil obliga a YPF a informar sobre las actividades que desarrolla a metros de las viviendas de las y los vecinos del barrio Calle Ciega 10. Desde 2014, viven una historia de explosiones, derrames y enfermedades que se resisten con cortes de rutas. La resolución judicial intima, además, al Municipio y al gobierno provincial. Por Martín Álvarez Mullally-Observatorio Petrolero Sur.

La titular del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº5, Laura Fontana, resolvió convocar a un ámbito para la resolución del conflicto enmarcado en el amparo colectivo presentado por la población en 2019. La magistrada instruye a que YPF notifique a las vecinas qué trabajos va a realizar y explique la metodología con la que avisarán en futuras intervenciones. Esta semana la petrolera volvió a ingresar grandes equipos a una locación ubicada a 300 metros del barrio donde ha perforado cinco pozos de fracking. Las vecinas respondieron cortando el acceso en protesta.

Por otra parte, Fontana dispuso un plazo de veinte días para que el Municipio y la Provincia informen sobre la evaluación de la situación habitacional, el riesgo existente en la población y las acciones tendientes a “otorgar una solución habitacional”. Puntualiza que “adopten las medidas conducentes para evitar que los asentamientos continúen avanzando en la Calle Ciega 10, proponiendo un programa asistencia para el acceso a una vivienda”. Además, la jueza deriva a la Dirección de Medios Alternativos de Solución de Conflictos del Superior Tribunal de Justicia la creación de un ámbito de diálogo, discusión, y análisis de las posibles soluciones entre las familias y la empresa.

La localidad de Allen es parte del programa de “Ciudades Emergentes y Sostenibles” impulsado por la Fundación YPF, el Banco Interamericano de Desarrollo, y los ejecutivos provincial y municipal. El plan busca contener las ciudades con gran crecimiento por la explotación petrolera como Las Heras, Añelo, Malargüe. Incluso cuentan con estudios avanzados sobre el problema habitacional en la localidad, por lo que contemplar la situación habitacional como propone la magistrada podría ser contemplado dentro del mismo programa.